Roberto Rodríguez Gómez

Puede leer aquí la parte I

En 2006, los académicos Enrique Cabrero, Diego Valadés y Sergio López Ayllón coordinaron el volumen El diseño institucional de la política de ciencia y tecnología en México, publicado en coedición entre la UNAM y el CIDE. El texto inicia con un capítulo introductorio, con el mismo título del libro, en que los autores realizan un ejercicio de diagnóstico y propuestas sobre el sistema nacional de ciencia y tecnología del país, en la coyuntura del cambio de gobierno.

Al considerar el déficit de coordinación de la puesta en práctica de la Ley de Ciencia y Tecnología aprobada en 2002, así como la operación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que fue reformado en el marco de la nueva normativa, los autores analizan un conjunto de opciones resolver la problemática observada. Sobre cada una de ellas razonan ventajas y riesgos.

La primera opción, que desde su punto de vista implicaría el menor nivel de conflicto, consiste en “el mantenimiento del diseño actual con algunos ajustes”. Los que los autores proponen son: institucionalizar espacios de participación más claros para la comunidad científica en los órganos colegiados de decisión; otorgar mayores atribuciones al Foro Consultivo y fortalecer la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología. En esta opción, la ventaja es el bajo costo político que conllevaría y la desventaja es que las modificaciones tendrían un alcance limitado para el problema que se busca resolver.

La segunda opción, de carácter estructural y con implicaciones jurídicas importantes, consiste en resectorizar el Conacyt, ya sea volviéndolo a depender de la SEP, adscribirlo a la Secretaría de Economía o a la Secretaría de Hacienda. Cada vertiente con sus pros y contras. Sectorizarlo de nueva cuenta en SEP facilitaría la debida articulación entre el sector de ciencia y tecnología y el de educación superior, aunque tendría como un costo burocrático importante. Adscribir el Conacyt a Economía ayudaría al fortalecimiento de las vertientes tecnológicas y de innovación, pero difícilmente al fondeo de ciencia básica y de programas de posgrado. La sectorización en Hacienda probablemente facilitaría el acceso a fondos públicos y la operación de incentivos fiscales, aunque tendría en contra la escasa familiaridad de Hacienda con el sector de ciencia y tecnología.

La tercera opción que consideran los autores consiste en la creación de una Secretaría de Ciencia y Tecnología, cuyas ventajas serían principalmente políticas y de capacidad de incidencia en las decisiones del Ejecutivo Federal para promover la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. En esta alternativa también se abre la posibilidad de una Secretaría de Ciencia, Tecnología y Educación Superior, que en el papel luce óptima aunque corre también riesgos de burocratización y de que los requerimientos financieros del segmento de educación superior menoscaben la inversión en actividades de ciencia y tecnología.

Una cuarta opción sería la creación de un organismo tripartito coordinado por el sector gubernamental, el sector académico y la iniciativa privada. Una suerte de institucionalidad triple hélice para buscar sinergias y fondos entre los mismos y articular las necesidades del sector productivo con las potencialidades del segmento académico y la acción de gobierno. Para los autores, esta sería una innovación estructural de mayor alcance, pero sus condiciones de viabilidad son suficientemente limitadas para apostar por ella.

Por último, como quinta opción, sugieren la fragmentación del Conacyt: el envío del SNI, los programas de posgrado, la ciencia básica y los centros públicos de investigación a la SEP, para ubicar los componentes académicos y educativos del sistema en el organismo gubernamental con competencia educativa. Las políticas de desarrollo de tecnología e innovación a Economía, y la administración de fondos mixtos, fideicomisos e incentivos fiscales a Hacienda. Se tendría como ventaja una mayor coherencia entre las actividades y programas del sistema y los órganos gubernamentales más competentes en cada caso, con la desventaja de desarticular y por tanto debilitar los mecanismos de coordinación.

En el libro coordinado por Cabrero, Valadés y López Ayllón hay también un ensayo, de la autoría de José Antonio Peña y Lorena Archundia, ambos especialistas en el diseño de políticas públicas. En su texto “El marco institucional de la política de ciencia y tecnología en México”, proponen la posibilidad de crear una Secretaría de Ciencia y Tecnología y una Ley General de Ciencia y Tecnología. Ambas posibilidades, a su juicio, favorecerían la integración de una auténtica red de política pública, que tendría expresión institucional en un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

La idea de elevar a rango ministerial el organismo gubernamental encargado de las políticas de educación superior, ciencia y tecnología era también compartida, en ese momento, por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. En su documento “Conocimiento e Innovación en México: Hacia una Política de Estado, Elementos para el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Gobierno 2006-2012” se establece la recomendación de “Conformar la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, como coordinadora del sector, con la capacidad de orientar efectivamente la política, otorgándole las facultades y los recursos que le permitan establecer los marcos de referencia, la regulación estratégica y los incentivos respecto de las acciones de los diferentes agentes participantes” (pág. 66).

En la propuesta del Foro, el Conacyt “se transformaría en un nuevo organismo paraestatal de carácter tripartito, sectorizado en la nueva Secretaría”, con la misión de fungir “como agencia de financiamiento de la política científica y tecnológica” (pág. 77).