Roberto Rodríguez Gómez

En julio de este año el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), encabezado desde 2015 por el economista Horacio Rodríguez Larreta, del partido Propuesta Republicana (PRO), políticamente afín al gobierno nacional de Mauricio Macri, anunció la implantación de una reforma educativa para la enseñanza media —equivalente en Argentina a nuestro ciclo de bachillerato— que, bajo el lema de “Secundaria del Futuro”, se propone, entre otros aspectos, modificar un enfoque curricular centrado, hasta el momento, en la “formación colectiva del ciudadano crítico” hacia la promoción de competencias de carácter bivalente, es decir de utilidad formativa para la enseñanza superior, pero también para el emprendimiento productivo y la inserción laboral.

Como parte del proyecto se plantea que el nivel medio se divida en dos ciclos, uno “básico” para los primeros dos años, y otro “orientado”, de uno o dos años en que al menos la mitad del tiempo escolar se destine, obligatoriamente, al trabajo en empresas u organizaciones. Esta forma de “inserción” laboral tendría como estímulo para las empresas el trabajo gratuito de jóvenes estudiantes, so pretexto de la adquisición de competencias para el trabajo y un tiempo certificado de experiencia laboral que eventualmente sería provechoso para el currículum vitae de los jóvenes.

Aunque la reforma iniciaría en 2018, el anuncio provocó, casi de inmediato, reacciones negativas por parte del gremio docente, grupos de estudiantes, y organizaciones laborales. El conflicto arreció en septiembre y octubre de este año en que ocurrió la toma, por parte de estudiantes, de una treintena de planteles del nivel en la CABA, así como un amplio debate en medios de comunicación sobre la iniciativa y entre las fracciones presentes en la escena política argentina.

Las organizaciones docentes se quejan de que la reforma va a reducir el tiempo de trabajo del magisterio de la educación media, seguramente las percepciones salariales por concepto de práctica docente efectiva, y la posibilidad de que algunas asignaturas simplemente desaparezcan o queden reducidas al mínimo indispensable. Los trabajadores de la CABA se han inconformado por las posibles repercusiones de la medida tanto en la ocupación de puestos laborales, como también en los salarios. Una de ellas, la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA), en voz de Pablo Micheli, su dirigente principal, cuestionó con severidad la iniciativa de reforma al recordar que las normas para pasantías de egresados de la educación superior no han tenido repercusiones positivas, sino al contrario, en las condiciones laborales de los trabajadores de la Ciudad y del país. Micheli agregó que la reforma solo beneficia al empresariado local y que no sino una herramienta para la flexibilización laboral por la que pugna el “gobierno de los empresarios”, encabezado por el presidente Macri.

Pero la oposición más significativa y con mayor peso simbólico fue la movilización estudiantil que derivó en la toma de planteles. En su punto de efervescencia se tradujo en la realización de amplias marchas y manifestaciones, con evidente respaldo popular, y al cabo en la ocupación de 28 planteles. Con el anuncio gubernamental de que reconsideraría el proyecto antes de su implantación el próximo año los estudiantes devolvieron los planteles y la autoridad educativa anunció la reposición de clases.

Un dato importante fue el pronunciamiento formal de la jueza Elena Liberatori que, ante la demanda formal contra la ocupación de planteles, falló en favor del derecho de expresión e inconformidad del movimiento estudiantil, liberándolos de responsabilidad. Para la autoridad educativa local, que encabeza la ministra Soledad Acuña, ese fallo puede tener repercusiones negativas porque legitima, según señala, toda forma de protesta estudiantil.

Ya se verá en el primer trimestre de 2018 en qué para la propuesta de reforma educativa en la CABA, aunque es improbable que se autorice tal cual está planteada. También queda pendiente la repercusión del conflicto porteño en la iniciativa de cambio curricular de la educación media formulada en el proyecto nacional “Secundaria 2030”, que forma parte de la reforma educativa del gobierno de Macri.