Roberto Rodríguez Gómez

En 1972, durante el gobierno del republicano de Richard Nixon, aunque con una mayoría legislativa demócrata en ambas cámaras del Congreso, se aprobaron un conjunto de reformas a las normas educativas federales vigentes, principalmente la de educación superior de 1965, la de educación vocacional de 1963 y la de educación elemental y secundaria de 1965, así como otras disposiciones relacionadas. El objetivo de la reforma era cubrir una laguna insuficientemente contemplada en la célebre Acta de Derechos Civiles de 1964, aquella que, entre otros aspectos, prohibía la discriminación racial.

Las organizaciones magisteriales, así como organismos de defensa de los derechos civiles hicieron notar que la normativa no consideraba en forma suficiente los principios de no discriminación en el ámbito escolar, y por ello hicieron presión para que el amplio conjunto de normas educativas tuviera ese enfoque. En febrero de 1972, Birch Evans Bayh Jr., senador demócrata del estado de Indiana, presentó la iniciativa que, luego de transitar por el procedimiento legislativo, fue aprobada el 23 de junio del mismo año.

Desde ento nces el Título IX ha tenido algunas enmiendas, generalmente para ampliar o asegurar condiciones de igualdad (racial, de género, laborales y socioeconómicas) a estudiantes, profesores y otros trabajadores de la educación. Entre las de mayor relieve cabe citar las relacionadas con la práctica deportiva, con las oportunidades de acceso a la educación universitaria, con la contratación de personal académico, y de manera más reciente y visible con los temas de acoso y violencia de género. En este aspecto, el papel de la Suprema Corte estadounidense ha sido relevante en sus interpretaciones sobre el alcance, cobertura y aplicabilidad del Título IX sobre casos y eventos relacionados con los temas mencionados y se ha sentado un volumen de jurisprudencia significativo, complementario a las disposiciones normativas.

Prácticamente desde la promulgación del Título IX, los grupos feministas y otras organizaciones de la diversidad de género han visto en este compendio normativo un instrumento relevante para impulsar y legitimar sus agendas de igualdad de oportunidades y de combate a las formas de discriminación y violencia. Una revisión a fondo del impacto de las distintas generaciones feministas sobre la implementación de la reforma puede leerse en el artículo de Judith Taylor, “Who managed feminist-inspired reform? An in-depth look to Title IX coordinators in the United States”, publicado en el volumen 19, núm. 3 de Gender & Society (2005).

Al promediar el primer periodo presidencial de George W. Bush, en 2002, se instaló una comisión de especialistas (blue-ribon comisión) con el encargo de llevar a cabo una revisión integral del Título IX con el fin de valorar posibles cambios o ampliaciones. En esta comisión, según se supo, la falta de acuerdo entre posturas feministas moderadas y radicales llegó a tal punto que se decidió la cancelación de la misma. Con posterioridad a la disolución del grupo, la administración Bush optó por una vía distinta de la legal: generar fondos federales para mejorar los niveles de cobertura escolar y promover algunas reformas curriculares atentas a la perspectiva de género.

Con la presidencia de Obama el tema dio un giro importante. Por varias razones, entre ellas una mayor visibilidad y posibilidades de empoderamiento de los géneros diversos, la irrupción de corrientes feministas radicales y separatistas, con fuerte presencia en las universidades estadounidenses de mayor renombre (véase “From Title IX to Riot Grrrls”, editorial del Harvard Magazine, enero-febrero de 2008), así como por la ampliación de las vías y formas de comunicación y denuncia derivada de la generalización de las redes sociales digitales en la segunda década del siglo, proceso, este último, que derivaría, como se sabe, en el movimiento global #MeToo del 2018.

En este marco, el presidente Obama optó por una solución intermedia entre la intervención jurídica y el diseño de políticas públicas: la elaboración de guías de procedimiento para tratar los casos de acoso y violencia. A través de estas guías las instituciones y los departamentos de justicia podrían procesar de manera relativamente homogénea las denuncias que se presentaran.

El 4 de abril de 2011 se publicó el texto conocido como “Carta Dear Colleague”, en la cual, además de recapitular en el desarrollo del Título IX desde su expedición, se propone un conjunto de líneas generales para abordar desde las instituciones los temas de acoso y violencia desde un enfoque de género favorable a las víctimas de este tipo de delitos. Esta guía general se habría de traducir en “protocolos” adaptados a las diversas instituciones en coordinación con los representantes federales en cada estado para la aplicación de las disposiciones del Título IX. La carta está firmada por Russlynn Ali, secretaria asistente para Derechos Civiles de la presidencia, aunque se registra como una instrucción presidencial.

Desde que se dieron a conocer las guías y protocolos, algunos críticos (hombres y mujeres) señalaron que, sin desconocer sus ventajas para resolver los temas clave de la implementación, también existían riesgos contra el debido proceso y la presunción de inocencia de inculpados. Este último tema abrió un debate importante en el escenario, que finalmente se traduciría en una posible regresión de logros obtenidos con la reciente cancelación de las guías Obama y la reforma de varias disposiciones del Título IX. De ello nos ocuparemos la próxima semana.