Roberto Rodríguez Gómez

En 1970, en la antesala del inicio de la presidencia de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), el Instituto Nacional de la Investigación Científica (INIC), dio a conocer un extenso documento titulado “Política nacional y programas en ciencia y tecnología” (437 págs.), con la clara intención de promover un cambio de dirección de la política pública en materia de ciencia y tecnología. Dicho documento presenta un diagnóstico de la situación prevaleciente en ese momento y desarrolla una propuesta, la cual, en términos generales, sería la base conceptual y organizativa del futuro Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: el Conacyt.

En la sección de antecedentes se reconoce que los órganos creados por el Estado para atender la materia, es decir el Consejo Nacional de la Educación Superior y de la Investigación Científica (1935); la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica (1942) y el propio Instituto Nacional de la Investigación Científica (1950, reformado en 1961), tuvieron poca eficacia para impulsar el desarrollo de las actividades de ciencia y tecnología, por varias razones: los escasos recursos financieros destinados a ese propósito; la falta de autoridad para cumplir sus funciones de manera unificada; la ausencia de facultades para intervenir en la investigación aplicada; la carencia de una masa crítica de científicos y tecnólogos, así como la falta de una política gubernamental en ciencia y tecnología ligada al desarrollo económico y social.

Un segundo antecedente de relevancia se sitúa en el marco de recomendaciones de varios organismos multilaterales para impulsar los sistemas de ciencia y tecnología, emitidas desde los años sesenta. Se consideraba esa opción como un mecanismo indispensable para generar crecimiento económico, modernización y desarrollo social; era la perspectiva predominante en organizaciones del sistema de las naciones unidas y se reflejó en posicionamientos de la Unesco, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Económica para América Latina. En este marco, cobraría importancia la organización de la “Primera Conferencia sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo de América Latina” (CEPAL, Santiago de Chile, 1965) y la posterior “Declaración Conjunta de los Presidentes de América” (OEA, Punta del Este, Uruguay, 1967).

En la asamblea de Punta del Este, los jefes de Estado de América Latina convinieron la creación de un Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico “encaminado a colocar el adelanto de la ciencia y la tecnología en un nivel que contribuya sustancialmente a acelerar el desarrollo económico y el bienestar de sus pueblos y asimismo permita la investigación científica pura y aplicada en el más alto rango posible.” Se convino, además, que dicho programa sería ejecutado “a través de los organismos nacionales encargados de la política científica y tecnológica, con base en las instituciones públicas o privadas nacionales o internacionales, actualmente existentes, y en los organismos que se creen en el futuro.”

En aquella coyuntura, la administración del presidente Díaz Ordaz (1964-1970) solicitó, en 1969, opiniones a representantes de los sectores del gobierno y la academia para el diseño de una estrategia de refuerzo a la estructura existente. Luego de la consulta, se integró un Consejo Consultivo, bajo la coordinación del INIC, en que participaron instituciones académicas (ANUIES, UNAM, IPN y Escuela Normal Superior); organismos gubernamentales (la Comisión Nacional de Energía Nuclear y los institutos del Petróleo y la Industria Eléctrica); del sector agropecuario (Escuela Nacional de Agricultura, Colegio de Posgraduados e institutos nacionales de investigaciones Agrícolas, Forestales y Pecuarias); las academias científicas (Academia de la Investigación Científica y Academia Nacional de Medicina); la banca pública (Banco de México, Banco Nacional de Comercio Exterior y Nacional Financiera), y el sector privado (Centro Nacional de Productividad, Confederación de Cámaras Industriales y Cámara Nacional de la Industria de la Transformación).

Para el diseño del diagnóstico y el programa se crearon, en el marco del Consejo Consultivo, cuatro comisiones (economía, desarrollo, educación y estructuras administrativas) y trece comités disciplinarios (ciencias matemáticas, físicas, químicas, sociales, biomédicas, agropecuarias y forestales, de la tierra, de la ingeniería, de la comunicación y del control, de los recursos energéticos, y de aplicaciones tecnológicas), así como una comisión interdisciplinaria. Cada una de dichos comités fue presidido por un reconocido líder académico.

A lo largo del año 1970 las comisiones y comités sesionaron y fueron generando la documentación relevante para integrar el documento de diagnóstico y de propuesta de política de ciencia y tecnología integrado por el INIC. En el documento se concluye que “un programa general e integrado de ciencia y tecnología debe considerar dos aspectos fundamentales: las acciones tendientes a asegurar que la investigación disponga de los medios necesarios para su desarrollo y aumente su eficacia; y las encaminadas a que la labor científica no solo esté al servicio del avance del conocimiento en general, sino también al del bienestar económico y social de la población” (pág. 113).

Con esa premisa, el documento se organiza con un formato de planeación (objetivos generales y particulares, políticas y acciones, metas y recursos). Los objetivos generales planteados ofrecen una idea general del enfoque que se buscaba promover. Son los siguientes: incrementar los recursos humanos para la investigación y mejorar su nivel; fortalecer la investigación básica y la aplicada, y fomentar su interacción; establecer una vinculación estrecha entre la investigación y los problemas nacionales en todos los órdenes; distribuir adecuadamente, entre los diferentes sectores, el esfuerzo financiero para sostener la investigación científica y tecnológica; obtener un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales dedicados a la investigación; mejorar la organización de la investigación científica y tecnológica, y sus servicios de apoyo; lograr una cooperación internacional más efectiva (pág. 115).

Al final del documento, en la sección denominada “Alternativas para instituir el órgano central del sistema” se plantean dos posibilidades: la de “crear un organismo nuevo a partir de las bases propuestas, que se denominaría Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, o bien reestructurar el Instituto Nacional de la Investigación Científica” (pág. 437).

Ya sabemos por cuál de ellas optó la presidencia de Echeverría: el 23 de diciembre de 1970 se aprobó la Ley que crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, publicada en el DOF el 29 del mismo mes.