Roberto Rodríguez Gómez

Entre los elementos de diagnóstico y propuestas sobre la educación superior, disponibles a la consulta gubernamental para la orientación de la ruta educativa de los próximos años, sobresale el estudio institucional elaborado en el marco del proyecto "Revisión Temática de la OCDE sobre la Educación Terciaria". El texto correspondiente, preparado por la Subsecretaría de la Educación Superior (SES), se titula "La política educativa y la educación superior en México 1995-2006: un balance", y fue publicado por la entidad gubernamental y el Fondo de Cultura Económica a fines del año pasado.

Un segundo material de referencia es el documento de la ANUIES "Consolidación y avance de la educación superior en México. Elementos de diagnóstico y propuestas", en el cual se sintetizan los resultados del proceso de consulta y revisión desarrollado en 2005 y 2006, mediante los nueve Foros Nacionales Temáticos organizados por la Asociación en el periodo. Este documento fue publicado a finales de 2006, previa aprobación de Asamblea General, y remitido al equipo de transición del presidente electo.

Sin dejar de reconocer los logros de los programas desarrollados por la autoridad educativa federal, la ANUIES presenta una postura crítica en varios renglones. En particular acentúa la escasa correspondencia entre la formas de coordinación vigentes y el tamaño y diversidad del sistema, su desarticulación con los niveles educativos previos, su rigidez para posibilitar la movilidad de estudiantes y profesores, los alcances limitados en cobertura y financiamiento, la persistencia de altos índices de abandono y desiguales niveles de calidad entre las IES, la falta de articulación entre los procesos de evaluación, la carencia de una política de renovación de la planta académica, y las debilidades de las políticas de investigación y vinculación.

Propone la ANUIES, en consecuencia, un conjunto de enfoques y acciones para mejorar los mecanismos de coordinación y regulación, ampliar la cobertura, renovar el currículum con base en criterios de calidad, pertinencia y responsabilidad social, innovar en las formas de generación y difusión de conocimientos, consolidar las funciones de investigación y docencia de posgrado, articular los servicios de extensión, vinculación y difusión, ampliar la base financiera y construir un sistema nacional de información de la educación superior.

Desde la perspectiva de la ANUIES ameritan continuidad varios de los programas establecidos, entre ellos el programa de becas, los programas integrales de fortalecimiento institucional, el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y el Programa Nacional de Posgrado (PNP). Se consideran como líneas a profundizar la internacionalización, la acreditación, y la asignación de recursos extraordinarios mediante indicadores de desempeño institucional.

El documento de ANUIES insiste, no obstante, en la necesidad de transitar hacia un esquema de regulación más coherente, que se caracterice por el fortalecimiento de los sistemas estatales de educación superior, y por la renovación del papel de la autoridad federal como soporte de las políticas sectoriales: con énfasis en la coordinación, menos burocrático y más efectivo.

El estudio de la SES coincide en la mayoría de los puntos problemáticos identificados por la ANUIES. En suma, la necesidad de mejorar el sistema en materia de cobertura, equidad, pertinencia, eficiencia, evaluación, financiamiento, coordinación, actualización curricular, profesionalización, internacionalización; uso de nuevas tecnologías y fomento a la investigación y la innovación.

Para la generalidad de estos aspectos, se propone la ruta de consolidación de procesos y programa en marcha. Como justificación del enfoque se postula que "una gran fortaleza en materia de educación superior es la continuidad que, desde la década de los ochenta, han tenido sus objetivos centrales" (pág. 277). Por ello, aunque el informe contiene casi un centenar de recomendaciones específicas, son escasas las que podrían considerarse de nuevo cuño. Algunos ejemplos: la universidad de educación a distancia; la evaluación de la pertinencia de los programas; los exámenes estandarizados de trayecto y egreso; el enfoque de formación considerando el mercado de trabajo internacional, y la obligatoriedad de la evaluación externa y la acreditación de programas en instituciones públicas y privadas.

El documento SES también pondera la importancia de impulsar los sistemas estatales, entendiendo al sistema nacional como un "espacio común". Para ello, propone la renovación del sistema de regulación mediante la articulación de tres instancias: el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), la creación de un Consejo Consultivo que coadyuve a la toma de decisiones de ese órgano, y el reforzamiento de las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior (COEPES).

Sin ánimo de cuestionar a fondo la orientación de los documentos aquí reseñados, queda pendiente una pregunta elemental: ¿Por qué la continuidad y profundización de las políticas de educación superior de los últimos quince años habría de producir mejores resultados que los alcanzados hasta el presente? Si se toma en serio esta interrogante, la definición del programa sectorial debería ofrecernos elementos de respuesta convincentes. Al menos eso es lo que se espera.