Roberto Rodríguez Gómez

La semana pasada comentamos las recomendaciones incluidas en el documento “Visión y acción 2030. Propuesta de la Anuies para renovar la educación superior de México”, sobre las áreas de gobernanza, cobertura y calidad. En esta colaboración, última de la serie sobre el planteamiento de la Anuies en materia de las políticas de educación superior para el nuevo sexenio, nos concentraremos en las recomendaciones correspondientes a las áreas de responsabilidad social y financiamiento.

El enfoque que ha buscado desarrollar la Anuies con respecto a la responsabilidad social universitaria es de interés porque se propone la transversalidad de la propuesta. Es decir, entender la responsabilidad social como un atributo que se debe propiciar y perseguir en cada una de las funciones académicas de las instituciones universitarias, y no como un conjunto de actividades que se añaden a las tareas de investigación y docencia que se realizan en estas instituciones. Este enfoque busca trascender las perspectivas tradicionales de extensión universitaria, difusión cultural y vinculación, en que el componente extracurricular resulta limitativo de la potencialidad y alcance de los propósitos de la responsabilidad social.

Se propone, en otras palabras, que el cultivo de vínculos sociales penetre las estructuras de las actividades de docencia e investigación y que sea un objetivo explícito y cotidiano en esas tareas. Desde esa visión, el documento propone líneas de acción de distinto nivel, la primera de las cuales es la capacitación de directivos en materia de gestión de responsabilidad social. En segundo lugar, se propone la revisión de planes y programas de estudio, en los niveles de licenciatura y posgrado, para asegurar la adopción del enfoque y, en particular, “incrementar la proporción de las experiencias de aprendizaje basadas en proyectos que atiendan problemas reales con alto impacto social e incidan en la formación integral de los estudiantes.”

Se desarrolla asimismo una recomendación que busca acercar las funciones de docencia e investigación a propósitos de desarrollo regional y al desarrollo de proyectos de alto impacto social. Para que estos objetivos trasciendan el plano de las intenciones, en el documento se especifican algunas vías que permitirían concretarlos: formalizar relaciones y alianzas con los gobiernos locales y los agentes productivos a fin de identificar las áreas de oportunidad de mayor relevancia y así como la agenda prioritaria en cada caso. En el mismo sentido, brindar atención a los diagnósticos elaborados por la ONU y el Conacyt que se refieren a los objetivos de desarrollo sostenible y a las agendas estatales de innovación, respectivamente.

No sobra señalar que la propuesta de incrementar y visibilizar la responsabilidad social universitaria compete tanto a las instituciones públicas del sistema como, también, a las IES particulares que participan en el mismo, y que esta propuesta puede coincidir exitosamente con el enfoque que busca propiciar la administración pública del sistema que muy pronto iniciará funciones.

Con respecto al tema del financiamiento, la Anuies reitera planteamientos que han sido formulados desde hace bastante tiempo y que se resumen en la fórmula de garantizar “certeza jurídica y presupuestal para el desarrollo de la educación superior”. Al tratarse de una propuesta madurada en el tiempo, las metas a lograr durante el próximo sexenio son muy claras y específicas. Consisten en lograr que el presupuesto público de educación superior (en su acepción más amplia: gastos federal y estatal en educación superior y en ciencia y tecnología) observe una tendencia creciente para alcanzar el 1.3 por ciento del PIB en 2024 y el 1.5 por ciento del PIB en 2030. (Línea base 2017: 0.99 por ciento), desglosado como sigue: a) Subfunciones de educación superior y posgrado: 1 por ciento del PIB en 2024 y 1.15 por ciento en 2030. (Línea base 2017: 0.76 por ciento), b) Función de ciencia, tecnología e innovación: 0.3 por ciento del PIB en 2024 y 0.36 por ciento en 2030. (Línea base 2017: 0.23 por ciento). Estas metas están alineadas a la meta establecida en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2014-2018 de alcanzar el 1 por ciento del PIB en el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental, el cual comprende tanto la inversión pública como la privada.

Además del incremento presupuestal que se requiere para incidir favorablemente sobre las metas de cobertura y calidad propuestas en el documento, se plantean varios cambios importantes para mejorar los mecanismos de asignación. Entre ellos destaca el de “concertar la ministración directa de recursos federales de carácter ordinarios, específicos y extraordinarios a las universidades e instituciones de educación superior públicas”. Esta ha sido una demanda de largo tiempo de las instituciones estatales en que el acceso a los recursos federales ha estado mediado por tiempos y decisiones de las autoridades de las entidades federativas. Además, se propone “establecer mecanismos a fin de que los presupuestos aprobados a las IPES no puedan ser inferiores a los asignados en el ejercicio fiscal anterior ni disminuirse en el transcurso del ejercicio ante reducciones del gasto público motivadas por contingencias económicas y políticas de que se trate, procurando un incremento anual para el cumplimiento de sus funciones.” Por supuesto, Anuies reitera en el rubro financiero la necesidad de transitar hacia mecanismos de asignación de carácter plurianual.

El día de ayer se reunió Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo, con la Asamblea General de la Anuies, máximo órgano de representación del organismo. El propósito de la junta era darle a conocer una síntesis del documento reseñado en estas páginas, así como escuchar sus planteamientos y propósitos en materia de educación superior. La próxima columna comentará los principales resultados de esa sesión.