Roberto Rodríguez Gómez

Lejos de concluir o atemperarse, la movilización estudiantil generada en protesta de la violenta agresión sufrida por estudiantes del CCH Azcapotzalco y de otros planteles el pasado 3 de septiembre, en plena explanada de la rectoría universitaria, parece crecer y perfilar un conjunto amplio de demandas y propuestas del sector estudiantil para modificar el statu quo universitario.

La manifestación multitudinaria del 5 de septiembre, convocada apenas unas horas después de la agresión, logró reunir más de treinta mil participantes, haciendo de ella la más nutrida que se recuerde en la historia de la universidad nacional. La manifestación fue seguida de paros temporales en prácticamente todas las escuelas y facultades de la UNAM. El periodo fue aprovechado para realizar asambleas por escuelas y para asignar representantes de ellas ante la Asamblea Interuniversitaria (AI), que se celebró el 7 de septiembre en instalaciones del campus de Ciudad Universitaria.

En la interuniversitaria participaron representaciones de prácticamente todos los planteles de la UNAM, así como estudiantes del Politécnico Nacional, la UAM, la Autónoma del Estado de México, la Pedagógica Nacional, el INBA y la ENAH, entre otras instituciones. Por supuesto, también representantes de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. En este foro se resolvió, por una parte, alentar el debate, en asambleas locales, de una serie de “ejes de discusión”. Son siete: demandas respecto a los hechos del pasado 3 de septiembre; democratización de las universidades; comunidades universitarias; violencia de género y contra la mujer; seguridad y grupos porriles; educación pública y gratuita; transparencia y rendición de cuentas. Cada eje incluye un amplio conjunto de temas para ser debatidos en los recintos locales, en las próximas semanas, en asambleas por escuela.

Por otra parte, la minuta de la AI incluye una serie de acuerdos para la organización y coordinación del movimiento. Entre ellos destaca el resolutivo según el cual “la interuniversitaria respalda todos los pliegos petitorios de cada escuela o universidad”, así como la decisión de, una vez debatida la temática propuesta en las escuelas, “elaborar un pronunciamiento central como asamblea interuniversitaria”. Por último, la AI convino en programar una segunda asamblea el próximo viernes 14 en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

El extenso temario de los “ejes de discusión” incluye casi un centenar de puntos que sugieren demandas y propuestas específicas. Muchas de ellas están enfocadas a la supresión de las condiciones de violencia que se viven cotidianamente en varios planteles universitarios, pero un conjunto no menor se refiere a las formas de gobierno de la institución, así como a los procesos de elección de autoridades. Estas han sido agrupadas bajo el concepto de “democratización universitaria”. También se sugiere la reforma a la Ley Orgánica de la UNAM, así como la posibilidad de “un congreso estudiantil o universitario”.

El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, expresó satisfacción por las condiciones en que se ha conducido la movilización estudiantil. El 8 de septiembre, en un comunicado publicado en la página web del directivo, se expresó: “la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México celebra la participación y el orden con que se llevó a cabo la Asamblea efectuada el 7 de septiembre, en el Auditorio Alfonso Caso. Es una muestra más de la libertad de expresión de los universitarios y del interés que tienen por su Universidad.” Posteriormente, en el acto inaugural del congreso “El futuro de las ciencias: especulaciones y certezas”, abundó: “quiero darle certeza a la comunidad de que no me detendré ante ningún problema jurídico y que seguiremos demandando justicia”.

El rector universitario, con respaldo de un amplio grupo de académicos, ha coincidido en la urgencia de resolver el problema de los porros. Ha demandado de las autoridades judiciales apoyo y compromiso para la aprehensión de los responsables identificados, y ha sostenido interlocución con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para evaluar el alcance del conflicto y buscar posibles soluciones.

La reacción de las autoridades de la UNAM ha sido oportuna y con un enfoque eminentemente práctico: se trata de resolver la crisis antes de que alcance un nivel difícil de manejar y de resolver. Pero quizás la voluntad política no sea suficiente para remontar el escenario. Probablemente haga falta, también, proceder a un diagnóstico objetivo y preciso sobre las condiciones internas que han tolerado, eventualmente protegido, la coexistencia de organizaciones de porros en el ambiente universitario, sobre todo en los planteles del bachillerato universitario y en algunas de las facultades externas a la Ciudad Universitaria. No basta fijar la mirada en el horizonte por venir, hace falta también volver la vista al pasado reciente, porque ahí están las relaciones, condiciones y prácticas en que se ha fincado la problemática que ha irrumpido contra la aparente pax universitaria.

¿Un congreso en que se ventilen los temas de fondo? Es una solución posible. ¿Renovar los sistemas de seguridad y protección a la comunidad universitaria, incluso con remoción de responsables? Es urgente.