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Roberto Rodríguez Gómez

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Malos tiempos para la autonomía universitaria: el caso de Sinaloa

Rodríguez-Gómez, R. (septiembre 26, 2024). Malos tiempos para la autonomía universitaria: el caso de Sinaloa. Suplemento Campus Milenio. Núm. 1061. 2024-09-26

El 20 de septiembre la LXIV legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó, por mayoría, el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Este hecho ha sido interpretado como una probable violación a la autonomía de la que goza esa casa de estudios y, también, como un motivo de preocupación ante la posibilidad de que el procedimiento adoptado se replique, escale y haga tendencia en el ámbito general de la autonomía universitaria.

Al día siguiente, el Consejo Nacional de la Anuies se manifestó expresando un enérgico rechazo a la medida, “toda vez que dicha modificación es violatoria del artículo 3, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 2, párrafo tercero de la Ley General de Educación Superior, donde establece que cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, así como una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado, procedimiento que no fue observado por el Congreso estatal”.

El proceso que condujo a la reforma es complejo, tiene como contexto una disputa por el control de la principal universidad sinaloense, y resulta ilustrativo de los riesgos que corre la autonomía universitaria en el actual escenario político del país. Sigamos su línea temporal y el curso de los acontecimientos.

El 9 de septiembre de 2020, el entonces senador Rubén Rocha Moya presentó al pleno del Senado de la República la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Educación Superior, y se abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior”. Dicha iniciativa, la LGES, fue suscrita por legisladores de todos los grupos parlamentarios y, con algunas modificaciones, fue aprobada por el Senado en diciembre de 2020 y por la Cámara de Diputados en marzo de 2021.

Con el ánimo de precisar los requisitos para la eventual reforma de leyes orgánicas de las universidades y de otras instituciones de educación superior autónomas por ley, la norma general aprobada incluyó la disposición citada en el comunicado de Anuies, es decir, la obligación de que cualquier proyecto de reforma debiera contar con la conformidad de la universidad afectada, expresada a través de su máximo órgano de gobierno, previa consulta con la comunidad universitaria. Esa disposición tenía por contexto los varios intentos, generalmente frustrados, de reformar leyes orgánicas en varias universidades autónomas del país a través de iniciativas de gobernadores o legisladores que no tomaban en cuenta el punto de vista de las autoridades y comunidades universitarias.

Electo gobernador de Sinaloa, el ex senador Rocha Moya, quien también ocupó el cargo de rector de la UAS en el periodo de 1994 a 1997, promovió la formulación de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa. En el artículo tercero de dicha ley, publicada en el diario oficial del gobierno del estado el 28 de febrero de 2023, tras citar el texto de la LGES referido a la modificación de leyes orgánicas, se añadió la siguiente disposición: “Toda consulta para modificar las leyes orgánicas a que se refiere este artículo será convocada y organizada por el Congreso del Estado conforme a los parámetros, lineamientos y metodología que este considere pertinente, el cual podrá solicitar el auxilio de la autoridad universitaria en la organización de la consulta, con pleno respeto a su autonomía”.

La reacción de las autoridades universitarias fue inmediata, porque consideraban que la referida consulta debía llevarse a cabo por la propia universidad, no por un órgano externo a la misma, precisamente en ejercicio de la condición de institución autónoma. A partir de ese momento, la UAS inició una defensa legal que combatía esa y otras disposiciones de la ley aprobada (artículos 3, 19, 51, 59 y 69). Luego que, en marzo de 2023, el juez federal primero de distrito con sede en Culiacán, Carlos Reyes Flores, resolvió la suspensión definitiva de los artículos reclamados, el Congreso del Estado de Sinaloa impugnó la decisión del juzgado federal a través del tribunal colegiado en materia administrativa, aunque posteriormente, en junio de 2024, optó por desistirse del recurso.

En esa fase de proceso, la estrategia del gobernador y la fracción mayoritaria en el Congreso local cambió de curso. Primero, el mismo mes de marzo de 2023, treinta de los cuarenta diputados de la Legislatura ingresaron a la Cámara un anteproyecto de reforma a la ley orgánica de la UAS. La iniciativa fue suscrita por los 23 diputados de Morena y acompañada por seis legisladores del denominado Grupo Plural y uno más del Partido del Trabajo. Esa iniciativa sería el documento base a partir del cual se gestaría la reforma a dicha ley orgánica; su iniciativa fue turnada, para su dictamen, a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, el 3 de julio de 2024.

