Roberto Rodríguez Gómez

El 10 de enero se presentaron en las instalaciones de la SEP los estudios recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el sistema de educación superior en México. Es destacable que en el evento participaron Ángel Gurría y Gabriela Ramos, secretario general y directora general del organismo, así como Esteban Moctezuma y Luciano Concheiro, titular de la SEP y subsecretario de educación superior, respectivamente. Plana mayor.

Los documentos dados a conocer fueron “The Future of Mexican Higher Education” (OECD, 2019, 202 págs.) y “Higher Education in Mexico: Labour Market Relevance and Outcomes, Higher Education” (OECD, 2019, 226 págs.). Del segundo se distribuyó una traducción al español y en torno al mismo giraron la mayor parte de los comentarios. Acudieron a la presentación, además de funcionarios de la OCDE en México y de la SEP, autoridades, académicos, especialistas y otros interesados en la temática de la educación superior del país. La prensa reportó con amplitud el contenido de la exposición y recogió declaraciones de los participantes.

Los documentos OCDE centrados en evaluaciones sectoriales de desempeño generalmente se componen de dos elementos: un diagnóstico cuantitativo y cualitativo, a través del cual se busca identificar y dimensionar problemas relevantes, y un conjunto de propuestas que, a juicio de los responsables de cada estudio, son adecuadas y pertinentes para enfrentarlos o, en su caso, solucionarlos. Los equipos de trabajo se integran con especialistas de países distintos al evaluado, cumplen su tarea a través de la consulta de bibliografía y fuentes de datos relevantes, y mediante entrevistas con funcionarios y académicos seleccionados por sus responsabilidades y conocimientos del tema evaluado.

El primer estudio (The Future of Mexican Higher Education) forma parte de la serie OCDE “Reviews of National Policies for Education”. Esta se compone de diagnósticos generales sobre la organización y el desempeño de los sistemas de educación superior en los países que forman parte del organismo y que solicitan la realización del estudio correspondiente. En México se han hecho tres de ellos, el primero en 1996-1997 (el país ingresó a la OCDE en 1994), el segundo en 2008 y el tercero en 2018.

En la presentación del documento sobre el futuro de la educación superior en México, Gurría destacó, entre los retos a resolver de inmediato, la necesidad de “construir una buena gobernanza de su sistema de educación superior.” Para ello, abundó el funcionario, es necesario implementar una Ley de Educación Superior de carácter general, mejorar los mecanismos de coordinación entre los subsistemas y operar sistemas que faciliten la movilidad estudiantil entre subsistemas y programas. Se requiere también, en sus palabras, garantizar la calidad de la educación superior y promover mayor equidad en las oportunidades de acceso, lo que implica una sostenida inversión de recursos para las instituciones y una mejor distribución de estos. Luego de reconocer que en las IES públicas se ha promovido la acreditación de programas, se argumenta en el estudio la necesidad de establecer un sistema obligatorio de acreditación para las instituciones del sector privado.

Es de hacerse notar que tanto la sección diagnóstica como buena parte de las propuestas del texto de la OCDE coincide con los análisis y recomendaciones que ha planteado la ANUIES en sus documentos sobre la materia, en particular los contenidos en el texto “Visión y acción 2030: una propuesta de la ANUIES para la renovación de la educación superior en México”, que fue presentado a los candidatos en las campañas por la presidencia de la República. El que esto sea así abre una interesante ventana de oportunidad para la convergencia de visiones que pueden tomarse en cuenta en el diseño de la política de educación superior para los próximos años.

El segundo estudio analiza la relación entre el mercado de trabajo y el sistema de educación superior. En él se constata con evidencia empírica y documental un conjunto de inconsistencias entre ambos elementos: el crecimiento de la educación superior en el país aunado a la inexistencia de mecanismos eficientes de planeación, articulación y vinculación del sector educativo y el laboral, se ha traducido en inconsistencias entre la oferta de servicios profesionales y la demanda de trabajo realmente existente. En la reseña del documento Gurría señaló la necesidad de “implicar más a los empleadores en la toma de decisiones y en los planes de los propios estudiantes, así como de brindar mayor diversidad en la oferta de estudios.” Además, en el documento se recomienda mejorar el perfil de la planta docente universitaria, una mayor flexibilidad educativa y un mayor énfasis en la formación continua.

Al igual que en el documento de diagnóstico general, en el estudio sobre la empleabilidad de los egresados, se insiste en la importancia de una mayor comunicación y coordinación entre las agencias involucradas, es decir: las instituciones que ofrecen formación profesional, las empresas y otros grupos de empleadores, y las entidades gubernamentales. Un esfuerzo adicional en esta dirección implica, desde el punto de vista de la OCDE, al igual que lo ha planteado la ANUIES, la construcción de un sistema de información que combine los datos del sector educativo y los correspondientes al sector laboral.

Por último, pero no menos importante, la presentación de los nuevos estudios de la OCDE ante las nuevas autoridades de la SEP parece indicar la renovación de una relación de trabajo entre las dos entidades. Si se toma en cuenta que el organismo internacional jugó un papel relevante en la llamada “mal llamada” reforma educativa del sexenio pasado, será interesante observar cómo se acomodan estas piezas en el tablero político de la transformación educativa que se busca desarrollar.