Roberto Rodríguez Gómez

El sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) profundizó la transición iniciada por Miguel de la Madrid para equilibrar las finanzas gubernamentales, modificar el papel del Estado en la economía, así como dar continuidad a los mecanismos de nueva gestión pública implantados en el sexenio previo. Entre las prioridades de la administración salinista destaca la renegociación de la deuda externa, la privatización de empresas paraestatales, la apertura externa y la integración al bloque norteamericano a través de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.

En materia de política social, la implantación y desarrollo del programa “Solidaridad” definiría el enfoque principal del régimen para atender la problemática de la pobreza y el desempleo que la propia transición generaba. El Pronasol otorgaba becas y otros subsidios individuales a los beneficiarios y llegó a concentrar, en el sexenio, más del cuarenta por ciento del gasto público en programas sociales. Este programa fue permanentemente criticado, por las fuerzas de izquierda y derecha, al ser considerado una estrategia clientelar y por lo tanto electoral. No obstante, el enfoque prevalecería, con distintas denominaciones, en las administraciones sucesivas, incluso la actual.

En materia educativa, desde la campaña presidencial se anticipó el desarrollo de un programa de modernización con los objetivos de mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje; elevar la escolaridad de la población; auspiciar la participación social y descentralizar los servicios públicos. Estos propósitos tomarían forma en el Programa Nacional de Modernización Educativa derivado del Plan Nacional de Desarrollo.

El presidente Salinas y su equipo de trabajo consideraban que para concretar el proyecto de modernización educativa, en particular el propósito de descentralización, era indispensable reconstruir la relación entre el gobierno y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Como primera medida, apoyaron el relevo de la dirigencia sindical y el traspaso del mando de Carlos Jonguitud Barrios a Elba Esther Gordillo, lo que ocurrió en 1989. La operación no rindió, en ese momento, los frutos esperados sino que colocó al SNTE en una posición opositora.

El primer titular de la SEP en el periodo, Manuel Bartlett, no logró instrumentar el acuerdo y el puesto fue cedido, en enero de 1992, a Ernesto Zedillo, en ese momento secretario de Programación y Presupuesto. Aunque solo duró en la SEP dos años (1992 y 1993), Zedillo, con el apoyo de los subsecretarios de educación básica Gilberto Guevara y Olac Fuentes, consiguió suscribir con el SNTE y los gobiernos de los estados el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (mayo de 1992), así como reorientar la política educativa, en cuyo diseño e implementación tendría participación la dirigencia sindical. El nuevo enfoque se expresaría en el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000.

Se determinó que el currículum de primaria se modificaría para retornar a la estructura por asignaturas en vez de las áreas de conocimiento fijadas en la reforma de 1972. Esta medida, así como la obligatoriedad de la educación secundaria decretada en marzo de 1993, respondían a demandas del sindicato y fueron acogidas por el régimen, como también el impuso a la formación docente de carácter inicial y continuo. Con la gestión de Zedillo también dio inicio la asesoría de expertos de organismos internacionales, principalmente de la UNESCO, para apoyar la transformación pedagógica requerida, lo que habría de plasmarse en el cambio de la programación por objetivos de aprendizaje a la definición de “perfiles de desempeño” de los estudiantes, a partir de los cuales se determinarían los nuevos planes de estudio.

En forma simultánea a la elaboración de nuevos programas se decidió la elaboración de nuevos libros de texto que apoyaran la reforma curricular. Se lanzó una convocatoria en 1992, pero el jurado declaró desierto el veredicto sobre las propuestas. Para el libro de historia se encargó a dos reconocidos historiadores (Enrique Florescano y Héctor Aguilar Camín) que integraran un grupo para la elaboración de manuales correspondientes a los grados cuarto, quinto y sexto de primaria, con la indicación de concentrar su contenido en historia nacional. El resultado del trabajo fue entregado en agosto de 1992 y aunque fue saludado con beneplácito por el presidente, el secretario de Educación y la lideresa del SNTE, al darse a conocer al público se desencadenó una fuerte polémica.

De esa edición algunos condenaban la desaparición de figuras de la historia patria (el Pípila y los niños héroes, entre otros), la reivindicación de Porfirio Díaz en los procesos de modernización e industrialización en el siglo XIX, así como la favorable ponderación del “liberalismo social” que esgrimía el presidente de la República. En esa época se enfrentaban dos fracciones en el PRI: los políticos y los tecnócratas. Los primeros se sumaron a la corriente crítica, aunque probablemente el factor que determinó la cancelación de esos textos fue la opinión crítica del SNTE presentada en el ámbito legislativo.

Luego de un periodo de encendido debate (un seguimiento puntual del mismo puede ser consultado en la tesis de Norma Leticia Jiménez “La reforma de la educación básica en la reforma salinista: el caso de los libros de texto gratuitos de historia”, UPN, 2006), se tomó la decisión de retirar los libros de texto producidos, publicados por la editorial Santillana, y abrir nuevos concursos para los grados de historia. De nueva cuenta, se declararon desiertos. Para suplir su ausencia se distribuyeron las Lecciones de Historia (elaboradas por la SEP) en calidad de textos emergentes.

Finalmente, la salida de Zedillo de la SEP abrió la posibilidad para que, a partir de 1994, la SEP tomara control de la producción de la nueva generación de libros de texto adecuados a los programas del ciclo de primaria.