Roberto Rodríguez Gómez

Luego de la aprobación en el congreso estatal de la reforma a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de su publicación en el periódico oficial del estado, varios acontecimientos perfilan la ocurrencia de una crisis de gobernabilidad de la institución, o al menos de una confrontación, de pronóstico reservado, entre las fuerzas políticas que disputan el control de la universidad. Como ha ocurrido en otros contextos y circunstancias, una confrontación de tal naturaleza puede irradiar hacia las comunidades universitarias que, según sus intereses o preferencias políticas, apoyen la postura institucional o se decanten en favor de la acción tomada por los poderes públicos del estado en el sentido de cambiar las reglas del juego en la esfera del gobierno universitario.

No es la primera vez que se modifica la ley orgánica de la UAS. En un documentado estudio sobre los cambios normativos de la institución, Carlos Karam Quiñones (“La elección de autoridades en la Universidad Autónoma de Sinaloa”, 2011) refiere los que a continuación se enumeran. En 1965 fue promulgado el decreto que concedió autonomía a la casa de estudios, en el cual la designación de rector se atribuye a una junta de gobierno. En 1970 se emitió una nueva ley, en que se mantuvo la junta de gobierno y su facultad para nombrar rector; esta fue cuestionada por los universitarios, lo que dio lugar, en 1972, a otra norma, en la cual se modificó, notablemente, el procedimiento para la designación de autoridades: se dispuso que sería el Consejo Universitario el órgano facultado para elegir, a través del voto calificado de sus integrantes, a quien ocuparía el cargo de rector.

La orgánica de 1972 fue modificada en 1977 estableciendo, para la elección de rector, el mecanismo de una votación “directa, universal y nominal de estudiantes y profesores de las facultades y escuelas de la universidad correspondiendo del total de la votación el cincuenta por ciento a los estudiantes y el cincuenta por ciento a los profesores” (artículo 16). Mediante esta regla —la elección por votación— ocuparon el cargo los rectores Eduardo Franco (1977-1981), Jorge Medina Viedas (1981-1985), Audomar Ahumada Quintero (1985-1989), David Moreno Lizárraga (1989-1993) y Rubén Rocha Moya (1993-1997). La fórmula de elección de titular de la UAS que data de 1977 puede considerarse el antecedente directo de la actual reforma a la ley orgánica de la institución.

No carece de interés, sin embargo, advertir que el actual gobernador del estado, cuando ocupó el cargo de rector, promovió una nueva ley orgánica, en que se devolvía al Consejo Universitario la atribución de designar rector mediante la elección mayoritaria de los consejeros presentes “en votación nominal y abierta, en los términos que fije el Estatuto General y el Reglamento Interior del Consejo” (artículo 26, fracción III). El artículo 37 de esta ley precisaba que el rector titular sería electo por el Consejo Universitario, de una terna que, previa auscultación entre los diferentes sectores de la comunidad universitaria, presentaría la Comisión de Méritos Académicos y Universitarios. En la práctica, comenta Karam Quiñones, la “auscultación” prevista fue desplazada por procesos electorales que, sin ser formalmente vinculatorios, resultaron determinantes para la designación del cargo.

Bajo la regla fueron electos los rectores: Jorge Luis Guevara Reynaga (1997-2001), Gomer Monárrez González y Héctor Melesio Cuén Ojeda (2005-2009). El último, al asumir la titularidad de la UAS, emprendió un nuevo proceso de reforma, que se plasmaría en la Ley Orgánica de 2006. El nuevo ordenamiento estableció que “el rector será nombrado por el H. Consejo Universitario en votación secreta y por cédula de una terna que le presente la Comisión Permanente de Postulación” (artículo 36). La clave para controlar la designación de los rectores sucesivos dependería, a partir de ese momento, de la capacidad de lograr mayorías en el Consejo.

Toda las reformas y nuevas leyes referidas hasta este punto fueron proyectadas por las autoridades universitarias y contaron con el respaldo de una mayoría legislativa integrada por diputados del PRI; pero, en las elecciones estatales de 2021. el revolucionario institucional perdió tanto la gubernatura como la mayoría del congreso local, siendo desplazado por la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena y Sinaloense (PAS), alianza de corta duración.

Una nueva reforma a la ley orgánica de la UAS comenzó a fraguarse y habría de culminar, en 2024, con la aprobación de un proyecto apoyado por Morena y diputados aliados. El problema, como es sabido, es que la nueva ley transgredió la protección que la Ley General de Educación Superior (LGES) brinda a las instituciones de educación superior autónomas por ley. En el congreso estatal dicha ley fue aprobada, sin contar con la conformidad expresa del Consejo Universitario de la UAS —que es uno de los requisitos mandatados por la LGES— el pasado 20 de septiembre. El gobernador Rocha Moya sugirió algunos cambios, de los cuales destaca el plasmado en el artículo cuarto transitorio, en el cual se determina que en el mes de octubre se llevarán a cabo elecciones para los nuevos integrantes del Consejo Universitario contemplados en la ley, de modo que en noviembre dicho órgano colegiado se integre de conformidad con lo previsto en la norma. La ley fue publicada en el diario oficial del estado el 2 de octubre.

Dos días después, casualmente, el encargado de despacho de la rectoría, Robespierre Lizárraga, fue separado de su cargo, por resolución del juez Carlos Alberto Herrera, quien argumentó que podría obstaculizar la investigación que se sigue sobre el impedir la actuación de la auditoría superior del estado sobre las finanzas universitarias. La posición de encargado de despacho recayó entonces en el secretario general, el académico Candelario Ortiz Bueno, cuyo primer acto de gobierno fue decretar una suspensión indefinida de actividades en la UAS a partir del 7 de octubre.

¿Cómo se puede desenredar esta problemática? Varios han sugerido el diálogo como solución. Desde las autoridades de la UAS se ha solicitado la intervención de la presidencia. Aunque el congreso local insiste en la legalidad de sus medidas ¿hay espacio para la
negociación? Pronto lo sabremos.