Roberto Rodríguez Gómez

La semana pasada revisamos nociones básicas del concepto bien público en referencia a las universidades. Con base en la definición de la economía neoclásica sobre los públicos, notamos que la educación superior está lejos de satisfacer los criterios elementales de referencia. Ni el principio de no rivalidad, que supone un costo nulo por la agregación de nuevos beneficiarios, ni el principio de no exclusión, que implica una equidad económica perfecta en las condiciones de acceso, están presentes en el sistema.

En la mayoría de los países, el nuestro no es la excepción, la educación superior es un bien de tipo cuasipúblico, esto es un conjunto de servicios –docencia, investigación y difusión- que, en distintas formas y combinaciones, es subsidiado parcialmente por el Estado. La extensión y profundidad del financiamiento público a las instituciones de educación superior refleja, principalmente, el orden de prioridad que asignado al desarrollo del sector, pero también la capacidad de negociación de las autoridades universitarias y otros agentes responsables de su gestión.

Conviene aclarar que las funciones universitarias son de tipo cuasipúblico no por la existencia de proveedores privados en el sistema, sino porque el acceso a ellas, en especial la posibilidad de recibir educación universitaria, está reservada a un estrato definido y no para la sociedad en su conjunto. Como se sabe, en México sólo el 23 por ciento del grupo de edad relevante (18 a 23 años de edad) está incorporado a las opciones del sistema de educación superior, y de ellos menos del 70 por ciento en instituciones de carácter público.

¿Es factible la universalización de la educación superior para hacer de ella efectivamente un bien público? La respuesta a esta pregunta enfrenta dos dilemas centrales. En primer lugar, el acceso a la educación superior supone un determinado nivel de conocimientos, aptitudes y capacidades previamente acreditadas y confirmadas mediante procedimientos de selección. Si se asume la validez del filtro académico, entonces la discusión sobre la educación superior como bien público adquiere contornos más concretos: ¿existe el número suficiente de opciones de nivel universitario tal que se garantice el acceso de todos los jóvenes que cuentan con los requisitos académicos del caso?

Ese es, por ejemplo, el pronunciamiento de la UNESCO a propósito del tema. En la Declaración Mundial de la Educación Superior, establecida como conclusión de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (París, 1998), la organización propone que la admisión a la educación superior debe estar basada en el mérito, capacidad, esfuerzo y vocación mostrados por aquellos que demandan acceso a ella.... El mismo organismo internacional añade que una selección exclusivamente académica debe cuidar la extinción de cualquier otra forma o mecanismo de discriminación.

El planteamiento no resuelve, sin embargo, la conocida y persistente relación entre el status socioeconómico de origen y los resultados escolares de los estudiantes. En la medida en que coinciden las posiciones sociales de origen con el rendimiento académico de la demanda, la selección académica tiende a ser, en sí misma, un filtro social inevitable. ¿Inevitable? No necesariamente. Si se consigue asegurar la que calidad de la educación básica y media impartida a estudiantes de todos los estratos socioeconómicos es tal que se satisfacen los estándares requeridos para ingresar al nivel superior, entonces el problema es resoluble mediante estrategias de expansión universitaria, y se justifica plenamente la colocación de recursos públicos para tal propósito.

El solo crecimiento del sistema educativo superior, sin la debida atención a la calidad académica de los niveles precedentes da lugar a efectos de masificación a todas luces inconvenientes. Si, en cambio, se consigue combinar ambos aspectos, mediante el despliegue de políticas centradas en la promoción cualitativa del sistema educativo en su conjunto, tanto como en la atención focalizada a los segmentos sociales más vulnerables, se está en condiciones de remontar el círculo vicioso de la educación como mecanismo reproductor de las desigualdades.

Pero hay un segundo dilema muy importante. La educación superior, como bien público, debiera satisfacer dos requisitos adicionales al acceso socialmente equitativo: responder a las preferencias vocacionales de la demanda, y ser pertinente a las condiciones del sector laboral correspondiente. Tan complejo como el problema de la calidad del sistema en su conjunto es el problema de la pertinencia de la oferta universitaria. Sobre todo porque entre ambos elementos de la ecuación, la demanda de carreras y la oferta de plazas laborales no hay una solución de continuidad simple. Al contrario.

En ausencia de formas de ajuste posible entre las preferencias vocacionales y las condiciones del mercado laboral ¿qué es preferible, organizar el crecimiento universitario en torno a las áreas y carreras más demandadas, o inducir la demanda en torno a las profesiones más solicitadas por el sector laboral? El dilema es real para las políticas públicas y se agrava por fallas elementales de información en ambos extremos de la relación. Ni la sociedad cuenta con información confiable sobre los posibles destinos laborales de las diversas opciones profesionales, ni el Estado ha conseguido resolver una serie de paradojas en su visión prospectiva del mercado de las profesiones.

No es sólo falta de información. Para que el mercado de las profesiones funcione adecuadamente es obvia la necesidad de políticas de fomento a la industria productiva de mucho mayor alcance que las vigentes. Sin este elemento de política pública parece inalcanzable el objetivo de romper el segundo círculo vicioso, aquel que se da entre las crecientes expectativas de la población de jóvenes para alcanzar estudios superiores y lo que el mundo laboral les ofrece como perspectiva.