Roberto Rodríguez Gómez

El 29 de septiembre de 2005 se firmó el "Acuerdo de Chapultepec", cuya denominación oficial es "Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo", para ´convocar a todos los sectores de la sociedad, a los servidores públicos y a los políticos, en torno a puntos de consenso que permitan establecer políticas de Estado para delinear el futuro inmediato y mediato de México.

En su lanzamiento, el Acuerdo fue encabezado por Carlos Slim Helú en compañía de 16 personalidades representativas de distintos sectores. Del empresarial, los presidentes de los grupos COMEX (Alfredo Achar), Posadas (Gastón Azcárraga) y CEMEX (Lorenzo Zambrano), así como José Luis Barraza, presidente del CCE y Alejandro García Gamboa de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Del sector laboral, los líderes Víctor Flores (Congreso del Trabajo), Joaquín Gamboa Pascoe (CTM), Francisco Hernández Juárez (UNT) y Heladio Ramírez López (CNC). Además, personalidades del medio intelectual y cultural, como Rolando Cordera, Epigmenio Ibarra, Ángeles Mastreta, Mario Molina, Emmanuel Acha, y Fernado Solana, el último con una exitosa y variada trayectoria en la administración pública fedral. Completa la nómina de convocantes María Elena Morera, presidenta de México Unido contra la Delincuencia.

El Acuerdo aborda cinco temas y asigna un objetivo a cada cual. Para el primero, Estado de derecho y seguridad pública, se propone "consolidar un estado de derecho en un régimen democrático, que garantice libertades, derechos humanos y sociales, y seguridad física y jurídica. Al segunto tema, Desarrollo con justicia: crecimiento, se adjudica el propósito de "lograr un crecimiento económico acelerado, sostenido, sustentable, con empleo y con políticas redustributivas". El tercer tema, Formar y desarrollar capital humano y social, se concreta en el somero objetivo de ´más y mejor salud y educación". El cuarto, Desarrollo de capital físico, propone "acelerar la construcción de infraestructura y de vivienda", y el quinto, Reforma de la administración pública, consigna el objetivo de "hacerla más eficaz y transparente al servicio de los ciudadanos".

Como se puede ver, los temas y objetivos son de un nivel de generalidad tal que difícilmente podrían generar desaprobación u oposición. Están diseñados para suscitar consenso en torno a un núcleo básico de problemas y soluciones, de fácil identificación para la población general, así como entre las fuerzas políticas y los grupos de influencia en la opinión pública.

Contienen, no obstante, una dosis de crítica implícita sobre los resultados de la política económica y social de los últimos gobiernos. Si se aspira al crecimiento económico, la redistribución del ingreso, la calidad de los servicios públicos, la mejora de la educación y la salud, y la eficiencia de la administración pública, es porque se reconocen insuficiencias, ineficacias y logros sociales postergados. Además, el planteamiento de las bases del Acuerdo lleva consigo la proyección de una agenda de gobierno mediante la indicación de determinadas "políticas de Estado". Es probable que ambos elementos, es decir la crítica y la propuesta política, hayan dado lugar a la respuesta más bien cautelosa de los partidos, y la virtual ausencia de posición de parte del gobierno federal. Una asencia notable, al menos para los interesados en la problemática educativa del país, es la del SNTE.

En la segunda mitad de febrero se dio el banderazo de salida a la segunda etapa del Acuerdo, consistente en ampliar la base social del mismo mediante su presentación en varias ciudades del país. El activismo del grupo promotor ha rendido dividendos. En esta segunda fase, varios gobiernos estatales se han sumado, entre ellos los de Zacatecas, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Yucatán, Chihuahua, Durango, Coahuila, Baja California y Sinaloa. Además un número importante de cámaras empresariales, gremios profesionales, asociaciones, instituciones culturales, universidades, así como ciudadanos en lo personal. Es de esperar que en los próximos meses la corriente comprenda la totalidad del país, que los partidos y candidatos decidan sumarse o deslindarse y que, en fin, el Acuerdo alcance la visibilidad y cobertura deseada por sus promotores.

¿Cuáles son la propuestas concretas del Acuerdo para el desarrollo educativo del país? A eso vamos en la próxima entrega.