Roberto Rodríguez Gómez

En agosto de este año, apenas reanudadas las actividades escolares del ciclo 2022-2023 en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), dio inicio una ola de protestas en varios planteles de la institución, lo que pronto se tradujo en una serie de paros con toma de escuelas y suspensión de actividades. Al inicio del movimiento, se declararon en paro quince planteles, de los cuales diez de educación superior y cinco de media superior; las primeras escuelas en suspender actividades fueron la Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) y la Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), plantel Ticomán. Siguieron la Superior de Cómputo (ESCOM), la Superior de Comercio y Administración (ESCA), campus Santo Tomás; la Superior de Ciencias Biológicas (ENCB), la Superior de Turismo (EST), la Superior de Medicina (ESM), la Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE), así como las unidades profesionales interdisciplinarias de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (Upiicsa) y de Biotecnología (Upibi). A esta lista se agregarían varios planteles de educación media superior con demandas propias. (Expansión Política, 15 de septiembre de 2022).

Las protestas argumentaban la falta de respuesta a demandas estudiantiles tales como la ampliación de cupos en varias carreras, los irregulares manejos irregulares de directivos de varios planteles, el respeto al plan de estudios previo y la mejora de las instalaciones. También se justificaban los paros como mecanismo de solidaridad con las escuelas del IPN que iniciaron el movimiento. Muy pronto, sin embargo, la Coordinadora Politécnica en Resistencia, organización que agrupa las asambleas de estudiantes del IPN, convino un pliego petitorio general al que la autoridad politécnica debía dar respuesta como condición para negociar la reanudación de las actividades académicas.

El martes 13 de septiembre la Coordinadora llevó a cabo un mitin en que se presentaron los puntos del pliego petitorio general y se hizo entrega del mismo al director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval. El pliego contiene, en resumen, los siguientes puntos: 1) garantizar que no habrá represalias contra los participantes en el movimiento; 2) recalendarización de las actividades académicas y administrativas; 3) atención inmediata a la problemática de acoso y violencia de género; 4) atención a los problemas de ocupabilidad, oferta académica y trayectoria para que los estudiantes puedan continuar con su formación de manera óptima; 5) adecuación de los trámites académicos y administrativos en beneficio de los estudiantes; 6) garantizar la infraestructura e insumos necesarios para las actividades académicas de todas las escuelas; 7) garantizar que los planteles cuenten con condiciones de seguridad dentro y fuera de los planteles; 8) garantizar que el cuerpo docente del instituto tenga la capacidad de atender las necesidades educativas de los estudiantes en todas las escuelas; 9) destitución de directivos y funcionarios señalados por la comunidad estudiantil como insensibles a las necesidades de los estudiantes; 10) instauración de mesas de seguimiento por escuela para garantizar la solución de las demandas del pliego petitorio; 11) atención a los pliegos petitorios de cada unidad académica en las mesas de seguimiento.

Esos son los puntos generales, aunque conviene anotar que varios de ellos, de hecho la mayoría, se desglosan en aspectos específicos en los que se proponen medios y soluciones concretas. Así, el pliego petitorio desglosado incluye aproximadamente cuarenta demandas. En el séptimo punto, por ejemplo, se incluye la demanda de “incremento del presupuesto asignado en el ejercicio ordinario para cubrir las necesidades expuestas y evitar que la deficiencia en estas se repita, recordando que la prioridad del IPN siempre debe ser proporcionar una educación digna a sus estudiantes.”

El pliego general concluye con la siguiente advertencia: “Reiteramos que las necesidades aquí plasmadas son nuestras dolencias generalizadas como estudiantes politécnicos y de no ser resueltas no dudaremos en por medio de la organización buscar más métodos para que la voz de la comunidad sea escuchada, por lo que esperamos una respuesta satisfactoria por escrito y firmada por las autoridades competentes en un plazo no mayor a 24 horas después de entregado este pliego petitorio.”

La respuesta del director Reyes Sandoval fue publicada el 14 de septiembre de 2022, antes de las 24 horas exigidas por la Coordinadora. En ella, con ánimo conciliador, la máxima autoridad del IPN ofrece una breve respuesta a cada uno de los puntos e incisos del pliego (véase en: shorturl.at/ipsuY). La mayoría de dichas respuesta inicia con la expresión “se acepta su solicitud”, a continuación de lo cual la dirección general instruye a las instancias competentes del IPN para que inicien las acciones que den respuestas a las demandas. En algunos casos se formulan, incluso, los plazos de respuesta para su satisfacción.

La instalación de mesas de diálogo en cada escuela para dar seguimiento a la satisfacción del pliego general y atender las demandas particulares de cada comunidad (punto décimo del pliego) fue aceptada y comenzó a funcionar días después de emitida la respuesta de la dirección. Con la operación de las mesas de diálogo se abrió la posibilidad del regreso a clases, solo que esta dependería de los acuerdos pactados en cada caso, es decir con cada una de las comunidades estudiantiles que suspendieron actividades.

En refuerzo a la voluntad de conciliación de la dirigencia politécnica, el presidente López Obrador expresó, el 26 de octubre pasado, su acuerdo con el método seguido para resolver la problemática y anunció que daría instrucciones a Leticia Ramírez, titular de la SEP, para que apoye al director del Politécnico “en todo lo que se necesite” (El Universal, 26 de octubre 2022). A la fecha varias escuelas profesionales han reiniciado actividades, la más reciente es la ESIME Zacatenco. Mantienen el paro la ESIA Zacatenco, la ESIQIE y la Superior de Turismo.

No obstante la promesa presidencial de apoyar al IPN, debe tomarse en cuenta que el presupuesto aprobado a la institución para 2023 (20,282.5 millones de pesos) es únicamente superior en 1.2 por ciento al del año pasado ¿alcanzará resolver los problemas de infraestructura, materiales, actualización del plantel académico, becas, medidas de bienestar estudiantil, entro otras incluidas en las demandas del movimiento? Más vale que así sea, porque de lo contrario la dinámica de protestas y paros puede revivir.