Roberto Rodríguez Gómez

La noticia que viene de España no es del todo nueva. En diciembre del año pasado, en el marco de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, se informó de un incremento sustancial en las partidas de gasto para programas de investigación, desarrollo e innovación que, como es sabido, distribuye recursos públicos a las agencias del gobierno, la academia y el sector privado para promover la investigación básica y aplicada, así como el desarrollo tecnológico y la innovación competitiva.

Como se comunicó, se trata de un aumento total de 59.4 por ciento con respecto al de 2020. Según Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación de España, el presupuesto para estas actividades totaliza más de 3,230 millones de euros (casi ochenta mil millones de pesos) e implica una aportación adicional superior a mil millones de euros de un año a otro. Ello, según sus palabras, representa un acontecimiento inédito en la historia del país.

Cabe acotar que la mayor parte del incremento para el sector proviene del Plan de Recuperación para Europa, propuesto por la Comisión Europea en mayo de 2020 y aprobado por el Parlamento Europeo en junio del mismo año. Por las iniciativas presentadas, España resultó uno de los países más favorecidos, con poco más de un 20 por ciento de participación en su distribución anual. El fondo para la recuperación europea tiene dos vertientes. La primera, denominada Next Generation EU está dotada con 750 mil millones de euros, para conceder ayudas a fondo perdido en el periodo de 2021 a 2023. La segunda vertiente se titula Presupuesto Europeo a Largo Plazo Reforzado (2021-2027) y reserva poco más un billón de euros para estabilizar la economía de la Unión Europea y proyectar su desarrollo en la siguiente década.

Lo interesante del asunto es que los recursos del Next Generation EU disponen un conjunto limitado de prioridades para su reparto y aplicación. Estas son: investigación e innovación, a través de Horizonte Europa; transiciones climática y digital justas; preparación, recuperación y resiliencia. Con estos tres temas, considerados de máxima prioridad, se concentra la mitad de los recursos aprobados por las autoridades de la Unión Europea. El resto corresponde a temas tales como: modernización del sector primario; combate al cambio climático; protección a la biodiversidad y políticas de igualdad de género, entre otros.

Por ello, el programa de desarrollo científico y tecnológico presentado por España, que a su armoniza con la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, se concentró en cuatro áreas generales de I+D+I, a saber: la transición ecológica, la digitalización, la cohesión social y territorial y la agenda feminista. Además, está expresamente enfocado al fortalecimiento de programas de investigación y desarrollo tecnológico en las áreas de biotecnología y salud pública, para las cuales propone alianzas (proyectos conjuntos) entre los sectores público y privado tanto en materia de investigación básica como en desarrollo de tecnologías que aporte, a corto, mediano y largo plazo en la prevención y tratamiento de posibles epidemias y el combate de la actual.

La idea que subyace en esta decisión es simple: el apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación es estratégico no solo para resolver la emergencia sanitaria sino, también, para fincar una plataforma de crecimiento económico y desarrollo sostenible. Con lo cual, dicho sea de paso, se coincide con el punto de vista de la mayoría de los países en etapas avanzadas de desarrollo.

No todo es miel sobre hojuelas, como en cualquier política pública. En el contexto español hay críticos que cuestionan el protagonismo del gobierno en turno al propalar la idea que el notable incremento en el gasto científico proviene de su liderazgo, cuando se trata en realidad de recursos provenientes de la Unión Europea. También se critica el apoyo que se prestará, a través de esa fuerte inversión, al sector privado, lo que no toma en cuenta que de esa manera viene reglamentado el fondo en cuestión y cuando, de hecho, los proyectos presentados pasaron por el arbitraje de una comisión ad hoc que tomó en cuenta la pertinencia de los objetivos y metas en el marco de las estrategias de recuperación de la Unión en su conjunto.

Por lo pronto, gracias al aumento presupuestal, el ministerio está proponiendo varias medidas de reforma y restructuración del aparato científico español, entre las que destaca la reintroducción de las agencias estatales de I+D+I, suprimidas en 2015 por insuficiencia de recursos, así como el rediseño de la carrera de investigador, para lo cual, de acuerdo a lo informado por Pablo Martín, subsecretario del Ministerio de Ciencia e Innovación, “se destinarán 62 millones de euros a nuevas convocatorias de formación e incorporación de doctores a las empresas y a la implementación de un nuevo modelo de contratación estable y se incluirá una tasa de reposición para el personal de I+D+I del 110%, lo que significa que de cada 100 investigadores que se jubilen, se contratarán 110 investigadores para el sistema de investigación” (El Mundo, 30 de octubre de 2020, nota de Teresa Guerrero).

Hay razones para evitar comparar lo que ocurre en otros países con nuestra realidad, son contextos diferentes. Pero la duda cabe: ¿no será que estamos caminando en dirección contraria al resto?