Roberto Rodríguez Gómez

Parecía que el tema de extinguir los fondos y fideicomisos correspondientes a los sectores de ciencia, tecnología, cultura y artes había conseguido un principio de solución tras la tormenta desatada por el decreto presidencial que ordenaba su cancelación y la inmediata devolución de los recursos correspondientes.

Como se recordará, el pasado 2 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos”, instrumento que ordenaba a las entidades de la administración pública federal implementar “los procesos para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal en los que funjan como unidades responsables o mandantes.” La disposición fijaba plazos breves y perentorios para que los recursos correspondientes fueran integrados a la Tesorería de la Federación a través de la Secretaría de Hacienda.

Una parte importante de los fondos y fideicomisos afectables correspondía a los sectores de ciencia y tecnología, así como a las actividades de desarrollo y promoción cultural y artística. Por ello, las comunidades de académicos, investigadores y creadores se movilizaron, a través de sus representantes institucionales, para buscar negociar por medios legales y pacíficos el alcance de la instrucción del ejecutivo federal.

Dicha negociación fue relativamente exitosa porque permitió, entre otros aspectos, que se mantengan las becas para creadores, así como los recursos asignados a los fideicomisos de los Centros Públicos de Investigación (CPI). En el segundo caso porque los mismos están contemplados en la Ley de Ciencia y Tecnología en vigencia, lo cual es una de las hipótesis de excepción contempladas en el decreto presidencial citado.

No sabemos todavía cuáles fueron los fideicomisos, fondos, mandatos o instrumentos análogos que efectivamente se cancelaron tras la disposición ejecutiva. Tampoco sabemos cuál fue el monto de lo recaudado, a pesar de que uno de los motivos que inspiraron la decisión presidencial fue la opacidad en la administración de tales instrumentos. Por lo tanto, no sabemos si la alta expectativa de recaudación se ha correspondido con la realidad o lo contrario.

Pero podemos suponer, conservadoramente, que la iniciativa logró menos de lo esperado y que, en cambio, agregó críticas al enfoque de austeridad que oscurece el panorama del desarrollo de la educación superior, la investigación científica pura y aplicada, y la difusión cultural en el país. Más cuando a ella se agrega la aplicación de medidas, sumamente agresivas, de restringir el gasto operativo de las instituciones de dichos sectores hasta en un 75 por ciento de lo presupuestado. Pues mal y de malas.

En esas estábamos cuando a un grupo de diputados federales del partido mayoritario se le ocurrió redactar, y presentar en la tribuna de la Comisión Permanente, una iniciativa que contiene varias reformas de ley con el objetivo de remover el obstáculo que impidió la extinción de los instrumentos financieros comentada. Muy sencillo: como el decreto del 2 de abril protegía y hacía excepción de los fondos o fideicomisos amparados por alguna ley vigente, pues a reformar las leyes y listo.

Dicha iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria del 20 de mayo, lleva el largo y descriptivo título de “Iniciativa de los Integrantes del Grupo Parlamentario de Morena con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la Ley de Hidrocarburos, de la Ley de la Industria Eléctrica, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley Aduanera, de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de la Ley Federal de Cinematografía, y se abroga la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Nada menos que reformar una docena de leyes federales abrogar la que corresponde a los ex trabajadores migratorios.

Encabeza la firma de la iniciativa el coordinador de la bancada de morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, y la suscriben nueve diputados más incluyendo a Dolores Padierna Luna, quien se encargó de presentarla en la sesión (virtual) del 19 de mayo. A pesar de la variedad temática de las reformas, la iniciativa fue turnada a una sola comisión, la correspondiente a Presupuesto y Cuenta Pública. Formalmente ahí está, no ha sido retirada ni mucho menos.

Con lo que probablemente no contaba el grupo parlamentario promotor fue con la pronta respuesta de los afectados, principalmente las comunidades de ciencia y cultura, aparte de los partidos de oposición y diversas organizaciones sociales. La respuesta social a la iniciativa hizo retroceder, muy pronto, por cierto, a sus promotores. Hicieron saber a los medios que su proyecto sería discutido en “parlamento abierto” y que considerarían la opinión de las comunidades relevantes. ¿Pero, no se hace al revés, primero se consulta y después se presenta el anteproyecto? Como sea, las expresiones públicas de los líderes de la fracción (Ricardo Monreal en el Senado y Mario Delgado en diputados) resumen el estado de la cuestión: la iniciativa está congelada… aunque no lo está.

Falta un aspecto muy importante: la discusión de la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación ¿será ese el nuevo escenario de la batalla por los recursos para investigación científica? Es muy probable.