Roberto Rodríguez Gómez

En la primera parte del ensayo se abordaron algunos desafíos y oportunidades para el cambio universitario en el contexto de la globalización y la transición hacia la sociedad del conocimiento. En la segunda, se hizo un recuento de algunas transformaciones universitarias que han tenido lugar en países del mundo desarrollado, así como una breve revisión de la política de educación superior seguida en México en los últimos años. Toca en esta ocasión formular algunas conclusiones sobre la revisión planteada.

Dilemas básicos para proponer un cambio de enfoque en las políticas de educación superior

Aunque la reforma de la educación superior es un tema de la mayor importancia para el país, los resultados de las últimas tres décadas son altamente inconsistentes en términos políticos y sociales. A partir de los ochenta, las sucesivas gestiones presidenciales han dado forma a una suerte de modernización que no siempre ha resultado coherente y con rumbo definido. Se ha carecido de un planteamiento rector que articule las diferentes políticas gubernamentales en una dimensión de largo aliento y que atienda -desde una perspectiva de Estado- a las demandas y necesidades de la sociedad mexicana. Las reformas impulsadas han privilegiado el corto plazo y una visión técnica de los complejos componentes del sistema educativo superior. En tal sentido, se han ignorado las dimensiones sociales del problema universitario en México y, temas fundamentales de la educación superior nacional -como la democracia, la igualdad y la compensación de las diferencias sociales en México- han quedado subsumidos en la retórica de la modernización y de la funcionalidad técnica.

Como es sabido las instituciones sociales están articuladas a su tiempo y a su espacio. En tal sentido, las transformaciones que se han vivido en las instituciones de educación superior de México responden a las dinámicas específicas de nuestro país. Sin embargo, existen algunos factores y tendencias con un amplio rango de impacto. Es el caso de la educación superior de nuestro tiempo, la cual vive una multiplicidad de tensiones que rebasan por mucho las fronteras nacionales. Algunas de las tensiones más relevantes, aunque no necesariamente las más visibles para la agenda de política educativa superior en curso, pueden resumirse en los siguientes enunciados:

a) Tradición e innovación. Una de las tensiones más reiteradas en la educación superior es la que alude a las tradiciones históricas de las instituciones universitarias frente a los necesarios cambios que requieren para responder a los retos actuales. ¿Cómo transformar a las instituciones sin vulnerar su esencia y su compromiso ante el saber?.

b) Demandas crecientes y apoyos decrecientes. La educación superior se ha situado en el centro de lo social y es depositaria de una multiplicidad de expectativas y demandas individuales, sociales, políticas, económicas y culturales. De manera paradójica la educación superior vive una etapa de restricciones financieras y desde los ámbitos de poder se han limitado los beneficios del financiamiento pleno e incondicional a las instituciones encargadas de la educación superior ¿Es posible encontrar una conciliación entre ambos extremos? ¿Cómo alcanzar niveles adecuados de coherencia entre las demandas a la educación superior y el respaldo financiero?

c) Reproducción o creación de conocimiento. La pregunta sobre las funciones docente y de investigación de la educación superior se vuelve a hacer presente. ¿Es posible articularlas ...o separarlas?; ¿Cómo situar el tema de la extensión de la cultura?.

d) Educación superior y poder. La presencia de la política es creciente en la educación superior y las decisiones gubernamentales se hacen presentes en múltiples ángulos de las instituciones de educación. ¿Cómo establecer los márgenes adecuados de autonomía del saber frente a poder? ¿Cómo garantizar el cumplimiento de las responsabilidades sociales de la educación superior sin interferir en sus funciones?.

e) Educación superior y hacer. La educación superior vive una de sus principales tensiones en su papel frente a los mercados. Se discute sobre la pertinencia de que las instituciones "produzcan" "recursos humanos" o "capital humano" para el trabajo productivo, o si su responsabilidad ha de responder a la necesidad de formar sujetos sociales para integrarse a una sociedad de trabajo y conocimiento cada vez más compleja ¿Se puede encontrar un acuerdo?.

f) Educación superior funcional o educación superior "sin condición". Se vive una tensión que enfrenta el sentido mismo de la educación superior y que se sintetiza en la idea de una educación superior funcional y pragmática, frente a otra crítica o "sin condición" cuyo mayor compromiso está centrado en la búsqueda de la verdad y en el derecho a cuestionarlo todo. ¿Es posible construir una educación superior que atienda las necesidades de su entorno sin renunciar a su esencia académica? ¿Es posible conciliar en la educación superior las demandas del ámbito laboral con la amplitud de demandas que plantea una sociedad en transición como la mexicana?.

