Roberto Rodríguez Gómez

No de balde llaman a Puerto Rico la isla del encanto. Clima, paisaje, cultura y calidez humana se reúnen para brindar al visitante la más grata bienvenida. Así tuve oportunidad de constatarlo gracias a la invitación del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico para participar en una de las mesas de trabajo del IX Congreso Puertorriqueño de Investigación en la Educación, celebrado la semana pasada en las instalaciones del Recinto de Río Piedras de la UPR.

Este congreso, que se realiza anualmente desde 1997, se ha consolidado como un punto de referencia nacional y regional. Es el foro en que converge la reflexión y el debate de los temas educativos y las investigaciones en curso en aquel contexto. En sus últimas ediciones se ha procurado, además, convocar a investigadores y especialistas de otras latitudes para contar con el contraste internacional que abra pistas a la reflexión comparada.

La problemática educativa de ese país, particularmente las condiciones y dinámica del sistema de educación superior, comporta un grado de especificidad tal que desaconseja una comparación simple con otros países de América Latina. Dicho en breve, la educación puertorriqueña se define, simultáneamente, por la forma y contenido de las respuestas a su condición de país en vías de desarrollo, es decir su grado de adecuación a las necesidades del entorno nacional, y por el modo en que se enfrentan los retos y oportunidades derivados de formar parte estructural del sistema educativo de los Estados Unidos.

Como se recordará, Puerto Rico posee el estatuto político de "estado libre asociado" (ELA) a la Unión Americana. Formalmente se trata de una mancomunidad (Commonwealth) entre ambos países, lo que otorga soberanía republicana a ése país, autoridades electas para los poderes ejecutivo y legislativo, y constitución propia. Sin embargo, la fórmula de autonomía es limitada, el titular del ejecutivo es un "gobernador", y la legislación federal estadounidense tiene jurisdicción en el territorio asociado. Además, los nativos de la isla son reconocidos como ciudadanos estadounidenses y ambos idiomas, inglés y español, son lenguas oficiales.

Esta condición política implica, para la educación superior puertorriqueña, una amplia serie de requerimientos, aunque también posibilidades de desarrollo. En la actualidad el sistema incluye aproximadamente doscientos mil estudiantes en cerca de cincuenta instituciones de educación superior, de las cuales siete son públicas y el resto privadas. El segmento público concentra poco menos del cuarenta por ciento de la matrícula total a través de siete instituciones de este carácter, siendo la principal la centenaria Universidad de Puerto Rico. El resto de IES públicas son más bien escuelas especializadas e instituciones de tipo tecnológico. En el sector privado destacan la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIRP), las universidades adscritas al Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM), así como la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR).

A partir de los años noventa se construyó un sistema complementario, formado por instituciones de nivel técnico superior que ofrecen carreras de dos años. Este subsistema ha crecido notablemente y en la actualidad incluye cerca de cuatrocientos establecimientos públicos repartidos en todo el país, con una matrícula de más de cincuenta mil estudiantes. El principal estímulo al desarrollo del sector (superior no universitario) han sido las becas federales del gobierno estadounidense, principalmente las llamadas becas Pell, de las que son beneficiarios más del noventa por ciento de los inscritos.

Al sumar la matrícula de estudiantes universitarios y alumnos del sistema técnico superior, la cobertura que alcanza el sistema supera el cuarenta por ciento de la demanda potencial, aunque vale la pena resaltar que una proporción muy significativa de la juventud puertorriqueña, en especial de la población económicamente más vulnerable, opta por migrar a la metrópoli estadounidense. Más ahora que la tasa de desempleo en Puerto Rico se aproxima al veinte por ciento de la PEA.

La UPR tiene las características de una universidad central. El campus principal (Recinto Río Piedras) se localiza en San Juan pero hay también unidades universitarias en los municipios de Mayagüez, Cayey, Humacao, Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Carolina, Ponce y Utuado. Con cerca de setenta mil estudiantes en programas de bachillerato, licenciatura y posgrado, la gran mayoría de sus programas acreditados bajo los estándares de calidad de las universidades estadounidenses, y concentrando la mayor parte de la investigación científica, tecnológica y humanística que se realiza en aquel país, la Universidad de Puerto Rico satisface los criterios de calidad, pertinencia y responsabilidad social exigibles a cualquier universidad pública que se reconozca como tal.

La UPR es financiada a través de distintas fuentes. En orden de importancia, asignaciones del Fondo General del ELA, asignaciones federales específicas, cuotas escolares e ingresos autogenerados. El cobro por concepto de servicios escolares varía según la carrera, se cobra por crédito escolar, y existen las mismas opciones de becas y becas reembolsables que en aquel país, es decir es aplicable la normativa de la Higher Education Act que, en esencia, establece oportunidades de subsidio a la demanda siempre y cuando se satisfaga el requisito de inscripción en programas formalmente acreditados.

Con todo, lo más interesante, en el nivel de los retos y perspectivas de la UPR, radica en un dilema de identidad crucial: avanzar hacia una configuración institucional competitiva en el marco del sistema de educación superior de EUA, o bien reafirmar su vocación de universidad nacional con pertinencia local en materia de formación de profesionales, agenda de investigación y papel cultural. Da para pensar.