Roberto Rodríguez Gómez

No son buenos tiempos para la actividad científica y tecnológica del país. El gasto en investigación y desarrollo experimental ha decaído al equivalente al 0.33 por ciento del PIB, el nivel más bajo en los últimos veinte años y el gasto público en el sector mantiene una tendencia a la baja. En tanto, los investigadores han sido objeto de descalificaciones desde el poder: se les ha señalado como privilegiados, insensibles a los problemas nacionales, turistas académicos, acaparadores de recursos, ajenos a la rendición de cuentas e insuficientemente comprometidos con la transformación política gubernamental.

En junio de 2018, en el marco de las campañas presidenciales, la actual titular del Conacyt dio a conocer un “Plan de reestructuración estratégica del Conacyt para adecuarse al Proyecto Alternativo de Nación (2018-2024) presentado por Morena”. Su autora, María Elena Álvarez Buylla-Roces, establecía ahí un diagnóstico sobre la producción científica y tecnológica nacional y proponía líneas de política para reencauzar su gestión mediante el Conacyt. La relectura de aquella propuesta permite observar que los apoyos prometidos han tenido escaso reflejo y en algunos aspectos ha ocurrido lo contrario. En cambio, la reorientación y restructura del sistema está impactando negativamente áreas relevantes de la ciencia y el desarrollo tecnológico realmente existentes.

El Plan proponía, como primer principio rector, priorizar “la descentralización del desarrollo científico y tecnológico.” ¿En qué sentido se ha promovido? En particular ¿qué medidas se han tomado para fortalecer los sistemas estatales de ciencia y tecnología? Una de las acciones recientes, la cancelación de los fondos mixtos con aportaciones de la federación y los estados, así como la liquidación de los fideicomisos correspondientes, apuntan en dirección inversa. En materia normativa Conacyt no está descentralizando atribuciones y competencias, sino al contrario.

Se proponía, también como principio rector, la “creación de nuevos centros públicos de investigación en estados que carecen de ellos.” No se ha cumplido ese propósito, en cambio los 26 CPI han padecido limitaciones, comenzando por medidas de austeridad, lo que incluye, además de los CPI, a instituciones de la talla del Cinvestav, el IPN, el Tecnológico Nacional de México y la Universidad Pedagógica Nacional. La puntilla de esa política es la probable supresión de los fideicomisos que nutrían proyectos multianuales de los investigadores, así como programas de desarrollo institucional en áreas de docencia e investigación. ¿Con ello se apoya a la ciencia y al desarrollo tecnológico? No lo parece.

¿Qué decir de los prometidos apoyos para cátedras Conacyt, para posgrados y estancias en el exterior, para repatriación de científicos y para la formación de nuevos investigadores? Decisiones como limitar el número de becarios del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, disminuir las becas internacionales y las plazas de catedráticos, no abona en favor de una política de fortalecimiento y consolidación de la ciencia mexicana, como tampoco lo hace la restricción para crear nuevas plazas académicas o la astringencia presupuestal para la adquisición de equipos, insumos y viajes al exterior.

La desarticulación del esquema de gobernanza científica operado por Conacyt en las últimas décadas tampoco conduce al fortalecimiento de esta actividad. La cancelación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la recomposición de los órganos de gobierno del organismo, así como los cambios reglamentarios de su organización, en vez de ampliar restringe las vías de coordinación con los agentes de ciencia y tecnología. Con ello se debilita Conacyt y se aleja de su objetivo central: ser la instancia de rectoría del sistema nacional. ¿Cómo llegar a ese punto deteriorando el principio de legitimidad que se basa en la interlocución y la toma de decisiones compartida con quienes producen, en efecto, la ciencia y el desarrollo tecnológico en el país?

El citado Plan proponía dar prioridad a la ciencia pública. Se advirtió desde entonces que tal principio contrariaba el carácter nacional del organismo. Aquel documento indicaba: “Se revisará con sumo cuidado la dinámica de provisión de recursos públicos a entidades privadas de formación de recursos humanos de alto nivel, lo cual incluye tanto a becas a estudiantes como al Sistema Nacional de Investigadores, con la finalidad de eliminar gastos innecesarios. El Conacyt se dotará de los mecanismos de control del flujo de recursos y encausará de manera prioritaria el gasto a entidades del sector público.”

Ello ha comenzado a surtir efecto. En el presupuesto federal 2020 se canceló el programa U003 del ramo 38, denominado “Innovación tecnológica para incrementar la productividad de las empresas”, mediante el cual Conacyt brindaba recursos y estímulos al sector productivo para desarrollo de tecnología. Además, en estos días, se ha dado a conocer la probable cancelación de los convenios con universidades privadas que posibilitaba la participación de sus académicos en el Sistema Nacional de Investigadores, medida que es discriminatoria, lesiona directamente a las personas que forman parte del sistema, y también a las instituciones que se esfuerzan en promover esa función.

Con centralización, con menos recursos, con decisiones jerarquizadas en vez de gobernanza, con prácticas de descalificación a los agentes y actores de la ciencia y la tecnología y con el deslinde del sector privado, Conacyt disminuye sus posibilidades de rectoría y pierde relevancia como una entidad capaz de articular y coordinar las actividades del sistema en su conjunto.