Roberto Rodríguez Gómez

En 1910, en el marco de las celebraciones del centenario de la Independencia y por iniciativa del entonces ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Justo Sierra, se autorizó la creación de la Escuela Nacional de Altos Estudios (7 de abril) y la fundación de la Universidad Nacional de México (31 de mayo). Según lo proyectado, en ambas instituciones se procuraría articular las tareas de formación de profesionales, las de investigación, así como las de extensión y difusión cultural.

La Universidad Nacional coordinaría “la reunión de las Escuelas Nacionales Preparatoria, de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingenieros, de Bellas Artes (en lo concerniente a la enseñanza de la arquitectura) y de Altos Estudios (Ley Constitutiva de la Universidad Nacional de México, artículo 2). Para la Escuela Nacional de Altos Estudios (ENAE) estaba prevista la formación de posgrado en tres áreas de conocimiento: humanidades, ciencias exactas, físicas y naturales y ciencias sociales, jurídicas y políticas. También se consideraba una forma de interacción entre la formación de posgrado y las prácticas de investigación científica. En el artículo sexto de la ley constitutiva de la ENAE se disponía al respecto que: “Los institutos que dependen del Gobierno Federal, los laboratorios y estaciones que se establezcan en el Distrito u otras partes del territorio mexicano, formarán parte de la Escuela Nacional de Altos Estudios, en cuanto sea indispensable para realizar los fines de la misma, y se mantendrán en el resto de sus funciones en la dependencia reglamentaria de los Ministerios que los organicen y sostengan”.

Los cambios en el escenario político de la primera década del siglo XX impidieron la concreción del proyecto de Sierra en el sentido de articular en torno a la Universidad Nacional las actividades de investigación que se realizaban en distintas instituciones públicas. Esta posibilidad sería vuelta a legislar, con otro enfoque, casi al concluir el periodo de Victoriano Huerta. El 17 de abril de 1914 se decretó una “Ley de la Universidad Nacional” en que se establecía que la institución “estará constituida por la reunión de las facultades establecidas en las escuelas nacionales de Jurisprudencia, de Medicina, Odontológica, de Ingenieros, de Bellas Artes y de Altos Estudios; por los institutos Médico, Patológico y Bacteriológico nacionales y por el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, el Museo Nacional de Historia Natural y la Biblioteca Nacional.” La norma no entró en efecto porque los gobiernos emanados de la Revolución desconocieron la legislación aprobada durante el régimen golpista.

El 22 de julio de 1929 fue promulgada la primera ley que concedía autonomía a la Universidad, es decir la titulada “Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma”. En esta se precisan varias disposiciones que conciernen al tema. En la exposición de motivos se incluye, en calidad de considerando de la norma que “para cumplir los propósitos de elaboración científica, la Universidad Nacional debe ser dotada de aquellas oficinas o institutos que dentro del gobierno puedan tener funciones de investigación científica y que, por otra parte, el gobierno debe poder contar siempre, de una manera fácil y eficaz, con la colaboración de la Universidad para los servicios de investigación y de otra índole que pudiera necesitar” (noveno considerando).

La ley del 29 traduce el propósito de vincular la tarea docente universitaria con la función académica de investigación desde el primer artículo de la norma: “La Universidad Nacional de México tiene por fines impartir la educación superior y organizar la investigación científica, principalmente la de las condiciones y problemas nacionales, para formar profesionistas y técnicos útiles a la sociedad y llegar a expresar en sus modalidades más altas la cultura nacional, para ayudar a la integración del pueblo mexicano”. Además precisa que “el Gobierno Federal podrá poner bajo la dependencia de la Universidad otros establecimientos de enseñanza o de investigación científica; y dependerán también de la misma Universidad los que ésta funde con sus recursos propios, aquellos cuya incorporación acepte y los que provengan de fundaciones o de donaciones particulares aceptadas también por la propia Universidad” (artículo 1).

En otro artículo de la misma ley se enumeran los institutos de investigación que formarán parte de la Universidad: la Biblioteca Nacional, el Instituto de Biología, el de Geología, así como el Observatorio Astronómico. En los transitorios de la norma se precisa que “el Instituto de Biología quedará formado por la actual Dirección de Estudios Biológicos, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Fomento, excepción hecha de la parte relativa al Parque Zoológico y al Jardín Botánico; y el Instituto de Geología quedará formado por el actual Departamento de Exploraciones y Estudios Geológicos, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo.

La década de los años treinta marca un periodo de gran distanciamiento político entre el gobierno y la Universidad Nacional. La autonomía impuesta en 1933, que buscaba separar a la institución de la esfera gubernamental, tendría efectos sobre la organización académica de la institución. Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940) se verificó un doble proceso: por un lado, la intención gubernamental de tomar control sobre la producción científica nacional, lo que se plasmaría en la instauración del Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación Científica, aprobado por ley del Congreso el 25 de octubre de 1935. Por otro lado, el conjunto de medidas y proyectos de la Universidad Nacional enfocados al establecimiento de relaciones colaborativas con la administración federal para recuperar el acceso al subsidio público.

El proceso de reconciliación entre el Estado y la Universidad en esa etapa fue gradual y se apoyó en la elección de autoridades universitarias relativamente afines al proyecto gubernamental: los rectores Luis Chico Goerne (1935-1938), Gustavo Baz Prada (1938-1940) y Mario de la Cueva (1940-1942). Además de integrar al Estatuto General de la Universidad de 1936 la perspectiva nacionalista sostenida por el régimen, la institución apoyó el proyecto de establecer el servicio social como requisito obligatorio para la obtención del título profesional, respaldó la expropiación petrolera y brindó facilidades para incorporar académicos de la diáspora intelectual española.

En la próxima entrega nos ocuparemos del proyecto cardenista de coordinación de la investigación científica así como de la subsiguiente iniciativa del presidente Ávila Camacho plasmada en la Ley de la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica (1942).