El papel de las instituciones

En los últimos años, el campo de la educación superior ha experimentado un variado repertorio de políticas, estrategias y programas diseñados con el propósito de modernizar el sistema, racionalizarlo y propiciar una mejor calidad de formación en la opción pública. Entre las medidas que destacan por su alcance e implicaciones cabe mencionar, en primer lugar, la pauta de diversificación del sistema mediante el impulso a la educación superior tecnológica, materializado en la creación de un número relevante de institutos y universidades tecnológicas y politécnicas. En segundo lugar, la generalización de formas de evaluación que comprenden a las instituciones, los programas y al personal académico. En tercero, la gradual diferenciación del financiamiento en, por un lado, rubros de subsidio directo, de origen federal, estatal y combinado y, por otro, programas para el acceso a fondos no regularizables para equipamiento, becas destinadas a profesores e investigadores de tiempo completo y apoyos para la creación o reforma de programas académicos.

Cambio complicado

En el ámbito de las universidades, el proceso de cambio no aparece como un sistema sencillo, claro y ordenado. Por el contrario, a lo largo de un período que se extiende sobre los últimos tres sexenios, la concreción de las políticas ha dado lugar a variados programas, instancias y procedimientos cuya racionalidad sólo es posible reconstruir ex post factum, ya que su orientación se ha plasmado en ciclos sucesivos de ensayo y ajuste. Si bien no es difícil localizar y describir las líneas de continuidad en la política universitaria de los últimos gobiernos y el actual, es importante reconocer que la gestión del cambio ha venido modificándose desde un esquema en que los acuerdos entre la ANUIES y la SEP marcaban la pauta, a otro en que la agenda de la SEP buscaba prevalecer en el el escenario.

En el ciclo ANUIES-SEP la asociación de los rectores cumplía funciones de diseño, implantación y supervisión de los programas convenidos y la SEP establecía condiciones para el financiamiento y administración de los recursos. El segundo ciclo, con un mayor protagonismo de la instancia gubernamental en la definición del rumbo de transformación universitaria, si bien mantiene una constante interacción con la agencia que representa a la autoridad universitaria, indudablemente ha restado capacidad de maniobra a ésta última en aspectos cruciales, como por ejemplo para la definición de la reglas mediante las cuales se busca planificar los programas institucionales de mediano plazo. El nuevo esquema tiene quizás la ventaja de concentrar en un sólo ámbito las funciones de planeación general y administración de fondos, y por lo tanto una mayor profundidad en la gestión de incentivos y para la progresiva adecuación del modelo con base en las respuestas y resultados que se alcancen. No obstante, tiende a limitar facultades a un sistema que se define histórica y normativamente como autónomo.

Las tensiones del cambio de enfoque son evidentes. En algunos casos se manifiestan mediante expresiones en favor de la autonomía universitaria de parte de algunos rectores, claramente aquellos que representan a las instituciones con mayor fuerza relativa en el sistema. En otros, en movimientos centrífugos de interlocución entre universidades y gobiernos locales o, por el contrario, en la renovada tendencia a buscar condiciones de trato bilateral entre la institución y las instancias del gobierno federal.

Por otra parte, la lógica de "competitividad" que se sobrepone al discurso y a las prácticas derivadas de las políticas y programas gubernamentales conlleva otro riesgo importante: la segmentación del sistema público en unidades de calidad diferenciada conforme a estándares y criterios determinados en un ámbito central, lo que tienden a desplazar el lugar que corresponde a los propósitos de calidad y pertinencia emanados de la identidad y misión de cada institución en su entorno, o a los acordados entre instituciones autónomas del Estado. El punto crítico en este aspecto no es, obviamente, si las instituciones debieran renunciar a metas de calidad o relativizarlas, sino en quiénes y cómo definen, en cada caso, cuáles son los estándares que sirven como referencia a dichas metas.

A la postre, es previsible que las instituciones recobren márgenes de autonomía, ya sea porque, en efecto, los programas de fortalecimiento académico en curso alcancen los propósitos de consolidación institucional enunciados, bien porque la propia SEP pierda capacidad de penetración al ver limitados los recursos que le otorga la Federación para sus programas. Ambos escenarios están a la vista, lo que quiere decir que el juego vuelve a quedar, principalmente, del lado de las instituciones y que, en buena medida, la capacidad que en ellas se despliegue para resolver sus problemas y avanzar, así como los esquemas de cooperación interinstitucionales que se alcancen, habrán de determinar el rumbo de la universidad pública del país.

Algunas universidades públicas ya han entendido el espacio de oportunidad que se abre y la importancia que hoy tiene acelerar procesos de cambio desde la autonomía que les concede la ley. Es éste un movimiento al que el Estado debiera prestar pleno respaldo y no inhibir, aunque pueda diferir del modelo de planeación que se impulsado en los últimos años.