Roberto Rodríguez Gómez

Uno de los puntos distintivos de la campaña electoral de Joe Biden, virtual presidente electo de Estados Unidos para el periodo 2021-2024, fue la atención puesta sobre la problemática de la educación superior y la presentación de atractivas propuestas de cambio. Si se toma en cuenta, según coinciden varias encuestas, que el voto juvenil se volcó mayoritariamente en favor del candidato demócrata, con una proporción superior al sesenta por ciento, se podrá apreciar el peso de este factor en el resultado.

¿Cuáles son el diagnóstico y las propuestas centrales de futuro presidente en esta materia? Ante todo, el reconocimiento que el sistema educativo superior estadounidense atraviesa por una fase crítica marcada, entre otros elementos, por la persistente disminución de la matrícula total, el creciente incremento de los costos de acceso a la educación universitaria pública o privada, las dificultades de los egresados para lograr empleos y salarios remunerativos y especialmente la crítica condición de los deudores de préstamos estudiantiles. Según Biden, la intervención gubernamental sobre estos ángulos de la problemática es imperativa para conseguir revitalizar el sistema de educación superior, robustecer la clase media y brindar oportunidades a los sectores sociales desfavorecidos.

En su plataforma, Biden destacó tres grupos de propuestas: inversión pública en colegios comunitarios y programas de capacitación para el trabajo; acceso, permanencia, titulación y pago de deuda de los universitarios; fortalecimiento del sistema que atiende poblaciones en desventaja socioeconómica y a minorías.

Con respecto al primer rubro, la propuesta es profundizar la política de inversión pública en el conjunto de colegios comunitarios que ofrecen programas de formación de dos años. En la actualidad operan casi mil quinientas de estas instituciones con una matrícula que supera los cinco millones de inscritos. Las propuestas de Biden incluyen, en primer lugar, brindar acceso gratuito a las mismas así como a programas de capacitación laboral. La iniciativa incluye a los DREAMers y a la población adulta que desea adquirir competencias de este nivel. Además, se garantizará que el título correspondiente sea válido para proseguir educación universitaria en programas de cuatro años.

Para ello, propone Biden, se establecerá un plan en que la federación cubrirá el 75 por ciento del costo y los estados el resto. En complemento, un programa especial de fondos para que los colegios comunitarios que implementen soluciones para aumentar la retención y titulación y un programa de becas y ayudas estudiantiles enfocado a la retención y terminación de estudios. Se estima que el costo total de la iniciativa sobre colegios comunitarios y programas de capacitación laboral de alto perfil ascenderá a un total de 50 mil millones de dólares en el periodo gubernamental.

La deuda universitaria, un segundo gran tema de la propuesta de Biden, incluye a casi 45 millones de egresados, suma más de mil quinientos millones de dólares. Se estima que uno de cada cinco adultos estadounidenses está atrasado en los pagos correspondientes y uno de cada diez adultos entre 40 y 50 años aún no ha logrado cancelar su deuda universitaria. Al respecto, las propuestas del futuro presidente son de gran interés: hacer que todas las universidades públicas sean gratuitas para las familias con ingreso anual inferior a 125 mil dólares; dirigir apoyo financiero adicional a personas de bajos ingresos y clases medias duplicando la inversión federal en el programa de becas Pell, que en la actualidad beneficia a 7 millones de estudiantes, con la intención de duplicar el monto de las mismas; asegurar que los DREAMers sean elegibles para recibir ayuda financiera a través de dicho programa de becas y otros que la federación o los estados establezcan.

Adicionalmente: reducir a más de la mitad los pagos de préstamos federales para estudiantes de posgrado; asegurar la condonación de deuda e intereses para los egresados universitarios que ganen menos de 25 mil dólares al año y que todos los demás paguen el cinco por ciento de sus ingresos; asegurar la condonación total del saldo después de 20 años y modificar el código tributario para que la deuda condonada no esté sujeta a impuestos. Asimismo, establecer un programa de alivio de deuda por servicio público, consistente en 10 mil dólares de por cada año de servicio nacional o comunitario en un periodo de hasta cinco años, al cual quienes trabajen en escuelas, gobierno y organizaciones sin fines de lucro tendrán acceso automático.

Otra de las propuestas para el sector universitario es crear una norma que apoye a los estudiantes en programas universitarios de cuatro años para completar estudios y titularse. La iniciativa incluye apoyos a las instituciones para que establezcan programas con ese enfoque y apoyos a los estudiantes en condición o riesgo de interrupción o no titulación. También está presente en la plataforma brindar estímulos a los estados e instituciones que desarrollen programas de grado y posgrado más flexibles, que ofrezcan la posibilidad de estudios acelerados y facilidades para combinar estudio y trabajo.

Por último un bloque de propuestas orientadas al fomento y apoyo de colegios y universidades que cumplen la función de atender a grupos desfavorecidos o minoritarios. Estas hacen referencia a instituciones con población mayoritariamente afroamericana, hispana o indígena, así como a las instituciones, públicas o privadas, que reciben estudiantes de menores ingresos.

Está claro que entre promesas de campaña y planes de gobierno siempre hay una brecha. No obstante, será interesante observar el proceso de implementación respectivo. Una cosa es clara, Biden propone incrementar sustancialmente el gasto público en educación superior: ¿qué tal si le copiamos?