Roberto Rodríguez Gómez

En las postrimerías del siglo XVIII, en el marco de las reformas implantadas en el virreinato por la monarquía borbónica, se establecieron varias instituciones orientadas al cultivo de la investigación. En orden cronológico: la Real Cátedra de Cirugía (1768), el Real Hospital de San Andrés (1770), el Real Seminario de Minería (1779), la Real Academia de las Nobles Artes de San Carlos (1784), el Real Jardín Botánico, la Real Cátedra de Botánica (1787) y el Real Gabinete de Historia Natural (1790-1802). El carácter laico e ilustrado de tales establecimientos brindó una alternativa al trabajo académico e intelectual desarrollado por la antigua Universidad, así como la posibilidad de aplicar desarrollos científicos y técnicos al sector productivo (véase: Azuela Bernal, Luz Fernanda; Vega y Ortega Baez, Rodrigo Antonio Ciencia y público en la ciudad de México en la primera mitad del siglo XIX, 2015).

Luego de la independencia y en el curso del siglo XIX, se experimentaron diversas fórmulas de auspicio a las actividades de ciencia y tecnología. Además de la permanencia, con algunos cambios, de las instituciones borbónicas, tanto los gobiernos liberales como los conservadores promovieron nuevas instituciones dedicadas a la investigación, así como sociedades científicas, museos e instituciones de educación superior.

En 1825, Guadalupe Victoria ordenó la integración de un museo nacional, proyecto que lograría materializarse, en una primera etapa, en las instalaciones de la Universidad. En continuidad de esa iniciativa, en 1865, durante el régimen de Maximiliano de Habsburgo, se estableció el Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia con sede en la Casa de Moneda. También por iniciativa de gobierno de Guadalupe Victoria se fundó, en 1826, el Instituto Nacional de Ciencias, Literatura y Artes, que convocó a medio centenar de científicos e intelectuales, aunque, por limitaciones económicas, no consiguió persistir.

A la década de los años treinta del siglo XIX corresponde el establecimiento del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (1833), institución de primera importancia en la relación entre desarrollo científico y políticas públicas. Dicho instituto tendría, desde su origen, la forma de una sociedad integrada por especialistas en ciencias de la tierra, físicos, astrónomos, matemáticos y académicos de ciencias sociales. Como primer encargo, la formación de una carta general geográfica del país, así como la planeación de la estadística nacional en diversas materias, ente otras: población, economía, comercio, salud y educación. En 1855 el instituto se transformó en Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística con secciones dedicadas a geografía, estadística, observaciones (geográficas, astronómicas y meteorológicas) y adquisición de materiales (Ortiz Arellano, Edgar, México y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística: fundación y contexto, 2015).

En cuanto a la formación de profesionales, en el período inicial de la vida independiente hay una suerte de convivencia entre la tradición universitaria de corte eclesiástico y los intentos modernizadores que buscaban la renovación de la enseñanza superior a través de la ciencia y el humanismo laico. La Universidad permaneció en funciones hasta 1833, en que por primera vez se decretó su suspensión. El proyecto era reemplazar la antigua Universidad mediante seis establecimientos: estudios preparatorios, estudios ideológicos y humanidades, estudios físicos y matemáticos, estudios médicos, estudios de jurisprudencia y estudios sagrados. No obstante, un año después Santa Anna restituyó las facultades a la Universidad y los colegios, y suspendió la fundación de los nuevos planteles, entre los cuales sólo el Establecimiento de Ciencias Médicas pudo sobrevivir. Luego de varios eventos de cierre y reapertura de la institución, en 1865 Maximiliano decretó la supresión definitiva de la Universidad, de manera que la enseñanza superior quedaría concentrada, en la segunda mitad del siglo xix, en las escuelas profesionales de la capital de la República y los institutos científicos y literarios de los estados.

En 1867, al restablecer la República, el presidente Juárez se dio a la tarea de recuperar el control de parte del Estado sobre la organización educativa en su totalidad. En ese año se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública del Distrito Federal, en la cual, además de las normas correspondientes a la enseñanza elemental y la educación media y normal, se decretó la instauración de los siguientes centros de enseñanza superior: Escuela de Medicina, Cirugía y Farmacia, Escuela Especial de Ingenieros, Escuela de Agricultura y Veterinaria, Escuela de Naturalistas. Del mismo modo, se establecieron la Academia Nacional de Ciencias y el Observatorio Astronómico y fueron reorganizados el Jardín Botánico, la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional.

En la larga presidencia de Porfirio Díaz se apoyaron las actividades de investigación científica a través del establecimiento de institutos, sociedades y comisiones de estudio en diferentes campos de ciencia aplicada, como geología, astronomía, medicina, química, agricultura, geografía y estadística, entre otros. Al ocaso del porfiriato, la refundación de la Universidad Nacional (1910) abrió un nuevo capítulo.