Roberto Rodríguez Gómez

El pasado 30 de marzo se publicó en Gaceta Parlamentaria el dictamen de las comisiones unidas de Educación y Cultura y de Estudios Legislativos del Senado sobre el proyecto de Ley del Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación y del Sistema Educativo, y las consecuentes reformas a la Ley General de Educación y a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. El proyecto fue aprobado por 110 votos, 10 en contra (del PRD) y se turnó a la Cámara de Diputados.

El proyecto propone el reforzamiento político y la expansión de funciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), creado por decreto presidencial en agosto de 2002. Las principales modificaciones se orientan a brindar al nuevo INEE un mayor grado de autonomía, facultades de evaluación sobre todo el sistema educativo nacional, atribuciones de coordinación del conjunto de organismos que llevan a cabo tareas de esa naturaleza, y autoridad para certificar como "centros de evaluación educativa" a organizaciones, públicas o privadas, que realicen funciones de evaluación o investigación.

Fuera de la bien intencionada idea de ordenar el abigarrado esquema de evaluación educativa que funciona en el país, la propuesta tiene severas fallas de carácter legislativo, político, técnico y operativo. El INEE del proyecto es notoriamente inviable y la eventual aprobación de la ley en vez de resolver la problemática de la evaluación educativa en México, no haría más que obstaculizar la operación del sistema.

El artículo 12 del proyecto dota al INEE de capacidades autonómicas: "organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, y autonomía técnica, de gestión y presupuestaria". El INEE actual depende de la SEP aunque tiene autonomía técnica. El artículo 13 establece las tres principales funciones del Instituto proyectado, en resumen, establecer la política nacional de evaluación y coordinar las instancias competentes, evaluar el sistema educativo en todos los niveles, y evaluar la calidad del sistema educativo y su funcionamiento.

Aparece aquí el primer gran problema. La Ley General de Educación vigente determina que la función de evaluación es una de las atribuciones exclusivas de la autoridad educativa federal (LGE, artículo 12, inciso XI). Para evitar contradicción, la propuesta aprobada por el Senado incluye una reforma a la LGE, en que se elimina esa atribución exclusiva y se añade un artículo 29 que indica: "Corresponde al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación definir la política nacional en la materia. El Instituto Nacional de Evaluación de la Educación podrá realizar evaluaciones a cualquier aspecto o sector del sistema educativo, sin prejuicio de que la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas locales realicen las propias en los ámbitos de sus respectivas competencias..."

Es decir, se establece la función de evaluación como concurrente (INEE, SEP y autoridades educativas de los Estados) sin tomar en cuenta los obvios problemas de jurisdicción y de autoridad que se desencadenarían. Sobre todo en evaluaciones con fuerza legal, por ejemplo los RVOE. Si ambos entes, el INEE y las autoridades educativas, pueden hacer las mismas evaluaciones ¿cuáles tienen preelación? Si un órgano público autónomo tiene plena capacidad para determinar la política nacional de evaluación ¿cuál es el papel de la SEP y del Consejo Nacional de Autoridades Educativas en la materia? Si el nuevo INEE se encargara de coordinar toda la función evaluativa, así como de emitir recomendaciones para mejorar la calidad educativa ¿se subordinaría la SEP, las autoridades educativas de los estados, y las instituciones a acatar sus decisiones y recomendaciones puntuales?

Otro ángulo de evidente tensión proviene del tremendo grado de centralización que se produciría al concentrar en un único organismo una de las funciones clave del proceso educativo. Mientras que, con dificultades pero pasos en firme, el sistema eduativo ha logrado federalizar varios de sus componentes (distribución del gasto, gestión y operación), la inicitiva para el nuevo organismo va exactamente en la dirección contraria.

Es cierto que hace falta un sistema nacional de evaluación de la educación, cuya misión sea poner orden al rompecabezas de hoy. Pero la integración y normativa de un sistema tal debería formar parte de las atribuciones de la SEP, enfocarse a tareas de coordinación, y reforzar la perspectiva federalista.

En la novela de Mary Shelly, el engendro del doctor Frankenstein escapa a la voluntad de su animador apenas desencadenado. Que no nos pase lo mismo.