Roberto Rodríguez Gómez

Comenzó a circular el texto producido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) titulado Tertiary Education for the Knowledge Society: OECD Thematic Review of Tertiary Education: Synthesis Report, algo así como Educación superior para la sociedad del conocimiento, reporte síntesis de la revisión temática de la OCDE sobre la educación superior.

El volumen sintetiza los resultados del proyecto de evaluación de sistemas nacionales de educación superior emprendido por el organismo hace varios años. En éste participaron 24 países: China, Corea del Sur, Croacia, Estonia, Finlandia, Islandia, Japón, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, República Checa y España. Las autoridades educativas de cada una de estas naciones emitieron un diagnóstico general sobre las características, condiciones y tendencias de sus respectivos sistemas de educación superior, y equipos de especialistas contratados por la OCDE elaboraron, por su parte, estudios sobre los mismos sistemas mediante una metodología de trabajo común, la cual consiste en la revisión crítica de los diagnósticos oficiales, entrevistas con informantes calificados y especialistas, y visitas a centros e instituciones de educación superior en los países participantes.

Para el caso de México, el diagnóstico nacional dio origen al volumen coordinado por el entonces subsecretario de Educación Superior, Julio Rubio Oca, que la SEP y el Fondo de Cultura Económica publicaron en 2006 con el título La política educativa y la educación superior en México, 1995-2006: un balance. El equipo de revisores de la OCDE para México se integró con los expertos José Joaquín Brunner (Chile), Paulo Santiago (España), Carmen García Guadilla (Venezuela), Johann Gerlach (Alemania) y Léa Velho (Brasil). El reporte de este grupo sobre el sistema mexicano está disponible, junto con el resto de los reportes nacionales, en el portal web de la OCDE.

A partir de la integración del conjunto de casos nacionales, la reciente publicación del organismo multilateral da una veintena de recomendaciones de política pública en el campo de la educación superior que, a su entender, emergen de las experiencias de desarrollo nacional y en torno de las cuales encuentran coincidencia entre los diagnósticos oficiales y la perspectiva de los grupos de especialistas.

La primera, de orden más general, se enuncia en términos de desarrollar una visión coherente y estratégica sobre la educación superior. Para ello proponen, además del ejercicio de acotar la misión de los diversos tipos institucionales, la integración de consejos representativos de las instituciones de educación superior (IES) y la autoridad gubernamental con el propósito de definir y consensuar pautas estratégicas para el desarrollo de los sistemas.

Siguen a esta recomendación general un conjunto de sugerencias cuya orientación es asegurar la coherencia del sistema en sus partes componentes y en su relación con el resto de las políticas públicas nacionales. Por ejemplo, interrelacionar los distintos tipos y modalidades institucionales de la oferta de educación superior, evitar que la diversificación se traduzca en fragmentación, establecer medios comunes para el aseguramiento de la calidad y la rendición de cuentas, crear instrumentos que afirmen la coherencia entre la política de educación superior y otras políticas sociales, y construir consenso social sobre la educación superior.

Otro conjunto de recomendaciones enfoca el financiamiento público de los sistemas nacionales de educación superior. Además de reiterar la sugerencia de financiamientos compartidos (gobierno, estudiantes, empresas), las propuestas de la OCDE sugieren el diseño e implantación de mecanismos de subsidio público basados en resultados, la adopción de fórmulas para distribuir los subsidios, la adopción de presupuestos multianuales, la formalización de contratos entre gobierno e instituciones con el fin de relacionar los montos de subsidio con metas e indicadores explícitas, y la formulación de estrategias de financiamiento de mediano y largo plazo. Como recomendación general en este aspecto se enuncia la de mejorar el costo-efectividad de los sistemas nacionales de educación superior.

Además, se presentan varias recomendaciones en el terreno de la evaluación, la certificación y el aseguramiento de calidad de programas e instituciones. Al respecto se sugiere diseñar redes de aseguramiento de calidad; integrar sistemas con las instancias y agencias responsables de los procesos de evaluación, certificación o acreditación; fortalecer las prácticas de evaluación interna y externa; evitar la fragmentación del sistema de evaluación y mejorar su relación costo-beneficio; mejorar los mecanismos de sistematización y difusión de resultados.

Posteriormente, el documento aborda una extensa serie de recomendaciones relativas al desarrollo de las instituciones de este nivel de enseñanza, al mejoramiento de las funciones sustantivas, a las relaciones entre las IES y el contexto social, y al desarrollo de estrategias para adecuar el desarrollo institucional a las tendencias económicas y culturales del proceso de globalización en curso. De éstas nos ocuparemos la próxima semana.