Roberto Rodríguez Gómez

El gobierno debe decidir si México participará o no en la edición 2025 de la prueba PISA que administra la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El tema se ha discutido en medios nacionales y redes sociales a raíz de la difusión de un comunicado enviado por Andreas Schleicher, coordinador de la evaluación, a las autoridades de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) en el que hace notar que “la decisión de participar en PISA 2025 puede esperar hasta finales de 2024, pero la decisión de participar solo será posible si México realiza una prueba de campo este año” (26 de abril 2024). Hasta el momento las autoridades de la SEP no se han pronunciado al respecto, por lo que cabe suponer que la moneda está en el aire.

México ha participado en la prueba PISA desde su primera edición en el 2000 y desde entonces en las evaluaciones trianuales de 2003 a 2022, la última de las cuales, programada para 2021, se pospuso un año por la pandemia. En cuatro de las pruebas (2003, 2006, 2009 y 2012) México llevó a cabo un sobre-muestreo (más de treinta mil estudiantes) que permitió obtener resultados representativos de cada entidad federativa. A partir de 2015, en que se decidió realizar el test por medio de computadoras, con la consiguiente elevación del costo de aplicación, la muestra mexicana (aproximadamente ocho mil estudiantes) es representativa para la escala nacional, aunque también para algunos conglomerados: sexo, nivel socioeconómico, entorno rural y urbano y régimen público o privado de los centros escolares.

La evaluación PISA consiste en dos instrumentos: la prueba de conocimientos y competencias en los dominios de matemáticas, comprensión de lectura y ciencia, y un cuestionario de contexto. Los países participantes asumen la responsabilidad de aplicar tales instrumentos en las escuelas de la muestra integrada. Por lo general, la muestra consiste en trescientas escuelas, en cada cual un grupo de aproximadamente treinta estudiantes de quince años cumplidos, lo que en México corresponde normalmente al tercer grado de secundaria. Por su naturaleza internacional, la prueba no está alineada al currículum sino que se enfoca a medir competencias que se consideran fundamentales al concluir los ciclos de la educación básica. En la prueba se combinan preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas que son evaluadas en términos de respuesta correcta, incorrecta o parcialmente correcta.

El diseño básico del contenido de la prueba no está en manos de la OCDE, sino que, para cada edición, procede una licitación internacional. El Consejo Australiano para la Investigación Educativa fue seleccionado para el efecto en los primeros cinco ciclos de PISA (2000 a 2012) y ahora para la prueba que se llevará a cabo en 2025. Una de las características importantes de la aplicación es que, en cada edición, se evalúa a profundidad uno de los tres dominios de conocimiento que la integran. En los años 2000, 2009 y 2018 el dominio principal fue lectura; matemáticas en 2003, 2012 y 2022, y ciencias en 2006, 2015 y lo será en 2025.

En la aplicación de 2022, participaron los treinta y siete países de la OCDE, sin excepción, así como treinta y tres países más y tres territorios (la ciudad de Bakú, en Azerbaiyán, y Hong Kong y Macao de China), que sin ser integrantes del organismo solicitaron la aplicación. Tuvieron presencia catorce países de América Latina y el Caribe, entre ellos los cuatro latinoamericanos miembros de OCDE (Chile, Colombia, Costa Rica y México) y diez países más: Argentina, Brasil, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Panamá, Perú y Uruguay.

La versión para 2025 pone acento en el dominio de ciencias naturales, pero se diferencia de versiones previas en varios aspectos relevantes. El marco de la evaluación consiste en tres competencias científicas: explicar fenómenos científicamente; construir y evaluar diseños para la indagación científica e interpretar datos y pruebas científicas de manera crítica, y buscar, evaluar y utilizar información científica para tomar decisiones y actuar. Se agrega un subgrupo de tres competencias en ciencias ambientales: explicar el impacto de las interacciones humanas con los sistemas de la Tierra; tomar decisiones informadas para actuar con base en la evaluación de diversas fuentes de evidencia y para aplicar el pensamiento creativo y sistémico para regenerar y sostener el ambiente, y demostrar respeto por las diversas perspectivas y esperanza en la búsqueda de soluciones a las crisis socioecológicas.

Además, a través de la prueba, se propone evaluar dos aspectos considerados de especial relevancia. El primero se denomina “agencia en el Antropoceno”, y se refiere a la capacidad y la responsabilidad de comprender y actuar en un entorno caracterizado por múltiples riesgos de naturaleza ambiental y socioeconómica. El segundo se define como “identidad científica” y se propone evaluar hasta qué punto los estudiantes valoran las perspectivas científicas y los enfoques de la indagación; cuáles son los elementos afectivos de la identidad científica; y en qué medida se está desarrollando una conciencia ambiental, preocupación y agencia para participar en el actual contexto.

Otra innovación importante de la PISA-2025 consiste en el intento de alinear el marco de las ciencias con el de las matemáticas y la lectura, y no específicamente con la “competencia científica”. Ello es novedoso porque, en aplicaciones anteriores, cada dominio ha sido explorado y evaluado como bloques independientes entre sí.

Hay varias razones que justifican la continuidad de México en este ejercicio de evaluación. En mi opinión merece ser considerada la posibilidad de contar con una línea base de conocimientos científicos al inicio del gobierno por venir, a la que pueda darse seguimiento en un punto intermedio del siguiente sexenio y a su término. Además, conviene tener en cuenta la información que se requiere bajo la hipótesis de aprovechar la pauta de relocalización industrial, así como, desde la perspectiva de la política científica por venir, la opción de diagnosticar los conocimientos y competencias que hace falta robustecer para alentar vocaciones científicas en las próximas generaciones.

Ojalá se tome la decisión correcta.