Roberto Rodríguez Gómez

El segundo año del periodo presidencial de Felipe Calderón Hinojosa inició el primero de diciembre de 2007. Sin embargo, para todos los efectos prácticos, es enero de 2008 la fecha que puede considerarse como línea de salida de este año crucial en el sexenio. ¿Por qué crucial? Para comenzar, porque las políticas públicas a ser implementadas cuentan ya con la guía del Plan Nacional de Desarrollo, concluido a mediados de 2007, y con los programas sectoriales que definen los propósitos generales, objetivos y metas del Ejecutivo federal en las áreas de la administración pública centralizada.

En educación superior, el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012, publicado en noviembre del año pasado, indica un amplio repertorio de estrategias y líneas de acción para alcanzar los indicadores y metas que el propio instrumento de planeación determina. El comentario puntual a las propuestas del PSE requiere su propio espacio, por ahora baste señalar que, en términos generales, el programa, además de anticipar la continuidad y profundización de las líneas de política educativa fijadas en los últimos sexenios, enfatiza la necesidad de mejorar los instrumentos de planeación y coordinación, extender y sistematizar los esquemas de evaluación, ampliar los instrumentos enfocados a la equidad de acceso y permanencia en el sistema, intensificar el uso de tecnologías de enseñanza, e incrementar la participación social en la gestión educativa.

Aunque los objetivos, estrategias y líneas acción del PSE están fraseados de otra manera, mucho más no encontrará el lector al hojear el documento correspondiente. Con todo, algunas de las metas establecidas dan idea de las opciones que la SEP está dispuesta a apoyar en los próximos años. Veamos sólo algunos ejemplos.

En materia de fortalecimiento docente se sugiere dar continuidad al programa de mejoramiento del profesorado (Promep) y extender su operación a todos los subsistemas de educación superior, adecuándolo a las características y circunstancias particulares de cada uno. (PSE, pág. 27). A través de ello, se indica, se lograría pasar de 56.4 a 72 por ciento de profesores de tiempo completo con posgrado (ídem, pág. 5).

El programa sectorial apunta también metas cuantitativas en materia de cobertura y eficiencia terminal. Sobre la primera propone transitar del actual 24.3 por ciento a 30 por ciento en 2012, así como pasar de 15 a 18 el número de entidades federativas con cobertura de educación superior de menos de 25 por ciento (PSE, pág. 17). En materia de eficiencia terminal la meta consiste en alcanzar un nivel de 70 por ciento en 2012, lo que representa más de siete puntos sobre el indicador actual de 62.9 por ciento (PSE, pág. 16).

Mejorar simultáneamente cobertura y eficiencia no es sencillo porque ambos indicadores están interrelacionadas: al aumentar el primer ingreso ciertamente mejora la cobertura, pero decae la eficiencia terminal, ya que ésta expresa la proporción de egresados sobre el primer ingreso. La única solución a mano para resolver el problema consiste en incrementar drásticamente la retención escolar, puesto que la población de reingreso hace parte de la matrícula y, por lo tanto, engrosa el volumen de cobertura al tiempo que posibilita contar con más egresados cada año.

La propuesta para ampliar el acceso y evitar la deserción escolar consiste, básicamente, en multiplicar el número de becas para los estudiantes de menos recursos. La meta del programa indica el objetivo de pasar de un promedio de 161 mil 787 a 400 mil becas por año, tratándose, en ambos casos, de la suma de nuevas becas y el refrendo de otorgadas. Estos apoyos estarían destinados, se aclara en el PSE, a los estudiantes cuyo ingreso familiar se ubica en los primeros cuatro deciles (PSE, pág. 17). Ello implica, en primer lugar, proseguir y ampliar el programa nacional de becas para educación superior (Pronabes) instituido el sexenio anterior, así como articularlo con las becas del Programa Oportunidades.

En segundo lugar, el PSE incluye la propuesta de promover la operación de esquemas de crédito educativo dirigidos a los estudiantes que requieran financiamiento para realizar sus estudios en instituciones públicas o particulares de educación superior (PSE, pág. 34). Este mecanismo, sugerido por el Banco Mundial y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para México, y también alentado por la iniciativa privada, ha sido fuertemente debatido cuando se ha abierto a la discusión. Por ello, sus posibilidades de implantación dependerán, cuando menos en parte, de la capacidad de la SEP para conciliar puntos de vista en principio encontrados.

En materia de planeación y coordinación el PSE perfila un esquema más bien complejo, consistente en: a) la creación del Consejo Nacional para la Planeación y Coordinación de la Educación Superior (Conapces); b) el fortalecimiento de las Comisiones Estatales de Planeación de la Educación Superior (COEPES); c) la creación de una instancia federal de enlace y coordinación con las COEPES; d) el establecimiento de comisiones de planeación en las principales zonas metropolitanas del país (PSE, pág. 54) y, e) la reforma de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

En el PSE está reconocido, pero no resuelto, el dilema principal que confronta la política de educación superior del país: centralismo o federalismo. La respuesta adoptada fortalecer los órganos estatales pero mantener en operación los programas federales, con todo y su visión centralista no parece del todo satisfactoria. Volveremos a ello próximamente.