Roberto Rodríguez Gómez

Revalorizar la tarea docente fue el objetivo educativo principal del actual gobierno al inicio de la administración. Con ello, se afirmaba, terminaría la era del maltrato a la imagen de los profesores y las medidas de corte punitivo implantadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se han cumplido tres años de ese pronunciamiento que, sin lugar a dudas, abrió una expectativa de cambio y mejora. Hasta el momento, la implementación práctica de la política de revaloración magisterial (o “revalorización”, según la jerga oficial) ha tenido reflejo en el plano normativo y en el diseño de nuevos instrumentos y procedimientos pero, en el plano de lo concreto y tangible, su expresión ha sido poco afortunada.

En efecto, el propósito inicial de la administración en curso fue la reforma normativa del régimen educativo. Tal objetivo se cumplió, con el concurso del poder legislativo, mediante la reforma del marco constitucional correspondiente y a través de la emisión de la Ley General de Educación; la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución en materia de Mejora Continua de la Educación; la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la Ley General de Educación Superior.

La renovación del marco legal impuso nuevas obligaciones que se plasmarían en la creación o reforma de instituciones, así como en el diseño e implementación de programas y proyectos afines, entre los cuales destacaba la idea de mejorar las condiciones de trabajo y los ingresos del personal dedicado a las funciones de docencia. Sobre esta base se estableció, en primer lugar, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) en reemplazo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), del que incorporó la mayoría de sus funciones, salvo las correspondientes a la evaluación docente.

Además de haber perdido la categoría de organismo constitucional autónomo que tenía el INEE, Mejoredu ha visto restringidas posibilidades de operación por efecto de una drástica reducción presupuestaria: en el PEF de 2018 al INEE se autorizó un presupuesto de 1.23 miles de millones de pesos; en el de 2019 para Mejoredu fueron adjudicados 697.3 millones de pesos, es decir la mitad de lo que recibía el INEE y para 2021 solo 577.2 millones de pesos. Si la tendencia de otorgar cada año menos presupuesto al organismo se mantiene, las posibilidades de desarrollo del organismo también se verán limitadas.

Cabe agregar al panorama que, como resultado de la decisión presidencial de recuperar la inversión pública en los fideicomisos para educación y actividades científicas, Mejoredu canceló el fideicomiso asociado con Conacyt para apoyar investigaciones en temas relacionados con evaluación, lo que significó a devolución de aproximadamente cincuenta millones de pesos y así como la cancelación de esa línea de acción.

Similar es el caso de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), que vino a reemplazar a la anterior Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD). La nueva unidad no tiene ya la responsabilidad de evaluar a los maestros en servicio para la confirmación de su plaza, pero sí la de proceder a evaluaciones con fines de promoción y para ingreso a la función docente en los niveles de educación básica y media superior. Parte de la tarea encomendada se ha cumplido a través de la emisión de reglas y procedimientos, así como con el diseño de nuevos instrumentos de evaluación, tarea realizada en colaboración con Mejoredu. Pero los resultados alcanzados dejan mucho que desear.

En primer lugar, porque el programa de promoción horizontal para las maestras y maestros se demoró hasta este año, ya que, según lo declarado hace un año por Francisco Cartas Cabrera, en ese momento titular de la USICAMM: “debido a la contingencia sanitaria por el covid-19, el programa de promoción horizontal para las maestras y maestros, no cuenta con presupuesto para ponerlo a funcionar” (Profelandia, editorial, 20 de junio 2020).

Al igual que en el INEE la disminución del presupuesto para la USICAMM ha sido una constante. A la CNSPD se autorizó un presupuesto en 2018 de 926.4 millones de pesos. En 2019 correspondieron a la unidad 556.3 millones de pesos. En 2021 el PEF le asignó 187.6 millones de pesos, o sea cada año menos.

A esa demora se sumaría, durante los primeros meses de 2021, el malestar de los aspirantes a plazas o promociones por la inoperancia de las plataformas para el registro correspondiente. El titular de la unidad renunció el 21 de junio pasado y fue sustituido por la profesora Adela Piña, quien presidió la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados en la legislatura saliente. La persona titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, indicó, como motivo del reemplazo, el propósito “de mejorar los procesos administrativos y de capacitación en favor de los maestros” (La Jornada, 22 de junio 2021). Pero el panorama no está mejorando: empeora.

El 6 de julio de este año la SEP publicó un boletín en el que indica que en la evaluación de resultados de la convocatoria emitida en diciembre de 2020: “se identificaron 79 participantes que incurrieron en conductas atípicas durante la aplicación del Instrumento de Valoración de Conocimientos y Aptitudes y (…) se identificaron cadenas de respuesta 100 por ciento idénticas en el Cuestionario de Habilidades Directivas, es decir, respuestas correctas e incorrectas exactamente iguales entre 5 mil 787 participantes.”

La respuesta de los maestros, y del propio SNTE, no se hizo esperar: El gremio declaró que la sospecha de corrupción debe ser inmediatamente aclarada puesto que “la USICAMM es la única responsable de la elaboración y administración de los instrumentos de evaluación” (Milenio, 6 de julio de 2021).

Así las cosas, ¿para cuándo la revaloración del magisterio?