La consulta

Segundo, para sortear el escollo de las condiciones establecidas en la LGES para cualquier modificación de las leyes orgánicas universitarias, el Congreso invitó a las autoridades de la UAS a que organizaran una consulta en sus comunidades con el objetivo de armonizar su ley orgánica a las disposiciones de la ley general, así como para que formularan una iniciativa de reforma aprobada por el Consejo Universitario de la institución. Los legisladores justificaban esa invitación al interpretar que la propia LGES obligaba a los congresos locales a la revisión de la normativa correspondiente a la educación superior, lo que tendría que incluir, según su criterio, la actualización de las leyes orgánicas universitarias.

En efecto, el artículo quinto transitorio de la LGES señala: “Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco jurídico de conformidad con el Decreto”, aunque luego precisa que “dicho proceso se llevará a cabo en un marco en el que se considere la participación de las instituciones de educación superior, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en política educativa”. Sobre este aspecto, no sobra señalar que, hasta el momento, ninguna otra legislatura estatal, tampoco la federal, ha interpretado el mandato del quinto transitorio en el sentido de una obligación para modificar las leyes orgánicas de las universidades autónomas por ley, aunque ciertamente la interpretación referida conlleva riesgos a tomar en cuenta.

La sugerencia para que la propia UAS formulara un proyecto de reforma hacía notar que la misma sería dictaminada a la par de la iniciativa de los diputados de Morena y aliados y junto con otras que fueran inscritas en el Congreso. Al considerar que el Congreso no tenía facultades para ordenar una consulta universitaria, así fuera a cargo de la institución, y menos aún para instruir a que la universidad desarrollara un proyecto de reforma, las autoridades de la UAS optaron por no atender las sugerencias del Congreso.

Ante la no respuesta de la UAS, los legisladores decidieron que serían ellos, los diputados promotores de la iniciativa original, quienes organizaran la consulta, y que esta tendría validez simplemente porque la universidad no había dado respuesta a sus invitaciones. Para el proceso correspondiente se diseñó una encuesta que podría ser respondida, por estudiantes y académicos, en “mesas receptoras” instaladas los múltiples puntos del estado en que la UAS, incluyendo las preparatorias, tiene presencia. Dicha “consulta” procedió el 11 y 12 de septiembre; además se organizó, el 13 del mismo mes, un foro de consulta, en formato de parlamento abierto, en las instalaciones del Congreso local.

El cuestionario de la consulta tenía las siguientes preguntas: 1. ¿Estás de acuerdo que la educación de la Universidad Autónoma de Sinaloa sea gratuita? 2. ¿La elección del rector o rectora de la universidad debe ser mediante el voto libre, secreto y directo de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos? 3. ¿Las directoras o directores de las Unidades Académicas deben ser electos mediante voto libre, secreto y directo de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos? 4. ¿Los integrantes del Consejo Universitario y de los Consejos Técnicos deben ser electos mediante voto libre, secreto y directo de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos? 5. ¿Consideras que debe haber paridad universitaria, es decir, 50 por ciento alumnos y 50 por ciento trabajadores docentes y administrativos, en la integración del Consejo Universitario y de los Consejos Técnicos? 6. ¿Estás de acuerdo en que la Consejo Universitario, Consejos Técnicos y cargos administrativos sean ocupados 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres?

Los temas consultados coincidían, punto por punto, con las principales modificaciones propuestas en el proyecto de los diputados de Morena y aliados de marzo de 2023. Poco más de mil 350 personas, entre estudiantes y académicos, llenaron las cédulas del cuestionario. Los resultados fueron dados a conocer días después; la respuesta mayoritaria a cada pregunta se pronunció por la opción positiva. Del mismo modo, la sesión del foro consultivo tuvo un tono de respaldo a la iniciativa propuesta, aunque también algunas expresiones aisladas de cuestionamiento, sobre todo sobre la validez del procedimiento establecido por el Congreso.

El trámite para validar la reforma fue más bien acelerado y no carente de fricciones. El 19 de septiembre se procedió a la primera lectura y al día siguiente a la segunda lectura y votación. La sesión del pleno hubo de ser interrumpida por una manifestación de integrantes de la UAS, aunque una vez que se retiraron la sesión continuó hasta la aprobación del proyecto. Para finalizar, uno de los proponentes, el diputado José Manuel Luke Rojas, presentó una reserva con varias modificaciones que fueron aceptadas en su totalidad por el pleno.

Por su importancia, seguiremos comentando el tema en próximas colaboraciones.




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