Roberto Rodríguez Gómez

La semana pasada iniciamos un comentario sobre la política de educación superior del sexenio. Abordamos los temas de financiamiento y cobertura, así como los incentivos a la calidad académica desarrollados en los últimos años. Esta ocasión consideraremos la política de equidad centrada en el programa de becas a estudiantes.

En la confección del programa de educación superior se recogieron varios elementos: los planteamientos de ANUIES contenidos en "La educación superior en el siglo XXI", algunas de las propuestas del presidente en su campaña electoral, específicamente los propósitos de "establecer la equidad como imperativo en la educación" y "modernizar la educación a distancia", las recomendaciones del sector de educación tecnológica, y algunos temas sugeridos por la organización de universidades particulares.

La política de equidad, plasmada en el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) tiene como antecedente los programas de becas y financiamiento experimentados en Guanajuato cuando Vicente Fox era gobernador. Primero, el programa BK-1000 (1996), y más adelante los programas operados por el Instituto de Financiamiento e Información para la Educación (1999). Por ello, no es de extrañar que la política de becas haya sido prioritaria desde el principio del ejercicio gubernamental.

Llama la atención que la meta impuesta al PRONABES en el Programa Nacional de Educación, 300 mil estudiantes en 2006, seguramente alcanzará a ser cumplida. Excepto el primer año (2001-2002), que el programa inició con 44,422 becas, en cada uno de los siguientes se han distribuido 65 mil nuevas becas promedio. Por razones obvias, cada año el número de renovaciones es mayor y se estima que, en el último ejercicio (2006-2007), serán autorizadas unas 160 mil becas, de las cuales 65 mil nuevas y 95 mil renovaciones. El número de nuevas becas otorgadas por año equivale, aproximadamente, al 20 por ciento de la matrícula de primer ingreso a universidades públicas.

Lo más importante, sin embargo, consiste en que a nivel nacional el PRONABES ha logrado satisfacer casi al 80 por ciento de las solicitudes. Este indicador varía entre estados. En la mayoría, se han alcanzado tasas de cobertura (relación entre solicitudes y becas entregadas) cercanas al cien por ciento. Pero en Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Distrito Federal, el número de solicitantes sobrepasa significativamente a las becas disponibles. Un esfuerzo financiero al menos equiparable al de este sexenio permitiría, en pocos años, lograr un nivel de cobertura completo para el grupo socioeconómico más desprotegido que, para el caso de PRONABES, se ubica en tres salarios mínimos o menos.

De acuerdo con la evaluación externa del programa, a cargo del CIDE y la ANUIES, bajo la coordinación de la doctora Teresa Bracho, el balance del programa puede considerarse como muy positivo, ya que "se está atendiendo a una población en desventaja bajo criterios de equidad, incrementando sus posibilidades de acceso y permanencia en el sistema educativo." (véase Teresa Bracho, El Programa Nacional de Becas para Educación Superior, ANUIES, 2006). Según el reporte, una proporción muy alta de los becarios aprovecha el estímulo manteniendo regularidad en su trayectoria. Quizás es temprano para evaluar el impacto académico del PRONABES, pero todo apunta a que los objetivos básicos se están cumpliendo. Con todo, la misma evaluación hace notar tensiones.

En primer lugar, la ya comentada desigualdad entre las entidades federativas. La problemática se deriva, principalmente, de los distintos enfoques de política social y de política educativa prevalecientes en los estados del país, aunque parte de la responsabilidad recae en la distribución federal de recursos para el financiamiento de la educación superior en el territorio nacional. Otra tensión identificada se relaciona con la regla de "áreas preferentes". Como destaca la evaluación, la idea de articular el propósito de equidad del programa, con una estrategia de encauzamiento de la demanda hacia áreas profesionales no saturadas, ha resultado, en la práctica, una difícil combinación.

La administración del programa (distribución, gestión, supervisión y seguimiento) no es la óptima a juicio de la evaluación. Habría trecho por recorrer en la profesionalización del personal, en la mejora de los mecanismos y procedimientos, y en las reglas operativas. No obstante, para los próximos años, el desafío principal es la viabilidad financiera.

A medida que se incremente el número de estudiantes en el segmento público de la educación superior, se esperaría que aumentara proporcionalmente el volumen de becarios y, por lo tanto, la proporción de gasto público dedicada a ese concepto. La tendencia se puede volver problemática si llega a cruzarse con otras prioridades de desarrollo universitario que también requieren recursos, como la investigación, el salario académico, la dotación de infraestructura y, en general, los planes de desarrollo académico.

¿Cómo combinar la continuidad de un proyecto de equidad exitoso, pero que implica recursos fiscales crecientes, con políticas de innovación universitaria que asimismo requieren financiamiento fresco para su implantación y despegue? Ese es quizás uno de los retos más importantes para la próxima administración. Otro desafío es de naturaleza política. Para quien sea electo presidente, PRONABES será uno de los programas que convenga proseguir. En caso que la oposición alcance el poder ejecutivo ¿qué orden de reformulación se intentará para evitar un efecto de simple continuidad de políticas?