Roberto Rodríguez Gómez

Se mantiene en suspenso la decisión acerca de suprimir, reformar o dar condiciones de continuidad a las tareas que realiza el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE). Tal parece que la oscilación de posturas al respecto refleja la coexistencia de puntos de vista diferentes entre el equipo de transición en materia educativa, encabezado por Esteban Moctezuma Barragán, y el bloque legislativo de Morena, el cual, desde las dos cámaras, ha manifestado la intención de eliminar la reforma educativa en sus distintos componentes y procesos.

En el Senado de la República se ha exhortado, en un par de ocasiones, a la suspensión de las evaluaciones de docentes en lo que resta de la actual administración. Más aun, el presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama, presentó al pleno el pasado 12 de septiembre una iniciativa que propone la reforma del artículo tercero constitucional para eliminar la existencia y operación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, reservando al INEE solo la función de evaluar el desempeño del sistema de educación obligatoria. La iniciativa, como corresponde, fue turna a las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y Estudios Legislativos.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, hasta hace poco defensor de la reforma, comunicó en conferencia de prensa que “primero irán por la derogación de la reforma constitucional, por lo que buscarán consensos de los grupos parlamentarios de oposición y posteriormente se centrarán en la Ley General del Servicio Profesional Docente.” (Excélsior, 13 de septiembre 2018).

Ambos pronunciamientos parecen apresurados por varias razones. La primera y principal porque ponen en cuestión el mecanismo de consulta implementado por el equipo de transición cuyo foco es, precisamente, la definición de lo que debe continuar y lo que hay que modificar en el campo educativo. Si ya se tiene la respuesta ¿para qué la pregunta?. Anticipar de este modo la ruta de política educativa puede servir para ganar tiempo y adhesiones, pero tiene el costo de descalificar el sentido general de las consultas como instrumento para tomar decisiones. Ello, en el esquema de democracia participativa que pretende impulsar el presidente electo, es delicado.

Tampoco parece lo más prudente iniciar cambios normativos de nivel constitucional cuando las comisiones encargadas de su dictamen no han sido integradas, menos aun cuando están pendientes los fundamentos de la política sectorial correspondiente. Excepto que, por alguna o varias razones, se busque acotar el margen de acción del poder Ejecutivo desde las cámaras.

En todo caso, conviene reflexionar si la supresión del vínculo laboral con los resultados de las evaluaciones de desempeño docente implica necesariamente la cancelación de uno de los organismos que han participado en su instrumentación, es decir del INEE. Hay que darle vueltas a la decisión porque, en primer término, el INEE ha desarrollado, a lo largo de los años, una capacidad técnica importante y reconocida en el área general de evaluación, no solo la correspondiente a docentes.

Además de participar, en coordinación con la SEP, las autoridades educativas de los estados, el CENEVAL y la Coordinación del Servicio Profesional Docente, en las evaluaciones de profesores y directivos, el INEE desempeña otras funciones. Entre ellas, la evaluación de logro escolar, de infraestructura, de políticas y de programas; la sistematización, mediante un complejo sistema de indicadores, de los principales datos de la educación obligatoria; la generación y promoción de educación básica y aplicada sobre distintos ángulos de la problemática educativa nacional; la orientación de políticas educativas a través de su responsabilidad en la construcción y emisión de directrices a ser consideradas por la autoridad educativa federal y las estatales, entre otras funciones definidas por ley.

Si se tiene pensado conservar, probablemente con enfoques alternativos, prácticas de evaluación del desempeño de los estudiantes, de la efectividad de los modelos educativos, de las condiciones de la infraestructura escolar y los recursos humanos en el campo de la educación, hay en el INEE una capacidad instalada que sería erróneo descartar de un plumazo. Más bien, vale la pena proceder a un diagnóstico objetivo e integral del organismo para establecer áreas de mejora e incluso de reestructura. Entre otros aspectos urge mejorar el área de difusión de los productos que ha generado la institución que es, por cierto, una de las mayores debilidades de su operación. Quizás también sea necesario replantear la relación entre el INEE y la SEP para contar con reglas de coordinación y cooperación más claras y sobre todo más eficaces.

Una última observación: iniciar el sexenio proponiendo la cancelación de órganos constitucionales autónomos no es la mejor señal.