Roberto Rodríguez Gómez

Entre los elementos que han reconfigurado en los últimos años la operación de la administración pública destaca la implantación de procesos e instrumentos abocados a la transparencia y rendición de cuentas de las políticas públicas. Esta tendencia se corresponde con la intención de desarrollar fórmulas de gobernanza corporativa en el sector público y ha tenido distintas expresiones, una de ellas la publicación de reportes que dan cuenta de las distintas fases del denominado ciclo de las políticas, el que inicia con ejercicios de diagnóstico y planeación, transcurre con las etapas de implementación, desarrollo y ejecución, y culmina, al término del periodo gubernamental, con procesos de evaluación de resultados.

Los informes finales sobre la ejecución de las políticas gubernamentales son, de hecho, una práctica de larga data. En el pasado se concretaban en documentos del tipo memoria de actividades, o de informes de ejecución. La Ley de Planeación aprobada en 1983, al iniciar el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), hizo obligatoria para el conjunto de la administración pública federal la rendición pública de cuentas a través de los informes de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales y especiales asociados al mismo. La norma determinó, además, que tales informes fueran vinculados a las Cuentas anuales de la Hacienda Pública Federal, de modo tal que la información relevara la aplicación de gasto público con la implementación de políticas y programas.

A partir del gobierno de Vicente Fox Quezada (2000-2006) se buscó cambiar el formato de simples memorias documentales a los de “Libro Blanco” de ejecución de programas, para lo cual se establecieron dos normas: el Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal, y los Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal. Con algunas modificaciones, dichos lineamientos han sido ratificados en las sucesivas administraciones públicas.

Gradualmente el ejercicio de elaboración y difusión de los libros blancos de las secretarías de Estado se ha conseguido generalizar, estandarizar y facilitar el acceso público. Al final del sexenio de Fox se presentaron inconformidades sobre el contenido y divulgación del cuerpo documental correspondiente (véase por ejemplo la nota “Hay discrecionalidad en la elaboración de libros blancos” de Elizabeth Velasco C. en La Jornada del 20 de enero de 2006). En ella se afirma que no todas las dependencias gubernamentales cumplieron cabalmente con las disposiciones de los lineamientos y que el acceso a la documentación era limitado.

Las cosas han cambiado desde entonces, en buena medida gracias al desarrollo de tecnologías informáticas que facilitan la sistematización y divulgación documental a través de medios electrónicos. Un ejemplo de ello es la reciente publicación del Libro Blanco Reforma Educativa 2013-2018, dado a conocer en diciembre del año pasado por la SEP.

Se trata de un extenso documento, casi un millar de páginas (997 para ser exactos) sin contar los anexos. Es un texto en formato PDF que vincula a poco más de 275 anexos documentales y estadísticos de distinto tipo: documentos normativos, reportes de programas, tablas de datos e indicadores, informes financieros y ejercicios de evaluación. Su contenido está centrado, como el título lo indica, en la trayectoria de la Reforma Educativa diseñada e implementada en la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El capitulado refleja un ciclo de política pública (decisiones de agenda, implementación, seguimiento y evaluación). Una primera sección documenta las reformas normativas de 2012-2013 y la vinculación del proyecto de la reforma con el los Compromisos de Gobierno en Materia Educativa, el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de la SEP del periodo. A continuación, en la sección más extensa del libro blanco, se reportan las actividades cumplidas en los programas: Escuela al Centro; Infraestructura, Equipamiento y Conectividad; Desarrollo Profesional Docente; Reforma Curricular; Equidad e Inclusión; Vinculación entre la educación y el mercado laboral.

En otro capítulo se describen los rasgos de la Reforma Administrativa de la SEP, que incluye la gestión del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE), y un uno más se documentan los procesos de seguimiento, control y rendición de cuentas. Este último contiene, entre otros aspectos, los reportes de auditoría realizados a los distintos componentes de la reforma.

Al margen de la opinión que pueda tenerse sobre la pertinencia y resultados de la reforma educativa del sexenio anterior, el libro blanco correspondiente es un texto de gran importancia, sobre todo porque permite tener a mano prácticamente la totalidad de los documentos asociados a su desarrollo e implementación. Sin duda vale la pena descargarlo del portal de la SEP y consultarlo.