Roberto Rodríguez Gómez

Para el sexenio que comienza este año se han planteado ambiciosas metas en que destacan propósitos de orden social: hacer realidad el derecho a la educación superior y la gratuidad de la educación superior pública; mejorar las condiciones de equidad en las oportunidades de acceso y tránsito escolar; orientar la oferta de programas hacia los problemas, retos y oportunidades del desarrollo nacional; lograr una mejor y más equilibrada distribución territorial y acrecentar el nivel de cobertura que se ha alcanzado hasta este momento.

Para avanzar en estos propósitos, es claro que se necesita incrementar la matrícula de educación superior del país; en especial la correspondiente a las universidades y otras instituciones públicas del sistema. Ello ha sido reconocido por el gobierno entrante y ya se han anotado algunas posibilidades para avanzar en esa dirección.

El pasado 23 de octubre, en la conferencia matutina de la presidencia de la República, el titular de la SEP, Mario Delgado, presentó una propuesta de ampliación referida a un segmento del sistema público. Dicha propuesta incluye la creación de nuevas sedes que, en conjunto, permitirían albergar a trescientos treinta mil estudiantes con la siguiente distribución:

• Universidad Rosario Castellanos: Se prevé la apertura de treinta sedes adicionales a las establecidas en la Ciudad de México, que se ubicarán en distintos puntos del territorio nacional, con una meta total de ciento cincuenta mil lugares. • Universidad de la Salud: Se proyecta establecer diez nuevas sedes e incorporar en ella a treinta mil estudiantes. • Universidades para el Bienestar Benito Juárez: Se anticipa la apertura de cincuenta nuevas sedes, lo que ampliará la matrícula del esquema en cuarenta mil nuevos lugares. • Tecnológico Nacional de México: Este sistema proyecta incrementar su capacidad de atención en ochenta y cinco mil nuevos lugares, con una oferta actualizada de programas de base tecnológica. • Instituto Politécnico Nacional: El IPN, es la propuesta, incrementará su cupo en treinta mil nuevos espacios.

Se anunció también, en la propia conferencia, que este grupo de instituciones establecerá la gratuidad lo que, sin lugar a duda, representa un desafío importante. En el sexenio anterior ni el Tecnológico Nacional ni el IPN pudieron eliminar las cuotas escolares por limitaciones financieras. De modo que ambas instituciones, en virtud de sus propuestas de crecimiento y gratuidad deberán recibir un presupuesto que sea acorde a la proyección.

Desde luego, la propuesta inicial deberá enriquecerse con las proyecciones de ampliación de matrícula de las universidades públicas autónomas, las tecnológicas y politécnicas, las escuelas normales, la Pedagógica Nacional, las universidades interculturales, así como las universidades públicas estatales de carácter no autónomo y otras instituciones de educación superior.

También hace falta precisar, se espera que pronto se aclare, cuál será la meta de cobertura sexenal y cuáles los compromisos del Estado para apoyar financieramente al sistema público. Porque, no hay que engañarse, la posibilidad de incrementar la cantidad y la calidad de la oferta de estudios universitarios depende, en gran medida, de la inversión pública que se realice en los próximos años. Algunos datos de la actualidad del sistema pueden servir de referencia para dimensionar el reto al que estamos aludiendo.

En el presente, la matrícula total de educación superior asciende a 5 millones 393 mil 078 estudiantes, de los cuales 4 millones 926 mil 166 (91.3 por ciento) corresponde a la educación superior profesional integrada por los programas de técnico superior universitario, las licenciaturas universitarias y tecnológicas, y educación normalista. En esta cifra es predominante la matrícula de licenciaturas, que absorbe más de 93 por ciento del total.

Es de interés observar, asimismo, la proporción entre la oferta pública y la de instituciones particulares. Según datos del último registro escolar, el correspondiente al ciclo 2023-2024, del total de educación profesional, 64.35 por ciento corresponde a la oferta pública y 35.65 por ciento a la privada. En comparación con la proporción existente en el ciclo 2018-2019, es decir al inicio del sexenio concluido, se observa una disminución de 2.4 por ciento de la oferta pública en comparación con la privada. Visto de otra manera: en el sexenio anterior la educación superior pública (sin contar posgrado) incorporó a 270 mil 84 nuevos estudiantes, mientras que el subsistema privado a 311 mil 949; lo que equivale a decir que la oferta privada aumentó su presencia en el sistema tanto en términos absolutos como relativos.

Más aún, si se mira desde el ángulo del primer ingreso en el ciclo actual de estudios profesionales, la proporción de estudiantes en IES privadas (sin contar posgrado) es aún más acusada: del 1 millón 261 mil 441 estudiantes, cuyo primer ingreso ocurrió el año pasado, 522 mil 249 (41.4 por ciento) se registraron en el segmento privado: cuatro de cada diez alumnos de primer ingreso al ciclo profesional van a universidades y otras instituciones particulares. Revertir esta tendencia, que se produjo en el sexenio anterior, será un reto de fundamental importancia.

Un dato adicional: De los 270,084 nuevos estudiantes que se incorporaron durante el sexenio anterior al sistema público, 187 mil 864 (69.6 por ciento) lo hizo en la modalidad no escolarizada, que integra las opciones de educación abierta, educación a distancia y mixta. Es cierto que la ocurrencia de la pandemia Covid 19 es un factor que puede explicar, al menos parcialmente, esta condición. Pero también es verdad que, si se quiere fortalecer el sistema público de educación superior, será indispensable equilibrar de mejor manera las ofertas de enseñanza presencial y enseñanza a distancia.