Roberto Rodríguez Gómez

Han transcurrido más de veinte años desde la integración de la primera agenda global para el desarrollo de la educación superior, la derivada de la Primera Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (París 1998). Se insistía entonces en la importancia de ampliar el acceso a la educación superior para mejorar los niveles de cobertura y equidad del sistema, en superar la calidad y la pertinencia de los servicios educativos, en diversificar las modalidades de enseñanza, y en reforzar la cooperación con el mundo del trabajo. Se enfatizaba también el potencial de las entonces nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, así como el valor estratégico de los procesos de evaluación y aseguramiento de calidad.

En la misma coyuntura, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) suscribió un extenso documento de diagnóstico y propuestas para la educación superior del país. Se titula La educación superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo, aprobado por la Asamblea General en noviembre de 1999. El planteamiento de la Asociación incluía una visión hacia el 2020 que, cercanos a esa fecha límite, es de interés comentar.

El primer punto de los diez que integran la visión decía “México cuenta con un sistema de educación superior de mayores dimensiones y cobertura, diversificado, integrado y de alta calidad.” Hoy la matrícula del sistema duplica a la existente en el año 2000 y ciertamente se ha diversificado a través de la apertura de nuevas instituciones, principalmente tecnológicas, y con la implantación de modalidades de educación a distancia. Aunque el propósito de “alta calidad” tendríamos que anotarlo como un reto que prevalece.

El segundo punto señalaba “Las instituciones de educación superior desarrollan sus actividades de docencia, según el perfil y la misión de cada una y utilizan modelos innovadores de aprendizaje y enseñanza que les permiten alcanzar altos grados de calidad académica y pertinencia social.” Al igual que el punto previo, cabe sostener que la diversificación de modelos curriculares y la actualización de planes y programas ha caminado en el sentido indicado. Pero de ahí a contar con altos grados de calidad y pertinencia social queda un trecho importante para recorrer.

Se indica, en tercer lugar, que al llegar el año 2020 “las IES centran su atención en la formación de sus estudiantes y cuentan con programas integrales que se ocupan del alumno desde antes de su ingreso hasta después de su egreso y buscan asegurar su permanencia y desempeño, así como su desarrollo pleno.” ¿Qué puede decirse de este objetivo? Probablemente se cumple en algunas de las instituciones públicas y particulares de mayor nivel académico, pero no es una pauta generalizada que identifique al sistema en su conjunto.

El cuarto elemento de la visión proponía “Las IES cuya misión incluye la realización de actividades de generación y aplicación del conocimiento las cumplen con gran calidad y pertinencia para el desarrollo del país y los campos científicos.” En torno a esta finalidad han logrado niveles de consolidación relevantes las instituciones federales (UNAM, IPN, UAM, CINVESTAV) y algunas de las universidades públicas autónomas de los estados. De ahí que la totalidad de la investigación universitaria cumpla con estándares de gran calidad y pertinencia que el sistema sigue quedando a deber.

En quinto lugar “Las IES contribuyen a la preservación y difusión de la cultura regional y nacional, en el contexto de la cultura universal, y realizan sus funciones en estrecha vinculación con los diversos sectores de la sociedad.” De nueva cuenta, las universidades públicas han concretado logros importantes en materia de difusión y divulgación. Por desgracia no es tampoco un rasgo común al sistema en su conjunto.

El sexto rasgo de la visión dice: “Las IES cuentan con los recursos humanos necesarios para realizar sus funciones con calidad”, el séptimo añade que “las IES cuentan con recursos materiales y económicos en la cantidad y con la calidad, la seguridad y la oportunidad necesarias para el desarrollo eficiente de sus funciones”, y el octavo, que “las IES cuentan con estructuras organizacionales, normas y sistemas de gobierno que favorecen un funcionamiento eficiente, congruente con su naturaleza y misión” ¿En qué media los ajustes y desarrollos en materia de administración, gestión y gobierno de las IES se ha reflejado un desarrollo más eficiente de sus funciones? Sin duda la respuesta más justa diría: en buena medida; sin embargo, la sola eficiencia organizativa y funcional de las instituciones no ha sido suficiente para dar el salto de calidad y pertinencia que inspiraba estos planteamientos.

El noveno punto de la visión aludía a lo que entonces, pero aún hoy en día, se percibía como un aspecto necesario para integrar la operación del sistema en su conjunto. Se indicaba que “gracias a relaciones adecuadas con el sistema político en el contexto de una sociedad democrática, el SES cuenta con un marco normativo acorde con su naturaleza, que ofrece a las IES seguridad jurídica y estabilidad de sus funciones. Este rasgo apuntaba sobre la necesidad de una normativa general para regular y coordinar amplio conjunto de instituciones, públicas y particulares, encargadas del servicio de educación superior. Hoy, a veinte años de distancia, apenas ha entrado en proceso de diseño la formulación de una Ley General de Educación Superior. La reciente reforma al artículo tercero constitucional pone como plazo máximo para la emisión de esa norma el año 2020.

El décimo y último punto indica: “Se ha consolidado un sistema nacional de planeación y de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación superior.” La implantación en los últimos años de fórmulas de planeación y evaluación ha ido en el sentido indicado, indudablemente. Pero ¿el desarrollo de esos modelos se ha traducido en una mejora de la calidad de la docencia y la investigación en las IES? Esta pregunta cobra una gran actualidad en el presente. Hay que volverla a considerar.