Roberto Rodríguez Gómez

El 11 de febrero se publicaron en el Diario Oficial de la Federación algunas modificaciones en el programa anual de auditorías para la fiscalización superior de la cuenta pública 2020, a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Se incluye la cancelación de auditorías: sobre la gestión financiera de MexGas Internacional y sobre la evaluación de la política educativa en el desarrollo económico de México. Además, se informa de la cancelación de dos estudios: la segunda parte del correspondiente a los Fideicomisos públicos sin estructura orgánica, y el estudio “Panorama del agua en México”. La publicación oficial no da cuenta de las razones que motivaron dichas modificaciones.

Ese anuncio llamó la atención en medios y fue comentado críticamente por especialistas y legisladores de oposición. En el acto de entrega del informe de resultados, correspondiente a la tercera etapa de auditorías individuales, que tuvo lugar en la Cámara de Diputados el 20 de febrero, el grupo parlamentario del PAN, en voz del diputado Iván Rodríguez, advirtió que la cancelación de auditoría hace evidente que la ASF está cediendo a presiones del ejecutivo federal.

El titular de la ASF, David Colmenares Páramo, indicó que los resultados no son definitivos porque las entidades fiscalizadas tienen aún un periodo para aclaraciones: 30 días a partir de la publicación de resultados. El lunes 21 de febrero, en su conferencia matutina, el presidente Andrés López Obrador aseguró que se aclararán todas las irregulares detectadas en el informe. También dijo que la oposición política utiliza la información generada por la ASF solo para criticar a su gobierno.

En materia educativa, es de interés hacer notar que aunque la evaluación de los efectos económicos de la política educativa fue cancelada, la tercera entrega de auditorías individuales contiene varias referidas al sector. En particular, las correspondientes al Sistema Educativo en el Nivel Básico; el programa Desarrollo Profesional Docente en Educación Básica; la estrategia “Aprende en Casa”; el programa La Escuela es Nuestra, así como los programas de becas implantados en la actual administración: Elisa Acuña; Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior, y las correspondientes al programa Jóvenes Construyendo Futuro. Estas auditorías ya fueron publicadas y están disponibles en el portal de la ASF para consulta.

Salvo la evaluación del programa La Escuela es Nuestra, que es una “evaluación de cumplimiento” enfocada a su análisis financiero, el resto son auditorías de “desempeño”; en ellas se examina la coherencia interna de los programas, su relación con la política educativa, así como sus efectos en materia de desarrollo económico y social.

Los datos y observaciones que provienen de la auditoría financiera a La Escuela es Nuestra, si bien son provisionales y pendientes de aclaración, hacen evidente su problemática y limitaciones para la mejora de la infraestructura y el equipamiento. Según el informe, de los 581.2 millones de pesos destinados al programa en 2020, únicamente 7.6 millones, el 1.3 por ciento del recurso, pudo ser debidamente documentado por la ASF durante el periodo de revisión. El reporte aclara que, en la normativa del programa, “no se establecen los plazos máximos para que los planteles beneficiarios (…) ejerzan y comprueben la aplicación de los recursos (ni) la obligación de reintegrar los recursos federales en los casos en que éstos no se apliquen”. También se indica que “los integrantes de los Comités Escolares de Administración Participativa retiraron en su totalidad los apoyos de las cuentas bancarias en efectivo, por lo que no se pudo comprobar que éstos se hubiesen destinado para cumplir con los objetivos del programa”. Sin duda, como también indica la ASF, la administración del programa presenta importantes “áreas de oportunidad” en la distribución, control y rendición de cuentas de los recursos invertidos.

En el conjunto de las auditorías de desempeño las observaciones son principalmente cualitativas. En ellas se reconocen, en primer lugar, los avances logrados en la regulación y reglamentación de los programas, así como su alineamiento a los objetivos de la política educativa del régimen y a las normas generales en la materia. No obstante, también se hacen notar diversos problemas de gestión, coordinación y operación, así como insuficiencia de datos e indicadores para explorar su contribución a la mejora de calidad y su impacto económico y social.

Al respecto, en la auditoría relativa al desempeño del sistema educativo de nivel básico, la ASF señala que se “debe consolidar una política integral que incremente la calidad educativa, el desempeño y el desarrollo profesional de alumnos y docentes (…) por lo que se deben elaborar diagnósticos para contar con la información que contribuya a la toma de decisiones que permita atender la problemática del nivel básico, identificar las causas que provocan los resultados y orientar las acciones por nivel educativo para mitigar las deficiencias específicas reconocidas.” Se hace notar, asimismo, que es necesario atender a varias dimensiones relevantes para el cumplimiento de sus objetivos. Uno de ellos se refiere al financiamiento federal y estatal de la educación pública; otro a la participación social, sobre la cual “se detectó que aun cuando se realizaron acciones para fomentar este componente, no se tienen resultados que determinen en forma concreta la participación de la sociedad en las escuelas”.

En las demás evaluaciones de desempeño se insiste, como un común denominador, en la importancia de atender “oportunidades de mejora”, principalmente en los mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación, para determinar su contribución específica a la calidad educativa, la equidad, la permanencia y el egreso de los estudiantes.