Roberto Rodríguez Gómez

En respuesta a la publicación de una nueva ley orgánica para la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), el actual encargado de la rectoría, Candelario Ortiz Bueno, determinó una suspensión de actividades a partir del lunes 7 de octubre. Ese día, una comitiva de autoridades de la UAS, encabezada por Ortiz Bueno, se trasladó a la Ciudad de México con el propósito de solicitar a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, su intervención para evitar la violación de la autonomía de esa casa de estudios, con motivo de la promulgación de una ley orgánica que no acató los requisitos que, para ese efecto, están incluidos en la Ley General de Educación Superior (LGES) promulgada en 2019.

La LGES establece que “cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado” (LGES, artículo 2, tercer párrafo).

Las autoridades de la UAS argumentan, con razón, que la universidad no realizó ninguna consulta para reformar su norma orgánica y mucho menos expidió una respuesta de su máximo órgano de gobierno colegiado (el Consejo Universitario), sobre el proyecto de ley respectivo y que, por lo tanto, el acto legislativo concretado por el Congreso del Estado resulta contrario a los preceptos de la disposición federal.

En su conferencia matutina del 8 de octubre, la presidenta Sheinbaum afirmó que “se va a apoyar en lo que se requiera, pero nosotros respetamos hasta ahora la autonomía universitaria, ayer solicitaron una reunión con la Secretaría de Gobernación, se va a reunir, pero no queremos ahora la federación intervenir en la universidad, no se trata de eso, más bien es coadyuvar si hay diferencias, a que se solucionen, que es la tarea que tiene la Secretaría de Gobernación”. El mismo día se concretó una reunión entre los representes de la UAS y funcionarios de SEGOB, encabezados por Benjamín Cárdenas García, coordinador de la Unidad de Gobierno. El subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, participó en dicha reunión vía remota.

La comisión de SEGOB escuchó los planteamientos de las autoridades de la UAS, tomó nota y perfiló un acuerdo: la inmediata reanudación de actividades universitarias y el compromiso de organizar una mesa de diálogo, hacia finales de este mes, que incluya además de funcionarios de la federación y autoridades universitarias, a legisladores y representantes del gobierno local. El objetivo de dicha mesa sería explorar y convenir opciones conducentes a la resolución del diferendo entre el Congreso de Sinaloa y la universidad.

Como se informó oportunamente en este suplemento (22 de octubre 2024), en la reunión del Consejo Universitario de la UAS celebrada el pasado 21 de octubre, el consejero universitario y asesor legal de la institución, Ramón Bonilla Rojas, informó el pleno que un juez federal había concedido a la Universidad Autónoma de Sinaloa una suspensión en contra de las modificaciones y adiciones que efectuó el Congreso del Estado a su ley orgánica. El abogado añadió que: “derivado de esta argumentación que se hizo por parte de la Universidad al desacato de una sentencia de carácter judicial, en este caso de un juez federal, y aunado a un proceso legislativo viciado el cual queda comprobado (…), aunado a todo esto, para el juez federal fue suficiente para catalogar, además que es un tema urgente, que está de por medio la violación a una sentencia judicial, y decretó la suspensión de las consecuencias jurídicas de los artículos que fueron modificados.”

Si esto es así, no sería de extrañar que el Congreso de Sinaloa recurra la suspensión concedida y que el proceso judicial correspondiente continúe su curso. De no resolverse, podría llegar, en algún punto, hasta la instancia de la Suprema Corte de Justicia.

Falta por ver si la mesa acordada con SEGOB produce algún resultado que pueda ser aceptado por las partes. No sobra recordar, al respecto, que una primera mesa de diálogo, instruida por el entonces presidente López Obrador el 11 de marzo de este año, no condujo a una solución del conflicto, ni impidió que el legislativo local prosiguiera en el proceso de modificación de la ley orgánica universitaria.

Por ello, aunque se han abierto nuevas posibilidades para evitar la violación de la autonomía en la UAS, el tema no puede darse aun por resuelto. El contexto político local e incluso la renovación del poder judicial en curso pueden jugar un papel en torno a la problemática. Ojalá se alcance una solución satisfactoria no solo para la máxima casa de estudios de la entidad sino, también, ante la posibilidad de que un proceso de reforma legal de tal naturaleza pudiera replicarse en otras instituciones. Es un riesgo.