Roberto Rodríguez Gómez

De extrema gravedad habría que calificar la noticia, que ha circulado en varios medios periodísticos, según la cual la Fiscalía General de la República habría abierto una carpeta de investigación en contra de 31 ex funcionarios del Conacyt y anteriores autoridades del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Como parte de la indagatoria, se agrega en las notas, la FGR habría solicitado órdenes de aprehensión por la presunta comisión de los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada (véase: Raymundo Riva Palacio, “La venganza de Gertz Manero”, Eje Central, 20 de septiembre 2021).

Según información divulgada por La Silla Rota, en junio de este año “agentes de la Policía de Investigación acudieron (…) a los domicilios particulares de 25 ex funcionarios para informarles que vendría un citatorio. Posteriormente aumentó a 31 el número de personas indagadas (…) A finales de este mes, específicamente el 24 de agosto, la FGR solicitó a un juez de control con sede en el Centro de Justicia del Altiplano que librara orden de aprehensión contra los 31 ex funcionarios; sin embargo, el juez se negó a hacerlo por considerar que la Fiscalía no aportó la información necesaria para acreditar los hechos y le dio 15 días hábiles para ampliar los datos” (nota de Mariluz Roldán y Marcos Muédano, 20 de septiembre de 2021).

Según los nombres que ha filtrado la prensa, la acusación incluiría al ex director general de Conacyt, Enrique Cabrero, así como a la ex titular del Foro Consultivo, Julia Tagüeña. Se trata, en ambos casos, de personalidades destacadas y de amplio reconocimiento en la comunidad de investigadores del país. A esos nombres se agregan otros, también de académicas y académicos destacados, aunque no se ha dado a conocer una relación completa.

Apenas se dio a conocer esta información varias comunidades académicas expresaron desconcierto, preocupación e inconformidad. En el texto “Comunicado de la Comunidad Académica de la UAM respecto a la orden de aprehensión de 31 académicos y administrativos por parte de FGR” se lee: “Este hecho, lleva a la comunidad académica de la Universidad Autónoma Metropolitana y otros colegas de otras instituciones a cuestionar ¿por qué se quiere aplicar la “justicia” en contra de investigadores académicos preocupados en que la ciencia y la tecnología se extienda en un país donde la llamarada de violencia va ganando terreno y las desapariciones y muertes de mexicanos crecen vertiginosamente en los últimos años?”

El comunicado de la UAM prosigue indicando: “La educación, la cultura, la salud deben ser los puntales para transformar la sociedad. Especialmente, en tiempos que la economía del conocimiento adquiere una gran relevancia entre las naciones del mundo, la educación en todos sus niveles, los intelectuales, los académicos, la investigación científica y tecnológica adquieren un valor decisivo para la acumulación capacidades colectivas de aprendizaje, que conduzca a una real transformación productiva, social e institucional. La incursión en las comunidades del conocimiento y sus respectivas actividades es un enorme desafío que tiene México para adoptar las fronteras del conocimiento, desarrollar tecnologías más sofisticadas y de especialización más avanzada, con mejores empleos y remuneraciones, organización eficiente de las instituciones, incrementar el crecimiento económico y así, lograr un auténtico bienestar de la sociedad. Por estas razones, las y los abajo firmantes, académicos de esta institución, exigimos la cancelación de orden aprehensión de los 31 acusados, y convocamos al gobierno a abrir los canales de diálogo con nuestra comunidad.”

Del mismo modo, académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas expresan, en una carta abierta: “Es por demás evidente que la acusación que se ha lanzado desde la Fiscalía General de la República es absurda e impropia de un país gobernado bajo principios mínimos de Estado de Derecho. La mera presentación de científicas y científicos mexicanos como miembros de la delincuencia organizada es un acto intimidatorio y fuera de toda proporción y razón, que no solo afecta a las personas hoy acusadas injustamente, sino en realidad a toda la comunidad académica del país.”

En redes sociales también abundan las expresiones de inconformidad y rechazo a las acciones de la FGR sobre el caso. No falta, también hay que decirlo, quienes se han expresado en apoyo a la persecución de los ex funcionarios del Conacyt y del Foro Consultivo al considerar que, desde su punto de vista, forma parte de una estrategia de combate a la corrupción.

Hasta hoy, esta columna se entrega el martes 21 de septiembre, no se ha confirmado ni negado oficialmente la información respectiva. Lo más conveniente sería una respuesta aclaratoria de parte de Conacyt y también de la Fiscalía General. Es urgente. Un tema de esta naturaleza no abona a la gobernabilidad del sistema de ciencia y tecnología del país, en cambio contribuye a la polarización política de las personas dedicadas a la profesión.