Roberto Rodríguez Gómez

El pasado 8 de mayo, precisamente el mismo día en que se dio a conocer el fallo de la SCJN que invalida dos de las leyes modificadas como parte del llamado “Plan B” de reforma electoral, se publicó en el DOF el “Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación”.

Desde luego, ambos eventos no están relacionados entre sí; sin embargo la resolución del máximo tribunal sobre las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, en el sentido de invalidarlas por violaciones al procedimiento legislativo que condujo a su aprobación, podría ser aplicado sobre la LGHCTI si los partidos de oposición demuestran que en efecto se transgredió el proceso dispuesto en los reglamentos de las cámaras, es decir en aquello que corresponde al trámite de las iniciativas ordinarias. De ser el caso, el voto de al menos ocho de los ministros de la SCJN podría determinar la invalidez de la norma ya publicada.

Por ahora, de la veintena de reformas aprobadas por el senado en la sesión del 28 al 29 de abril, con la sola presencia de legisladores de Morena, los representantes de los partidos opositores han expresado la decisión de impugnar al menos una docena de los ordenamientos aprobados por la vía “fast-track” en todos los casos por menos de la mitad de los senadores, sin modificación alguna a los dictámenes previamente aprobados por los diputados y sin la debida deliberación parlamentaria. En el grupo de reformas y leyes que se disputarán por la vía de acciones de inconstitucionalidad se incluye la LGHCTI.

La LGHCTI fue recibida en el Congreso, como iniciativa presidencial, el 13 de diciembre de 2022, y turnada a las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación, para dictamen, así como a las Comisiones de Gobernación y Población y de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión de la Cámara de Diputados. Aunque existió un acuerdo para trabajar en conferencia, es decir de manera conjunta, entre las comisiones correspondientes de diputados y senadores, a fin de preparar el dictamen de esa iniciativa y las presentadas por otros grupos parlamentarios, lo cierto es que esa fórmula de trabajo no rindió el fruto esperado.

El trabajo de las Comisiones Unidas para el dictamen de la LGHCTI dio inicio hasta el 14 de marzo de este año, en que tuvo lugar la Primera Reunión Ordinaria de Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación. En esta reunión se aprobó un acuerdo relativo a la metodología que seguiría el proceso de dictamen. Ese acuerdo incluía la realización de siete foros de parlamento abierto, así como la operación de mesas técnicas de carácter plural, es decir con participación de representantes de los partidos; también se acordó la suscripción de un “convenio delegatorio”, a través del cual el trabajo de síntesis de las participaciones en los foros de parlamento abierto sería auxiliado por el Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto de la UNAM. De esos compromisos únicamente el primero se cumplió y solo parcialmente. De los siete foros contemplados, únicamente un par se llevó a cabo, el 29 de marzo y 11 de abril. Muy poco de las opiniones críticas expresadas en dichos foros trascendería al dictamen de las Comisiones Unidas de diputados.

Del 14 al 24 de abril circularon tres proyectos de dictamen. El primero fue elaborado por la Comisión de Educación, el segundo fue suscrito por ambas comisiones y replica el contenido sustantivo de la iniciativa aunque agrega una síntesis de las participaciones en parlamento abierto, y el tercero fue distribuido el 24 de abril como versión final. En esos documentos se presentan varias modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo. Tal vez la más importante una distribución de competencias que especifica las facultades de la Federación en la materia. Otra de trascendencia se plasmó en el capítulo de financiamiento con el agregado de un párrafo que obliga a que el Presupuesto de Egresos de la Federación, en materia de fomento a la ciencia y la tecnología sea creciente “en términos reales”, es decir que cada año se incremente en el menos la inflación proyectada por Hacienda.

El 24 de abril el dictamen fue aprobado en comisiones, con protesta de los partidos de oposición por incumplir la regla del Reglamento de la Cámara de Diputados que obliga al presidente de la Junta Directiva a circular la propuesta de dictamen con al menos cinco días de anticipación a su desahogo y votación. Además, se protestó por el impedimento de presentar, en las comisiones, las reservas de los partidos sobre varios artículos, así como los votos particulares. Al término de la sesión, los integrantes de las Comisiones Unidas de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI y MC, se retiraron del recinto y en consecuencia no votaron. Al día siguiente se trasladó el dictamen al pleno de la Cámara de Diputados en como parte de una interminable sesión ordinaria, fue aprobada con tres reservas.

Aunque la oposición había inscrito reservas a prácticamente cada uno de los artículos de la ley, solo se aceptaron a discusión las de Morena. La primera de ella fue presentada por Alberto Villa Villegas que, con el argumento de “fortalecer” a la ciencia y la tecnología del país propuso eliminar la expresión “en términos reales” de la obligación de incrementar el presupuesto del ejercicio inmediato anterior, lo que de hecho limita el monto que se debería adjudicar a ese rubro. La propuesta fue aprobada por el partido gubernamental.

La segunda y tercera reservas fueron presentadas por Juan Pablo Sánchez Rodríguez, de Morena. Una de ellas establece que los ocho invitados que participarán en la Junta de Gobierno del Consejo Nacional, además de los catorce funcionarios que se incluyen, formen parte de dicho órgano por un periodo máximo de dos años. La otra, agrega a la Junta de Gobierno, sin voz ni voto, a un representante de la CNDH. Las tres reservas fueron aprobadas y forman parte del dictamen autorizado por la Cámara de Diputados.

En la atropellada sesión ordinaria de la Cámara de Senadores que inició el 28 de abril, se incluyó de último momento la revisión y votación del dictamen correspondiente a la LGHCTI; el punto no formaba parte de la orden del día previamente establecida y tuvo que ser votada y aprobada, exclusivamente por los senadores de Morena, su incorporación. En la parte de la sesión correspondiente a esa ley se informó a los senadores presentes que podían consultarla a través de un código QR distribuido por medios electrónicos. La norma se aprobó en minutos, como ocurrió con el resto del paquete legislativo de dicha sesión.

Hoy sabemos que los partidos opositores interpondrán recursos contra el procedimiento seguido, con la confianza que el máximo tribunal seguirá los mismos criterios que tomó para la invalidación de las primeras leyes del “Plan B”. Las minorías parlamentarias —se requieren, al menos, 33 por ciento de diputados o senadores federales o de las legislaturas de los estados- cuentan con treinta días para presentar acciones de inconstitucionalidad, que es la vía más probable para la impugnación de las leyes aprobadas en Xicoténcatl. La Corte determinará la procedencia de los recursos que se presenten y en algún momento se pronunciará al respecto. Es difícil saber, en este momento, la duración y el resultado final del proceso. Por eso, la duda: ¿se invalidará la LGHCTI?