Roberto Rodríguez Gómez

Ha causado revuelo el reporte OCDE sobre educación. Desde el lanzamiento en español del Education at a Glance 2005, el pasado 13 de septiembre, la discusión en México se ha centrado en los datos que comparan el nivel de gasto educativo con los resultados del Programme for International Student Assessment (PISA). De acuerdo al texto, nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en porcentaje de PIB dedicado a educación -el primero en gasto educativo como parte del gasto público-, pero el último en rendimiento escolar. El informe contiene indicadores que matizan ese contraste, sin embargo, en la presentación vía satélite del documento, a cargo de Barry McGaw, director de Educación de OCDE, se expresaron opiniones en favor de reestructurar la distribución presupuestal por niveles.

Según la reseña difundida por SEP, el especialista señaló que “sería interesante averiguar si se tienen que invertir más recursos en educación superior o en el nivel básico. Mi punto de vista es que los graduados cosechan un beneficio con sus títulos bastante sustancial, por lo que deberían realizar un tipo de contribución por los costos del título que ahora les permite gozar de diversos beneficios”. También dijo McGaw: “es una situación carente de equidad invertir más en estudiantes universitarios, que en los de primaria y secundaria. Este es un debate que debe tomar México y otros países. En otras naciones, el punto de vista es que toda la población se debe beneficiar con la educación superior de aquellos que la tienen.”

No carece de interés advertir que el método propuesto (impuestos a titulados) corresponde a una reforma implantada en Australia, país de origen del funcionario. Cuando esquemas similares se han seguido en países en desarrollo los resultados han sido más bien problemáticos. Tampoco es irrelevante notar que, según el informe, la proporción de gasto público que se destina en México al segmento superior es compatible con el promedio OCDE. Lo más importante, sin embargo, es advertir que el fondo del asunto –la recomendación de canalizar más recursos a educación básica y menos a superior por razones de equidad- ha sido ampliamente debatida en la academia y en organismos multilaterales, mostrándose la debilidad del planteamiento económico y social en juego.

Baste recordar la trayectoria del debate en el contexto del Banco Mundial, uno de los organismos más influyentes sobre las políticas sociales de los países en desarrollo. En 1995 se publicó La educación superior: las lecciones derivadas de la experiencia”, donde los economistas del BM sostienen que “hay pruebas de que la tasa de rentabilidad social de las inversiones en enseñanza superior es menor que las destinadas a la instrucción primaria y secundaria, y que las inversiones en el nivel básico inciden más directamente en la reducción de la pobreza, por cuanto tienden a mejorar la igualdad de los ingresos” (pág. 96). Por ello, recomiendan dar prioridad a los préstamos a educación primaria y secundaria, promover inversión privada en la superior, y alentar reformas para que las universidades “funcionen de manera más eficiente y con menor costo para el Estado” (p. 97).

Esta postura fue llevada por el BM a la Conferencia Mundial de la Educación Superior de la UNESCO, celebrada en París en 1998. Luego del debate, y para dar una salida constructiva a las diferencias entre ambos organismos, se decidió la formación de un Grupo Especial sobre Educación Superior y Sociedad, integrado por expertos independientes, con el encargo de elaborar un reporte que, entre otros temas, incluyera el financiero.

En 2000 se dio a conocer La educación superior en los países en desarrollo: peligros y promesas. En materia de financiamiento, el documento cuestiona la perspectiva económica neoclásica, ya que “estima valiosa la educación superior sólo en cuanto genera mayores ingresos personales o mayores impuestos (...) El análisis de rentabilidad pierde completamente de vista el impacto de la investigación universitaria sobre la economía, beneficio de enorme importancia que está en el centro de toda argumentación favorable al desarrollo de sistemas vigorosos de educación superior” (p. 43). El documento concluye: “Al Estado corresponde un papel crucial para asegurar la estabilidad. Debe garantizar financiamiento de largo plazo a las instituciones públicas, no tratarlas como si fuesen parte de un sector no esencial, sujeto a las caprichosas fluctuaciones del gasto público (p. 56).

Posteriormente, en 2003, el BM publicó Construir sociedades de conocimiento: nuevos desafíos para la educación terciaria. Este documento fue preparado, al igual que el reporte de 1995, por un equipo encabezado por Jamil Salmi. Por ello, es notable la rectificación de enfoque presente en el texto Se hace notar, en primer lugar, que “a pesar de las dificultades metodológicas para medir los efectos externos de la educación terciaria, los importantes beneficios públicos registrados indican que no realizar una inversión suficiente puede tener costos muy altos para cualquier país. Entre éstos se encuentran la disminución de la capacidad para competir con eficacia en las economías regional y global, el aumento de la brecha económica y social, el descenso de la calidad de vida, el deterioro de la salud y la disminución de la expectativa de incremento del gasto público en programas de bienestar social imprescindibles, y el debilitamiento de la cohesión social” (p. 93).

El reporte de 2003 contiene además una recomendación específica: “A la luz de la experiencia de los países industrializados (...) convendría asignar al rubro educativo, en términos de inversión global, entre 4 y 6% del PIB. En ese contexto, el gasto en educación terciaria representaría entre 15 y 20% del gasto en educación pública (p. 94). ¿Veinte por ciento de seis por ciento? Una forma un tanto exótica de decir 1.2 por ciento, pero valga. Lo cierto es que los especialistas del BM recomiendan un nivel de subsidio aproximado al uno por ciento de PIB, el cual es, asimismo, el escenario sugerido por ANUIES y una meta postulada, aunque incumplida, del Programa Nacional de Educación del sexenio.

¿Más o menos recursos públicos a la educación superior en México? Para Hacienda mucho menos, según viene la iniciativa del PEF 2006. Para los diputados mucho más, conforme a la reforma a la Ley General de Educación aprobada en 2002. Ley en mano los diputados tienen las de ganar, pero... lo discutimos la próxima semana.