Roberto Rodríguez Gómez

¿Es conveniente y viable la creación de una Secretaría de Estado que articule las funciones de la educación superior con el sector de investigación, desarrollo tecnológico e innovación? Esta posibilidad se ha planteado en varias ocasiones; hoy resurge como tema en la cercanía de las próximas elecciones federales. Para discutirla, abordaremos en esta columna tres aspectos: los antecedentes en México, una comparación internacional y algunos de los planteamientos que se esbozan en la actualidad.

El tema fue abordado, con amplitud, en la coyuntura del cambio de gobierno de 2012, elección en la que competían Enrique Peña Nieto (PRI y PVEM), Josefina Vázquez Mota (PAN), Andrés Manuel López Obrador (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) y Gabriel Quadri de la Torre (Nueva Alianza). La temporada de campañas abrió una ventana de oportunidad para plantear a los aspirantes propuestas de cambio en materia de educación superior y de ciencia y tecnología.

Hubo un par de precedentes importantes a ese momento. Primero, la recomendación de la OCDE en el sentido de crear un ministerio de ciencia y tecnología o de educación superior, ciencia y tecnología. El organismo señalaba que valdría la pena considerar esa opción al ser una práctica común en los países afiliados a la OCDE, aunque también reconocía la dificultad política de ponerla en práctica (OECD, “Reviews of Innovation Policy: Mexico”, 2008, pág. 47). Segundo, la iniciativa de los senadores Francisco Javier Castellón Fonseca y Carlos Navarrete Ruiz (PRD) para crear la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Luego de ser presentada al pleno del Senado (8 de septiembre de 2011), el proyecto fue enviado a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. La iniciativa no avanzó y quedó en la congeladora legislativa.

En marzo de 2012, la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT) dio a conocer un breve documento (15 páginas) titulado “Sociedad y economía del conocimiento para impulsar la competitividad y el desarrollo sustentable de México”, también conocido como Declaración de Monterrey. El documento recomendaba aumentar el gasto público y privado en investigación y desarrollo tecnológico, incrementar el número de científicos y tecnólogos, instrumentar nexos entre el sector académico y el empresarial, así como establecer una Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y un gabinete especial en la materia.

Al final del Congreso de ADIAT tuvieron lugar mesas de diálogo con los candidatos presidenciales. En ellas, según comentó Alejandro Canales en este suplemento, “Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota suscribieron la Declaración. En el caso de Enrique Peña Nieto solamente felicitó a la ADIAT por el documento y manifestó su apoyo al contenido del mismo” (Campusv, 29 de marzo 2012).

Un evento similar ocurrió el 8 de junio de 2012, en que la Anuies presentó a los candidatos una propuesta para la integración de la política de educación superior del sexenio que iniciaría en diciembre de ese año. El documento “Inclusión con responsabilidad social: una nueva generación de políticas de educación superior” incluía, entre otras recomendaciones, “la creación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y el fortalecimiento de las instancias de planeación en todas las entidades federativas del país, a fin de construir, de manera gradual, un moderno sistema de educación superior de carácter federal, equitativamente descentralizado y sólidamente arraigado en sus comunidades locales y regionales” (pág. 37). Esta opción, señalaba la Anuies, conduciría a mejorar las posibilidades de atender la coordinación de entidades autónomas o especializadas, a lograr una articulación más eficiente entre las políticas de educación superior y las de investigación, ciencia, tecnología e innovación, a mejorar la administración del presupuesto público correspondiente y “se favorecería una planeación más eficiente de los programas de posgrado y de los programas orientados a la formación de investigadores y tecnólogos” (ídem).

En el foro de diálogo con los candidatos, Andrés Manuel López Obrador dijo estar de acuerdo con la recomendación de Anuies, además anunció que, en caso de obtener la victoria, designaría a Juan Ramón de la Fuente secretario de Educación y a René Drucker Colín secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación. Peña Nieto dijo que ya se estudiaba la propuesta aunque, eso sí, se comprometía a mejorar sustancialmente el financiamiento federal para ciencia y tecnología.

Pasada la elección federal se desarrolló un amplio ejercicio de diagnóstico y propuestas para la política de ciencia y tecnología en el sexenio por iniciar. Este ejercicio, que derivó en el documento “Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación”, suscrito por más de 60 instituciones y organizaciones académicas, representantes del sector tecnológico y del sector empresarial, fue liderado por el entonces rector de la UNAM, José Narro Robles, quien consiguió convocar y convenir con los principales representantes del sector de ciencia y tecnología del país los planteamientos y propuestas de dicho documento.

Entre otras recomendaciones, la “agenda nacional” incluía la propuesta de “considerar la creación de una Secretaría de Estado con las atribuciones y capacidades suficientes para articular y coordinar los múltiples esfuerzos que se requieren para posicionar al conocimiento como un motor fundamental del desarrollo de México” (pág. 6). Se aclaraba que, en ese esquema, el Conacyt “se convertiría en un organismo operador de fondos incluido en el sector y las funciones del Consejo General serían asumidas por la nueva Secretaría” (pág. 57).

En la próxima entrega revisaremos con mayor detalle las coincidencias y diferencias entre las propuestas de ADIAT, Anuies y del grupo de la “Agenda Nacional”, así como algunas hipótesis sobre las razones que impidieron su implementación en el sexenio 2012 a 2018.