Roberto Rodríguez Gómez

Con bajo perfil en medios del país trascendió la conclusión de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por su sigla en inglés), pero sin duda es una noticia relevante. El pasado 23 de enero, en Tokio, se aprobó el texto final y está prevista su firma protocolaria, en Chile, los primeros días de marzo.

El TPP estuvo al borde del naufragio por la decisión del presidente Trump de excluir a Estados Unidos de las negociaciones. Con la salida de este país el horizonte del pacto se presentaba más bien incierto. Pero los once restantes (México, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam) decidieron seguir adelante, perfeccionar el instrumento y arribar a buen puerto. El texto aprobado en Tokio lleva ahora el nombre de Acuerdo Comprensivo y Progresivo de Asociación Transpacífica (CPTPP) e incluye, en forma de anexos, las reservas que cada país determinó incorporar al tratado general para especificar algunas reglas locales de intercambio y comercio.

En el ámbito internacional ocurrieron reacciones interesantes. En primer lugar, se ratificó el interés de un grupo de naciones asiáticas por sumarse en un futuro próximo: Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Indonesia y Filipinas. Se habla, en tal sentido, de transitar de un TTP-11 a un acuerdo que incluya a 16 países por lo menos. También interesante la postura del gobierno inglés en el sentido de explorar condiciones para sumarse a la alianza. Según declaraciones de las autoridades de comercio, previas a la reunión de Tokio, la opción de participar en el TPP amerita ser considerada porque una proporción relevante del comercio internacional ocurre en el grupo de países firmantes, y porque tras el Brexit conviene encontrar alternativas de libre comercio (véase “Britain exploring membership of the TPP to boost trade after Brexit”, The Guardian, 3 enero 2018).

El 26 de enero, en el marco de la reunión de Davos (Foro Económico Mundial), el presidente Trump, entrevistado por la cadena CNBC, declaró que reconsideraría participar en el TPP “si fuéramos capaces de hacer un trato sustancialmente mejor”. Pero no tardó en llegar una réplica japonesa a este ambiguo pronunciamiento. También en Davos, el portavoz gubernamental, Yasutoshi Nishimura, dejó en claro que abrir una nueva ronda de negociación antes de la firma del TPP-11 era sencillamente imposible.

¿Cómo se relaciona el TPP con la educación superior? Principalmente en dos aspectos: la movilidad internacional de profesionales y el comercio transnacional de servicios educativos. Respecto lo primero, el capítulo 10 del TPP, referente al comercio transfronterizo de servicios, incluye un Anexo 10-A sobre servicios profesionales, en que se abren algunas vías de negociación positivas. El tratado abre la posibilidad de convenios bilaterales o multilaterales, que no necesariamente comprenden ni comprometen al conjunto de países firmantes. Según el texto del tratado: “Cada Parte consultará con los organismos pertinentes en su territorio para buscar identificar servicios profesionales cuando dos o más Partes estén mutuamente interesadas en establecer diálogo en cuestiones relacionadas con el reconocimiento de calificaciones, otorgamiento de licencias o registro de profesionales” (Anexo 10-A, numeral 1). Al efecto, el anexo establece la creación de un Grupo de Trabajo sobre Servicios Profesionales que se encargará de apoyar el trabajo de los comités disciplinarios enfocados al diseño de protocolos para el reconocimiento mutuo de títulos y competencias. Dicho grupo se obliga a reunirse al menos una vez al año y reportar avances al término de un periodo bianual a partir de la suscripción definitiva del instrumento.

En el mismo anexo se plantean regulaciones sobre tres grupos profesionales específicos: ingenieros, arquitectos y abogados. El tratado declara que “las Partes reconocen el trabajo en APEC para promover el reconocimiento mutuo de las competencias profesionales en ingeniería y arquitectura, y la movilidad profesional de estas profesiones, conforme al marco de Ingenieros de APEC y el marco de Arquitectos de APEC” (Anexo 10-A numeral 5). Para México la cláusula es importante porque los arquitectos ya han conseguido, a través de la Federación de Colegios de Arquitectos, el reconocimiento respectivo, y cualquier arquitecto interesado en formar parte del registro respectivo puede solicitarlo al organismo gremial. El caso de los ingenieros es similar, aunque aún falta culminar el proceso de reconocimiento para ser aceptados en el programa “APEC Engineer”.

En la sección de “Servicios Jurídicos” del anexo, el TPP recomienda que se abran negociaciones que faciliten el ejercicio profesional en materia de servicios jurídicos, en particular los relacionados con intercambio comercial. Se enlistan las modalidades de suministro de servicios jurídicos que deben ser aceptadas en el acuerdo: formato temporal de entrada y salida (fly-in/fly-out), mediante tecnología de comunicaciones, mediante presencia comercial, y alguna combinación de las modalidades previas. Por otra parte, se prevé la opción de firmas jurídicas internacionales que, en el marco de la alianza, puedan prestar servicios jurídicos con reconocimiento mutuo de las partes involucradas.

Con respecto al suministro transnacional de servicios educativos, varios países no presentan restricciones específicas: Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Perú y Chile. México y Brunéi indican la regla de 49 por ciento de investigación extranjera asociada a un proveedor nacional. Aunque en el caso de México la restricción puede ser superada mediante dictamen de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Japón abre posibilidades de inversión foránea siempre y cuando los proveedores sean de tipo no lucrativo. Malasia impide la presencia de proveedores extranjeros en preescolar, primaria y secundaria y educación religiosa. Singapur impide la presencia foránea en el campo de la formación médica, y Vietnam en las áreas de seguridad nacional, defensa, ciencias políticas, religión y cultura vietnamita, reservadas en exclusiva a las instituciones educativas nacionales.