Roberto Rodríguez Gómez

La implementación de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) fue prevista como un proceso gradual y se concentró, principalmente, en la educación primaria, ya que los planes y programas de preescolar y secundaria habían sido previamente reformados (2004 y 2006) y requirieron ajustes menores. Para la primaria, se llevó a cabo una etapa de piloteo y evaluación (2008-2009), y una de aplicación generalizada: en 2009-2010 en los grados primero y sexto: 2010-2011, grados segundo y quinto, y 2011-2012, todos los grados. Durante esa transición las generaciones de estudiantes y maestros debieron asimilar la convivencia de dos modelos educativos para el nivel: el de 1993 (aprendizajes esperados) y el de 2009 (competencias). Otro tanto ocurrió con la distribución de libros de texto.

Para la implementación, tanto la SEP como las autoridades educativas locales, con el apoyo de instituciones académicas y del SNTE, dispusieron varias fórmulas de actualización del magisterio. Un ejemplo emblemático fue el Diplomado Reforma Integral de Educación Básica organizado entre la SEP y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. La Oficina de la UNESCO en México llevó a cabo una evaluación general de las acciones y procesos de formación continua de la RIEB, cuyos resultados y recomendaciones se publicaron en el “Informe sobre la Reforma Integral de la Educación Básica en México” (2011). Al término del sexenio, la SEP reportaba la asistencia de más de seiscientos mil docentes a los diplomados impartidos en la Ciudad de México y los estados; así como el registro de casi un millón de maestros al Curso Básico de Formación Continua “Transformación de la Práctica Docente” (SEP, Sexto informe de labores, 2012).

Buena parte de la apuesta para cristalizar un enfoque curricular de tipo constructivista y basado en competencias se había colocado en la reforma de la formación inicial de los docentes, que se plasmó en la reforma de los planes y programas de las escuelas normales (2012). En aquel momento, parecía obvia la necesidad de consolidar el ciclo de la RIEB en un escenario de mediano plazo, que permitiera la consolidación de los elementos puestos en juego: la formación inicial y continua del personal docente; materiales educativos adecuados; evaluación continua de avances y mejora sistemática de los procesos de gestión asociados a la reforma. Pero el escenario pronto cambiaría.

En las elecciones de 2012 el PRI recuperó la presidencia de la República. Inmediatamente después de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto fue suscrito el “Pacto por México” (PRI, PAN, PRD y PVEM). El acuerdo abordaba la necesidad de una reforma educativa que cumpliera tres objetivos: aumentar la calidad de la educación básica; mejorar cobertura y calidad en los niveles de media superior y superior, así como “recuperar la rectoría del Sistema Educativo Nacional”. Es de interés recordar que, en la decena de proyectos educativos del Pacto, ninguno de ellos guardaba relación con el currículum de educación básica, lo que en ese momento no sorprendió a nadie: la básica se acaba de reformar.

En la primera mitad del sexenio de Peña Nieto la reforma educativa se concentró en la evaluación docente. Como primer paso, el cambio normativo que la facultaría: reformas de 2012-213 al régimen constitucional y legal en materia educativa; inmediatamente después, el diseño y puesta en práctica de los ámbitos, procesos, mecanismos e instrumentos para regular el ingreso, promoción y permanencia de los docentes. Se tomó la decisión, política, de marginar al SNTE en la estrategia, y se impuso el criterio de impulsar una evaluación “con consecuencias”, cuyos resultados tendrían implicaciones sobre la trayectoria laboral de los docentes, incluyendo la posibilidad de ser separados de sus funciones.

Esa política generó una fuerte división de opiniones. En medios académicos algunos, quizás los menos, apoyaron el espíritu de la reforma; otros la cuestionaron desde un inicio. Del mismo modo, en la base magisterial ocurrieron diversas reacciones, desde la aceptación resignada a las nuevas reglas de juego hasta la confrontación, cuyo protagonista más activo fue, en todo el periodo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE. Entre otros aspectos, se hacía notar que la reforma no era educativa, sino laboral.

Probablemente ese fue un elemento de convicción para que, en el segundo trienio de la administración se emprendiera una nueva reforma curricular. El prólogo de la misma fueron los “foros regionales de consulta para la revisión del modelo educativo” convocados por la SEP en 2014. Se llevaron a cabo 18 en los estados y uno nacional; en ellos se recogieron opiniones sobre educación básica, media superior y normal. Según cuentas de la SEP, en los foros participaron más de 28,000 personas y se recibieron cerca de 15,000 documentos con propuestas.

En julio de 2016 la SEP presentó un planteamiento para la actualización del modelo educativo, compuesto de tres documentos: Carta sobre los Fines de la Educación en el Siglo XXI; Modelo Educativo 2016 y Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016. Estos materiales fueron sometidos a una segunda consulta, que tuvo lugar entre julio y septiembre de ese año. La SEP informó que se realizaron en el periodo quince foros nacionales, más de doscientos foros estatales y una consulta en línea con más de 1.8 millones de visitas y 50 mil participaciones. Con el concurso del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas (PIPE) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) fueron sistematizados casi trescientos mil comentarios y propuestas de docentes, autoridades educativas, familias y otros interesados.

Por último, el 13 de marzo de 2017 se presentó el Modelo Educativo y el 29 de junio del mismo año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo SEP 07/06/17 con el Plan y los Programas de Estudio para la Educación Básica: Aprendizajes clave para la educación integral. De su contenido nos ocuparemos la próxima semana.