Roberto Rodríguez Gómez

En el debate contemporáneo sobre la educación superior como bien público convergen varias perspectivas de análisis y diferentes posturas políticas. Un tema sobresaliente proviene de la observación de las dinámicas de internacionalización universitaria en sus distintas vertientes: la que deriva de la presencia de nuevos proveedores transnacionales de servicios de educación superior, la resultante de los procesos de integración regional en varias partes del mundo, y la que se refiere a nuevas opciones de formación mediante tecnologías digitales y de telecomunicaciones, entre las más relevantes.

¿En qué medida el proceso de globalización incide en las funciones de la universidad, genera nuevas demandas, y abre áreas de oportunidad o riesgo? ¿Cómo afecta el incremento de los flujos internacionales -de mercancías, información y personas- a la provisión de capacidades, conocimientos y bienes culturales encargado a las instituciones de educación superior? La discusión en torno a preguntas de este tipo es relevante en la medida en que encuentra resonancia en las agendas de políticas públicas del sector, y en tanto atañe al contenido de iniciativas de innovación y reforma en el plano institucional.

Como en todo fenómeno social complejo, las respuestas no son simples. Por ejemplo, a la par que se reconoce el estímulo que representa para los centros de saber la apertura de nuevos canales de comunicación y difusión, se advierta también el riesgo del predominio incremental de las instituciones universitarias con mayores capacidades para la investigación y la difusión. La brecha digital transformada en brecha académica es sólo una expresión del fenómeno. Lo más importante, no obstante, es la tendencia hacia la estandarización de modelos de gestión, evaluación, acreditación y rendición de cuentas.

En este último aspecto, la adaptación del arquetipo estadounidense se presenta como la pauta predominante. Más de un autor ha hecho notar que, en el terreno de la educación superior, el fenómeno de globalización puede ser descrito mediante el concepto de americanización universitaria. Esta pauta está presente no sólo en el terreno administrativo, sino también en el plano académico.

Toda vez que la calidad de las instituciones universitarias es medida por el grado en sus indicadores de desempeño se asemejan a los que exhiben los centros académicos de EUA y Europa, y toda vez que el mayor empeño de las universidades del mundo en desarrollo consiste en producir conocimientos científicos que puedan circular en los canales de difusión académica controlados por esos mismos centros, tiene lugar y se profundiza una fuerte relación de dependencia que hace recordar los modelos de explicación centro-periferia sugeridos por la sociología del desarrollo décadas atrás.

Otro aspecto del debate proviene de la consideración de la educación superior como un bien público de carácter global. Conviene recordar que la discusión sobre los bienes globales y la necesidad de su defensa y consolidación, proviene del análisis de un conjunto de fenómenos y procesos que destacan la existencia de amenazas y riesgos globales en áreas tales como el ambiente, la seguridad, las migraciones, la pobreza y la salud pública.

En estos campos, la demostración del carácter sistémico de dichos fenómenos, así como su inevitable articulación global, ha abierto un área de trabajo no solamente intelectual, sino principalmente política y diplomática. Síntomas como el cambio climático, las pandemias, los incesantes flujos migratorios del sur al norte por causas de pobreza y violencia, han demostrado la imposibilidad de soluciones locales o nacionales efectivas. Aquí nadie se salva solo, ni siquiera las potencias.

En el ámbito de la educación superior, así como en el dominio de la producción científica y tecnológica ocurre algo semejante. El proceso de globalización académica, articulado a otros fenómenos de internacionalización y regionalización, de orden económico, político y demográfico, abre campo a temas tales como la acreditación multilateral, el control de la movilidad internacional de estudiantes, profesores e investigadores, la vigilancia de ofertas transnacionales ya sean convencionales o en línea, y aún la supervisión de formas de fraude académico, por ejemplo la oferta de títulos sin respaldo o el plagio de publicaciones.

Si se acepta que, hoy en día, la educación superior es un bien público global, porque genera externalidades globales, entonces la pregunta que se abre es similar a la que inquieta en otras áreas de actividad ¿Cómo participar en la dinámica internacional evitando el riesgo de la subordinación? ¿Cómo hacerlo con una postura a la vez soberana y solidaria? ¿Cómo evitar el dilema entre regulación burocrática y libertad académica?

Las respuestas no debieran ser sólo retóricas sino orientarse hacia propuestas concretas de distinto nivel: la cooperación internacional, sobre bases de respeto y reciprocidad, es una salida, pero también lo es el impulso de proyectos, grupos y redes de académicos con propósitos y componentes internacionales, y las iniciativas de difusión científica y humanística en canales más amplios que el solo circuito consagrado. En esta dinámica hay lecciones que aprender de grupos altermundistas y organizaciones promotoras del derecho internacional. También para la universidad vale la consigna otro mundo es posible.

En esta entrega, que cierra la serie sobre bien público, me he valido de ideas presentadas por Simon Marginson, de la Universidad de Monash (Australia), en el Seminario de Educación Superior de la UNAM el pasado 15 de agosto.