Roberto Rodríguez Gómez

A raíz de la publicación de la iniciativa que presentó el Ejecutivo federal el 12 de diciembre del año pasado para reformar las disposiciones constitucionales que regulan la educación en el país, y cumplir con ello las propuestas que el Presidente Andrés Manuel López Obrador enunció durante su campaña presidencial, un grupo de académicos, especialistas y representantes de organizaciones civiles, se dieron a la tarea de desarrollar una réplica al proyecto reformador de la Presidencia, consistente en un desarrollo normativo que se propone, por un lado, corregir y mejorar dicha iniciativa, y por otro ofrecer elementos innovadores al respecto.

El grupo, denominado Red Educación y Derechos (RED), entró en contacto con los partidos de oposición (PAN, PRI, MC y PRD) y con ellos acordó desarrollar una propuesta en forma y presentarla, abanderada por las cuatro fracciones, a las comisiones camerales correspondientes para su consideración en el proyecto de dictamen correspondiente.

El documento réplica ingresó a los servicios parlamentarios el 6 de febrero pasado, suscrito por los cuatro coordinadores parlamentarios de la oposición en la Cámara de Diputados: Juan Carlos Romero Hicks (PAN), René Juárez Cisneros (PRI), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (MC) y José Ricardo Gallardo Cardona (PRD).

Posteriormente, varios integrantes de RED se presentaron a las audiencias públicas sobre la reforma educativa constitucional, celebradas del 6 al 16 de febrero, e inmediatamente después en las audiencias organizadas por el Senado sobre el mismo tema. Es sabido, porque así lo han afirmado legisladores de Morena y de otros partidos, que el dictamen de la Cámara baja debe producirse en estos días, a menos que no se logre el acuerdo parlamentario correspondiente, y que antes que termine el mes deberá agotarse el proceso de discusión y aprobación en el pleno camaral.

Si ello ocurre así, la iniciativa dictaminada deberá trasladarse al Senado de la República, y en el evento de lograrse mayorías de dos terceras partes en ambos procesos parlamentarios, aprobarla. La expectativa más optimista es llegar a este último punto antes de agotar el periodo ordinario de sesiones que termina el 30 de abril. Restaría, por tratarse de una reforma constitucional, someter el texto aprobado a la consideración de los congresos estatales, en que debe lograrse la aprobación de, al menos, diecisiete de ellos antes de proceder a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

¿En qué consiste la iniciativa de Red y la oposición? Lo más importante es que aborda prácticamente todos los aspectos del Artículo Tercero y propone tres órdenes de reforma: mantener aquello que asegura el derecho a la educación, modificar lo que en la iniciativa presidencial consideran deficiente, e innovar a través de la definición de nuevos derechos y orientaciones sobre la práctica educativa. Por ello, a la iniciativa la denominan también MMI, porque mantiene, mejora e innova.

¿Qué proponen mantener? En primer lugar, la rectoría del Estado en la educación a través de, entre otros aspectos, la actualización y formación continua de las y los maestros; la evaluación de los componentes del Sistema Educativo Nacional, y el control gubernamental sobre los procesos de ingreso, promoción y reconocimiento de la carrera docente.

En segundo lugar, la calidad como cualidad inherente al derecho a la educación. En tercero, el mérito como principio rector para el acceso y desarrollo de la carrera docente. A estos elementos se añade el propósito de restituir la autonomía universitaria que, dicen que por error, fue extraída de la iniciativa presidencial, la obligación del Estado de brindar educación inicial garantizar plena cobertura a la demanda de este servicio, y la propuesta de contar con un organismo autónomo en materia de evaluación educativa.

Como elementos de mejora al Artículo Tercero se propone: Énfasis en carácter pedagógico, no laboral; y eliminación de los efectos de la evaluación sobre la permanencia en el servicio. Se agrega a este planteamiento la propuesta de desarrollar un Servicio para el Desarrollo Magisterial.

Como aspectos innovadores, porque aún no están presentes en el texto constitucional, la iniciativa alternativa propone: Incorporación del enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva; incorporación de nuevos principios y propósitos de la educación (interculturalidad en el sistema educativo; reconocimiento de las y los educandos como titulares del goce y efectivo ejercicio del derecho a la educación; reconocimiento de los docentes como agentes primordiales en la calidad y la transformación de la educación; reconocimiento del carácter local, contextual y situacional del proceso educativo; obligación para el Estado de impartir educación superior para lograr la total satisfacción de la demanda de estudios de este nivel; y por último, reconocimiento del derecho a la ciencia y a gozar de los beneficios del desarrollo científico y sus aplicaciones.

¿En qué medida y con qué alcance la iniciativa alternativa de RED y los partidos de oposición será recogida en el dictamen legislativo? Pronto se sabrá, por lo pronto vale la pena registrar y dar seguimiento a esta nueva opción de incidencia legislativa.