Roberto Rodríguez Gómez

Por lo informado en prensa y redes sociales, todo indica que se ha alcanzado un acuerdo básico sobre el anteproyecto de Ley General de Educación Superior y que esta trascenderá la Congreso en breve. Así debía ser porque, se recordará, uno de los transitorios de la reforma al artículo 3o. de la Constitución (15 de mayo de 2019) ordenó al legislativo federal aprobar leyes generales en materia de educación superior y de ciencia, tecnología e innovación respectivamente a más tardar en 2020.

Casi de inmediato se inició el proceso de construcción de la norma, en el que participarían múvltiples actores involucrados en la gestión del sistema y sus instituciones. Como primera acción se convino que un grupo de especialistas y varios investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, incluido su director, elaboraran una propuesta. Este grupo tomó como base el anteproyecto publicado por Anuies en 2018. Se sumó a la tarea un equipo de la Subsecretaría de Educación Superior.

En octubre de 2019 se entregó el producto y se programaron foros de consulta en todos los estados, los que se realizarían, con apoyo de la Anuies, en los últimos meses del año. El primero de ellos en Cancún, en la Universidad Tecnológica de esa ciudad, y el último en la Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen, el 14 de diciembre. El balance de esta ronda reportó la asistencia total de más de ocho mil participantes.

Con los resultados de la consulta se encargaría la Subsecretaría de Educación Superior de elaborar una nueva versión. Con ella, el 22 de enero de este año se celebró una reunión en la sede capitalina de la Anuies con participación del titular de la Secretaría de Educación Pública, la directora del Conacyt, autoridades de la SEP, rectores y directivos de instituciones públicas y particulares del sistema, así como con los coordinadores de las fracciones parlamentarias.

De aquella reunión destacan pronunciamientos de los rectores de universidades autónomas para evitar la proliferación de iniciativas en legislaturas locales que han buscado modificar sus leyes orgánicas; la demanda de responsables de las IES para asegurar un presupuesto adecuado al desarrollo del sistema, y las expresiones de autoridades y legisladores en el sentido de avanzar a una nueva etapa de construcción legislativa en que el trabajo conjunto de los poderes ejecutivo y legislativo propiciara una norma aceptable para todos. La tarde de ese mismo día se celebró una segunda reunión, esta vez entre funcionarios de la SEP y legisladores, en que el acuerdo fue la instalación de una mesa de trabajo enfocada a la incorporación de propuestas de las fracciones para la redacción del anteproyecto formal. Para alimentar la tarea se entregó el documento de la Subsecretaría a los enlaces legislativos de la SEP que ejercerían, desde entonces, la coordinación técnica del trabajo.

Transcurrieron semanas, que se convirtieron en meses, de arduo trabajo a cargo del grupo de técnicos legislativos para la integración, consulta y validación de las sucesivas versiones del anteproyecto. En varias ocasiones se tomó el parecer de las principales agrupaciones de instituciones públicas y particulares sobre los avances de la norma, así como el punto de vista de especialistas en diversos aspectos de la misma.

El pasado sábado 29 de agosto tuvo lugar una nueva reunión en Anuies, con la presencia física del secretario de Educación Pública y el subsecretario de Educación Superior, los presidentes de las comisiones de educación del Congreso, los coordinadores de las fracciones parlamentarias, el secretario general ejecutivo de Anuies y varios rectores universitarios. En ella se presentaron los aspectos de mayor importancia de la norma, se recogieron observaciones de los legisladores y los rectores y se tomó el compromiso de integrarlos a la versión final del anteproyecto.

Entre otros de los temas, se subrayó el espíritu federalista de la Ley al especificar distribución de competencias entre federación, estados y municipios, la formalización de sistemas estatales de educación superior, y la revitalización de las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior. También se hizo notar la propuesta de fortalecer la autonomía universitaria a través del derecho de consulta y participación de las universidades e instituciones autónomas por ley en todo proceso legislativo que proponga la modificación de sus leyes orgánicas. No menos importante, el planteamiento de un fondo federal especial enfocado al logro de los objetivos de obligatoriedad y gratuidad del servicio público de educación superior. El anteproyecto, se comentó, establece regulaciones específicas para el reconocimiento de validez oficial de estudios y cuenta con una sección sobre equidad de género y combate a las formas de violencia contra las mujeres.

Para la aprobación de la Ley hace falta aún un tramo importante. En primer lugar, cerrar el anteproyecto y decidir su forma de presentación al Congreso. Puede ser por iniciativa presidencial, hipótesis menos probable, por un acuerdo entre partidos, o través de alguno de legisladores de una sola fracción. Sería deseable la posibilidad de consenso, falta su construcción política, lo que no es del todo sencillo. Sigue después el dictamen de comisiones y su eventual aprobación en el pleno de las cámaras.