Roberto Rodríguez Gómez

La investigación en ciencias, humanidades, tecnologías e innovación que se realiza en el país se lleva a cabo, principalmente, en las universidades y otras instituciones públicas de educación superior, en los centros públicos de investigación, así como en instituciones del sector salud. Este conjunto concentra más del noventa por ciento de las actividades que se incluyen en el programa federal de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; el porcentaje restante se distribuye en otros organismos de la administración pública federal, según reporta el anexo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre del año pasado.

Según dicho anexo, los recursos fiscales destinados al sector, durante el primer año de gobierno, suman un total de 136.0 miles de millones de pesos, lo que representa 2.1 por ciento del gasto programable. Si se compara con el presupuesto federal de 2024 la cifra es alentadora, porque significaría un incremento de 7.5% con respecto al año anterior y también una mejora como proporción del gasto programable, que en 2024 representaba 1.9 por ciento. A esas cifras habría que restar el factor inflacionario, a pesar de lo cual se conservaría un dato positivo.

A pesar de lo dicho, el citado anexo 12 contiene cifras poco confiables. Ahí se reporta que el presupuesto para educación superior aplicable a las funciones de investigación, desarrollo tecnológico e innovación tendría un incremento de casi veinte puntos porcentuales en comparación con el asignado en 2024, concentrando ahora poco más del sesenta por ciento del gasto federal total en la función. Ello no es posible si se toma en cuenta que el incremento corregido al PEF para las IES públicas de educación superior ascendió solo 3.5 por ciento en comparación con el año previo.

Hay además errores evidentes: por ejemplo, mientras que el ramo 11 del PEF, correspondiente al gasto educativo, reporta un subsidio total para el Tecnológico Nacional de México de 22.5 miles de millones, el anexo 12 señala que, de ese monto, 14.5 miles de millones (dos terceras partes de su presupuesto total) se destinarían a funciones de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, lo que es, obviamente, imposible. Menos exagerado, pero también improbable, que la UAM, con un subsidio federal total de 9.8 miles de millones pueda dedicar, si hacemos caso al citado anexo, 4.9 miles de millones a dicha función, lo que representaría más de la mitad de su presupuesto total. Una de dos, o hay errores en las cifras del anexo o una inadecuada reclasificación del gasto por funciones. Ojalá se aclare en algún momento.

Al ramo 38 del PEF, destinado al presupuesto para la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y subsidio de los centros de investigación que ahora coordina, se destina un total de 26.4 miles de millones, lo que significa un incremento de solo 2.5 por ciento en comparación con el recibido por el extinto Conahcyt en 2024. El aumento presupuestario, inferior a la previsión inflacionaria de este año, parece insuficiente para las responsabilidades de la nueva secretaría, que incluyen dar continuidad y mejorar los principales programas del Conahcyt antecesor al mismo tiempo que emprender nuevas estrategias para incidir favorablemente en el desarrollo del sistema nacional de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Es de esperarse que el nuevo equipo directivo encuentre soluciones a la evidente limitación financiera con la que arranca el organismo.

Más preocupante aún es el subsidio que se reporta para el conjunto de los centros públicos de investigación (CPI). Según el desglose ya publicado por Hacienda, los recursos fiscales para este conglomerado, integrado por 26 instituciones, ascenderán en 2025 a 6.9 miles de millones, lo que en comparación con 2024 representa un recorte de más de siete puntos porcentuales. Es grave.

También es preocupante que, sumado el presupuesto federal para la Secihti y los CPI, lo que equivale al total del ramo 38 del PEF, el incremento entre 2004 y 2025 (125.2 miles de millones) es de solo 0.38 por ciento, ya que dicho ramo pasó de 33.17 miles de millones a 33.29 miles de millones. Si se toma en cuenta el pronóstico de inflación para 2025, que se ubica en el rango entre 3.5 y 4.5 por ciento, el presupuesto fiscal para el ramo 38 se convierte en deficitario en prácticamente todos sus componentes. Así están las cosas.

Llama la atención que del conjunto de los centros públicos solo uno consigna un incremento del subsidio fiscal: el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (Fiderh), que va a recibir 103.5 miles de millones es año cuando, en 2024 le fueron asignados 99.7 miles de millones, es decir un incremento positivo de 3.85 por ciento, justo en el margen de inflación previsto. Cabe aclarar, sin embargo, que el Fiderh no desarrolla tareas de investigación o de docencia: es un fideicomiso, administrado por el Banco de México, cuyos recursos están destinados a fondear becas crédito para estudios de posgrado del país o en el extranjero. Además, el Fiderh genera recursos propios en una cantidad superior a la del subsidio proveniente del PEF, aproximadamente en una proporción de 2.5 pesos por cada peso recibido, gracias a los créditos recobrados, los intereses de estos y el manejo financiero del fideicomiso, instrumento, este último, con el que ya no cuentan los centros de investigación propiamente tales.

El recorte del subsidio federal para los CPI oscila entre seis y nueve puntos porcentuales. Dedicaremos la próxima columna a su análisis pormenorizado.