Roberto Rodríguez Gómez

Como parte de la preparación del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y del programa sectorial educativo del sexenio, el pasado 4 de mayo se realizaron tres foros avocados a la educación superior. En cada uno participaron aproximadamente treinta especialistas de diferentes instituciones, principal aunque no exclusivamente del DF. También se dieron cita funcionarios, autoridades, representantes de asociaciones y organizaciones profesionales. La mayor parte eran investigadores de la educación superior.

En el primero de estos foros, Calidad con Equidad, se trataron temas de cobertura y ampliación de la oferta educativa, y sistemas de aseguramiento de calidad. El segundo, Gobernabilidad y Gestión Democrática, trató sobre coordinación, integración y gestión; evaluación, acreditación y certificación; financiamiento, y transparencia y rendición de cuentas. En el tercero, Educación para el Desarrollo, se abordaron los propósitos de pertinencia, vinculación y relaciones de la educación superior con el medio laboral.

Estos foros, anunciados como la primera fase de consulta a la que seguirán eventos similares en los estados, se verificaron de manera simultánea. En la inauguración, el subsecretario Rodolfo Tuirán afirmó que entre los desafíos a enfrentar "destaca la necesidad de ampliar y diversificar la oferta educativa frente a una matrícula concentrada en un reducido número de entidades federativas, en unas cuantas instituciones y en pocas carreras". Indicó además, que "es preciso fortalecer los programas de becas, asegurar su calidad, el desarrollo de organismos de evaluación y acreditación, aprovechamiento de la capacidad instalada, revisión de los programas académicos e impulso de la educación a distancia." (Boletín SEP, 4 de mayo de 2007).

Por haber sido invitado al foro de Gobernabilidad, tuve ocasión de escuchar los planteamientos de varios colegas sobre la temática. Un primer aspecto en que la mayoría coincidió es que, en aspectos fundamentales como el monto y modo de financiamiento, los mecanismos de coordinación y regulación, así como los enfoques de política pública centrados en la inducción de formas de planeación, evaluación, organización y gestión académica, a través de la competencia por recursos extraordinarios centralizados, muestra claros síntomas de agotamiento y conviene reconsiderar su validez y eficacia, antes que proponer su consolidación mediante la continuidad de los programas. Como uno de los ponentes sintetizó, es momento de articular una "nueva generación de políticas de educación superior" que refresque el panorama.

Otro punto de coincidencia se refiere a los límites del centralismo de las políticas. En las últimas décadas, se precisó, a pesar de los avances como la apertura de nuevas IES públicas en los estados y las experiencias de administración descentralizada, en materia de definición de prioridades, formas de gestión, apertura de nuevas carreras, e impulso a metodologías de enseñanza y gestión académica, las decisiones fundamentales se mantienen dentro del esquema centralizado, lo que puede apreciarse como un retroceso.

Al menos cuatro de las ponencias coincidieron en la necesidad de fortalecer los sistemas de educación superior de los estados. Las propuestas sugieren distintas vías pero convergen en advertir sobre la ventaja potencial de agrupar en el nivel estatal a las IES públicas, en sus distintas modalidades, y a las privadas de mayor calidad, a través de órganos de deliberación y acuerdo que sean sensibles a las realidades del entorno local. Como complemento de esta línea de desarrollo, se requeriría una instancia nacional de coordinación en que estén debidamente representados los subconjuntos instituciones del sistema, los principales grupos de interés y las autoridades gubernamentales.

Quienes trataron el tema del financiamiento hicieron notar la insuficiencia crónica de los recursos, la desgastante politización de la negociación anual, y la amenazante acumulación de los "pasivos contingentes", que es un rasgo común en las IES públicas, en varios casos muy grave. También se hizo alusión a la inconveniencia del salario académico dividido entre remuneración regular y estímulos al desempeño, así como a la gran heterogeneidad que se observa entre las diferentes instituciones y entre los subsistemas. Entre las propuestas generales y coincidentes destaca la de plantear una política de Estado en la materia, que asegure subsidio público suficiente, opciones de financiamiento multianual por contrato, y la renovación de las formas vigentes de aprobación y entrega de recursos.

Las ponencias sobre evaluación y acreditación hicieron notar, por un lado, la inconveniencia de utilizar métodos de evaluación sólo para canalizar recursos, en lugar de aprovechar su potencial pedagógico. Se indicó al respecto que la evaluación debe ser, en todo caso, un elemento formativo, más que un método de control, premio y castigo. Por otro lado, se hicieron notar vicios tales como la multiplicación desordenada y reiterativa de procesos de evaluación institucional y de programas. Los riesgos de burocratización e ineficacia de las evaluaciones, en tal contexto, son evidentes.

Por último, las contribuciones acerca de la transparencia y rendición de cuentas en el sistema de educación superior anotaron, por una parte, problemas de déficit normativo, y por otro el sesgo de la temática sobre aspectos eminentemente financieros, y el escaso desarrollo de instrumentos para una rendición de cuentas con orientación académica.

Interesante, aunque con cinco minutos para cada presentación no fue mucho lo que pudo desarrollarse. Quedó el compromiso de publicar en breve la memoria del foro.