Roberto Rodríguez Gómez

Aunada a la problemática de la pandemia y a las medidas de confinamiento y austeridad que esta impone al sector de instituciones públicas de educación superior, la insuficiencia de recursos amenaza con provocar una serie crisis laboral en no pocas de estas instituciones.

A finales de octubre, representantes sindicales de las universidades autónomas con mayor déficit presupuestal (Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua, Estado de México, Tabasco, Durango y Michoacán), con respaldo de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), se reunieron con diputados federales para hacerles notar la urgencia de mejorar la asignación presupuestaria federal destinada a la educación superior pues, de otra manera, sería imposible remontar la condición de crisis económica por la que atraviesan. En esa reunión se advirtió que las universidades mencionadas requieren aproximadamente tres mil quinientos millones este año para lograr cubrir la nómina y las prestaciones de ley correspondientes al fin de año.

En ese contexto, según nota de El Universal, Enrique Levet Gorozpe, líder de la Contu, afirmó: si el resultado es negativo, si aún con todas las acciones estratégicas que estamos planteando no se resuelve, nos iríamos a un paro general de actividades que vamos a llamar: paro de computadoras apagadas, porque ahora las actividades son en línea” (28 de octubre 2020).

Posteriormente, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados recomendó elevar partidas del presupuesto de educación superior para atender tal problemática y la Anuies, por su parte, argumentó sobre la importancia de incrementar el gasto público para atender a los objetivos de obligatoriedad y gratuidad incorporados a la Constitución Federal y al programa sectorial educativo, la decisión final del Congreso mantuvo los montos dispuestos en la iniciativa del Ejecutivo, con una mínima modificación favorable al presupuesto para las escuelas normales.

El 17 de noviembre las comisiones unidas de Educación y Estudios Legislativos del Senado se reunieron para dictaminar la Ley General de Educación Superior en sus manos. Las fracciones de oposición ahí representadas enfatizaron la importancia de revisar los artículos correspondientes al financiamiento de la educación superior pública para que se garantice un presupuesto creciente en términos reales y se establezca con claridad las reglas para el fondo federal para contar con los recursos necesarios que impulsen la obligatoriedad (para el Estado) y la gratuidad de la educación superior pública. El acuerdo en esa ocasión fue aprobar el dictamen en lo general y abrir espacio para la presentación de reservas ante el pleno de la cámara alta.

El mismo día de la reunión de los senadores se celebró una conferencia de prensa convocada por representantes de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura, la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios y la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, en la que dichas agrupaciones expresaron su inconformidad con la iniciativa de ley por no haber incluido el punto de vista de las comunidades de estudiantes, académicos y trabajadores. Además, según reporte de La Jornada, “exhortaron a los legisladores fortalecer la autonomía universitaria mediante presupuestos suficientes, oportunos e incondicionales. Pidieron poner fin a la precarización laboral de los trabajadores universitarios.” (17 de noviembre 2020).

Desde 2017 el problema de la crisis financiera de un amplio grupo de universidades públicas y otras instituciones de educación superior ha generado movilizaciones, conflictos y huelgas laborales con cierta periodicidad. Es un tema que se vuelve crónico, incrementa sus alcanzas y amenaza con provocar inestabilidades por lo pronto locales. En algunas entidades, pongamos por caso Zacatecas, los sindicatos universitarios se han unido para plantear una estrategia común que, llegado el momento, podría paralizar las actividades correspondientes en toda la entidad. En otras entidades el emplazamiento a huelgas universitarias está en el horizonte inmediato.

En instituciones públicas de educación superior e investigación científica dependientes de la SEP el panorama tampoco es halagador. A las medidas de austeridad impuestas este año por la administración pública federal, la cancelación de los fideicomisos que les aportaban recursos y la probable reducción de prestaciones de fin de año al personal académico de tiempo completo, se suma la disposición de Hacienda de limitar la creación de nuevas plazas académicas y desde luego administrativas.

No menos importante, la problemática que se enfrentará al inicio del próximo semestre en materia de recontratación del personal por horas, es decir el profesorado de asignatura que debe renovar su condición laboral en cada periodo. La elaboración de las plantillas correspondientes en condiciones que, por la pandemia, dificultan la logística de formación de grupos, horarios y profesores responsables, habrá de ser un elemento que agregue complejidad a la escena laboral universitaria.

Confinamiento, incertidumbre financiera, precariedad laboral, repetición de paros y huelgas, entre otros aspectos, se pueden combinar para un fin de año especialmente difícil.