Roberto Rodríguez Gómez

La decisión parece tomada a juzgar por las declaraciones del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tras su reunión con la Comisión Única Negociadora de la CNTE en días pasado. Según reportes de prensa, el futuro primer mandatario se habría comprometido a que, en los primeros seis meses de su gobierno, se derogue la reforma educativa y se cancele el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Ambas medidas están formalmente en manos Legislativo. No obstante, en este, como en otros casos, la palabra presidencial perfila una decisión tomada.

Desde luego que, al suprimirse las fórmulas actuales de evaluación docente y su vínculo con la trayectoria laboral del magisterio, las tareas del INEE sobre este aspecto pierden razón de ser. Pero ¿qué va a ocurrir con el resto de las actividades del organismo en materia de evaluación de estudiantes y centros escolares, sistematización de los datos socioeconómicos en referencia al desempeño escolar, evaluación de políticas y programas, y diversos estudios en temas asociados a la problemática educativa del sistema nacional?

Hasta el momento no hay una respuesta clara al respecto, solo especulación: que sobre la base del INEE actual se fincará una nueva institución abocada a la recolección y sistematización de información educativa, que la nueva SEP asumirá esas funciones, que otros organismos dedicados a la estadística o a la evaluación de programas asumirá el relevo de la tarea, o simplemente que se suspenderán dichas actividades.

La última posibilidad es preocupante, por varias razones. La primera es que, de no contar el Estado con un órgano encargado de la evaluación del sistema educativo nacional, ni la autoridad educativa ni la sociedad en general tendrán elementos de juicio para ponderar las ventajas y límites de la acción educativa del gobierno y los particulares. Si además se cancela la participación de México en pruebas internacionales, lo que ocurriría en el caso de suprimir el INEE, tampoco podrían saber en qué nivel se sitúa nuestro sistema en comparación con otros. Tendríamos, únicamente, la versión oficial del desempeño de los profesores, estudiantes y escuelas, y tal vez ni eso.

Al revisar la trayectoria histórica de la SEP, así como las normas educativas generales del país, se advierte como constante la preocupación del Estado de contar, además del aparato administrativo central, con órganos consultivos, más o menos independientes de la autoridad central, dedicados a la evaluación del sistema. Entre otros cabe mencionar al Consejo Superior de Educación Pública (1901), la Comisión de Instrucción Pública (1920), el Consejo Nacional de Educación (1940), y sobre todo el Consejo Nacional Técnico de la Educación, el CONALTE, que con distintas funciones operó de 1957 a 1999.

El CONALTE de los años noventa puede ser considerado como un antecedente del INEE en lo que hace a las tareas de evaluación de políticas y programas, así como a la valoración de los instrumentos pedagógicos implementados a raíz de la reforma de 1993. En el marco de la reforma curricular que acompañó a la descentralización educativa emprendida, el CONALTE amplió su consejo consultivo para integrar en él a los investigadores educativas más renombrados de la época, así como a representantes del sector privado (véase Carlos Ornelas, Política, poder y pupitres. Crítica al nuevo federalismo educativo, Siglo XXI, 2008, pág. 88 y ss.). A pesar de ello, la presencia sindical en ese órgano se mantuvo e incluso incrementó su participación.

Tras el triunfo elector del PAN en 2000, el equipo de transición incluyó entre sus recomendaciones la creación del INEE “como un organismo autónomo por Ley del Congreso de la Unión. Alternativamente, puede pensarse en la creación de un organismo descentralizado sectorizado en la SEP creado por el ejecutivo” (Coordinación del Área Educativa del Equipo de Transición del Presidente Electo Vicente Fox Quesada, Bases para el Programa Sectorial de Educación 2001-2006. pág. 156). Desde esa fecha se pensaba en un organismo autónomo del Estado para evaluar “la marcha de sus sistemas educativos” (ídem, pág. 155). En términos políticos, el INEE fue concebido como un instrumento de contrapeso a la alianza SEP-SNTE predominante, aunque, en términos técnicos, como un organismo abocado a la evaluación de los componentes del sistema.

El Senado electo ese año conservaba mayoría del PRI. Por eso se evitó la opción de un INEE autónomo desde el principio. En 2002 se decidió su creación por acuerdo presidencial como organismo descentralizado sectorizado en SEP. Una característica relevante de la primera versión del Instituto (2002 a 2012) fue la decisión de evitar evaluaciones de alto impacto, es decir que tuvieran consecuencias para los sujetos evaluados. El INEE se concretó a la administración de pruebas y sistematización de resultados, a la organización de la información estadística del sistema, así como a la implementación de varios estudios e investigaciones sobre aspectos específicos de la realidad educativa nacional.

Con todo y su naturaleza técnica, el INEE consiguió colocar ante la autoridad educativa y la opinión pública un tema clave: la deficiente calidad educativa del sistema y los factores asociados a tal problema. Sobre esta base, en el entorno político de 2012, se habría de recuperar la idea de un INEE autónomo, pero con nuevas funciones, una de ellas de marcada controversia: la de fungir como autoridad normativa del Sistema Nacional de Evaluación encargado, entre otros aspectos, de la evaluación docente con consecuencias. Esta condición lo convirtió en objeto de críticas al grado de ser recomendada su extinción, lo que puede ocurrir en los próximos meses.

¿Pero qué tipo de organismo (autónomo o gubernamental) se encargará de las demás tareas que cumple el Instituto? La pregunta sigue en el aire y no es irrelevante.