Roberto Rodríguez Gómez

Es llamativo que tres gobiernos latinoamericanos, Brasil, Argentina y México, con distinto signo ideológico, coincidan en limitar la inversión pública en investigación científica y desarrollo tecnológico. En los tres casos se ha puesto en riesgo la estabilidad de las instituciones promotoras, se han reducido los fondos públicos para proyectos de investigación, e inhibido el acceso de las nuevas generaciones de científicos a los centros e institutos de producción de ciencia y tecnología.

Jair Messias Bolsonaro tomó posesión de la presidencia de Brasil el primer día de este año. Militar, conservador y proveniente de la derecha política brasileña, desde las primeras semanas de su gobierno anunció recortes drásticos al gasto burocrático, eliminación de subsidios a organizaciones no gubernamentales, reducción a partidas de gasto social, a la inversión pública en ciencia y tecnología, y más recientemente al presupuesto para las instituciones de educación superior.

El 29 de marzo del presente Bolsonario decretó un recorte de cuarenta por ciento al presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicación (MCTI). Tal presupuesto sería el menor desde 2006, además contravenía su propuesta de campaña según la cual en Brasil se duplicaría la inversión pública en el sector para alcanzar un monto correspondiente al tres por ciento del producto interno bruto. (Fuente: Folha de S.Paulo, 12 de noviembre 2018).

El 10 de mayo más de cincuenta representantes de instituciones de investigación y asociaciones científicas se reunieron con el titular del MCTI para discutir posibles alternativas al recorte. Aunque el ministro Marcos Pontes no garantizó una reposición, ofreció posibilidades de restructura del gasto para atender las prioridades que se decidan de común acuerdo con las instituciones. (Fuente: Agencia Brasil).

En días pasados, el anuncio de nuevos recortes sobre el presupuesto educativo así como la declaración de posibles limitaciones al régimen de autonomía universitaria, dio lugar a una ola de protestas en las principales ciudades del país. Bolsonaro afirmó: “Son idiotas útiles, imbéciles, que se dejan utilizar como masa de maniobra de una pequeña minoría inteligente que conforma el núcleo de universidades federales en Brasil.” (Fuente: Agencia Reuters).

Mauricio Macri asumió la presidencia de Argentina el 10 de diciembre de 2015, después de haber sido jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tras derrotar a Daniel Scioli, candidato peronista. Macri abanderó a la coalición Cambiemos, ubicada al centro-derecha del espectro político argentino. Macri se comprometió en campaña a apoyar decididamente la investigación científica y el desarrollo tecnológico. El 30 de octubre de 2015 afirmó que duplicaría el gasto público correspondiente. En días recientes se dio a conocer que de 2,597 científicos argentinos que cubrieron requisitos para ingresar como investigadores al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), únicamente se aprobaron 450 solicitudes. Este año, último del gobierno de Macri, la desinversión en los programas del Ministerio de Ciencia y Técnica se estima en 32 por ciento (Fuente: portal Perfil).

Andrés Manuel López Obrador inició su periodo presidencial el primero de diciembre de 2018. En el tercer debate televisado entre candidatos a la presidencia (12 de junio 2018) afirmó que destinaría más recursos a ciencia y tecnología para revertir el retroceso de esas actividades. En sus palabras, “Necesitamos avanzar; en el Índice Global de Innovación: en 2007 teníamos el lugar 37 en el mundo y en el 2017 el lugar 58, es decir hemos retrocedido como en todo.” (Fuente, MILENIO, 13 de junio 2018). Sin embargo, en el presupuesto para 2019, en el que intervino el equipo de transición del presidente electo, redujo la asignación para el Ramo 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al sector científico y tecnológico, un 13.6 por ciento respecto al aprobado el año previo. A este recorte se habría de agregar el estancamiento del gasto para las universidades públicas autónomas y una importante disminución del presupuesto asignado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del orden de dos mil 299 millones pesos menos en comparación con el aprobado en 2018.

Para empeorar el panorama, las medidas de austeridad decretadas por el actual gobierno a través de memorándums, en particular el del 3 de mayo de 2019 que anuncia la suspensión de “bonos, prestaciones y privilegios” comienzan a tener efecto sobre las plantas de investigación de los centros de investigación y las instituciones de educación superior no autónomas. Aunque múltiples voces de la comunidad científica han advertido los riesgos de las medidas, el gobierno no ha mostrado suficiente sensibilidad a sus demandas.

No son iguales las políticas de Bolsonario, Macri y López Obrador. Pero coinciden en un punto: el desarrollo de la ciencia y la tecnología no es prioridad.