Roberto Rodríguez Gómez

Tras el inicio del proceso de descentralización educativa, que dio lugar a la Ley General de Educación de 1993, las legislaturas de los estados se dieron a la tarea de reformar o implantar normas de jurisdicción estatal para la gestión federalizada de sus respectivos sistemas educativos. En ese contexto, la Ley de Educación del Estado de Jalisco fue promulgada el 6 de septiembre de 1997, durante el mandato de Alberto Cárdenas Jiménez, gobernador panista en el periodo 1995-2001.

En su versión original, la ley aprobada (Decreto 16644 emitido por el Congreso del estado) señalaba en su artículo tercero que todos los habitantes del Estado de Jalisco tienen derecho a la educación pública en los términos que determinen las disposiciones generales aplicables y la obligación de hacer que sus hijos o pupilos menores de edad cursen la educación primaria y secundaria.

Tres años más tarde, aún en el periodo de Cárdenas Jiménez, la ley estatal de educación sufriría modificaciones importantes de fondo y forma, una de las más significativas la obligatoriedad de la enseñanza media superior. En efecto, el 19 de agosto de 1999 el entonces diputado (por el PRD) ante la LV Legislatura del Estado de Jalisco, Raúl Padilla López, antes rector de la Universidad de Guadalajara (1989-1995), presentó al Congreso del estado una iniciativa de ley que incluía la obligatoriedad de ese nivel de enseñanza bajo la siguiente justificación: Ampliar el acceso a la educación media superior y superior será el reto educativo más fuerte que enfrentaremos los próximos años, no sólo por el déficit de cobertura que ya existe, sino también por las presiones adicionales que ejercerán sobre estos niveles las nuevas generaciones de egresados.

La iniciativa del licenciado Padilla señalaba también que: En días pasados, el gobernador el Estado hizo suya la propuesta que nuestra fracción parlamentaria ha venido planteando en diversos foros y que fue compromiso de campaña de un servidor. Reconozco públicamente este gesto del gobernador, de adoptar una propuesta de la oposición y de sumarse a una iniciativa que será decisiva para nuestro desarrollo.

La reforma promovida por Padilla López ampliaba los derechos y obligaciones de escolaridad del artículo tercero de la ley estatal indicando que la educación primaria, secundaria y media superior tienen carácter obligatorio y gratuito. El primero de febrero de 2000, el gobernador Cárdenas remitió a la Legislatura del estado una iniciativa propia que coincidía a la letra con la formulada por Padilla en el punto de la obligatoriedad de la educación media superior. Por último, en marzo del mismo año, las comisiones de Estudios Legislativos, Puntos Constitucionales y Reglamentos y Educación Pública del Congreso estatal dictaminaron favorablemente la reforma y añadieron, mediante el decreto número 18280, la norma de obligatoriedad del bachillerato en la jurisdicción estatal. El 29 de abril de 2000 dicho decreto se publicó en el periódico oficial del estado de Jalisco.

En este proceso, ¿la iniciativa del Ejecutivo estatal, en manos del PAN, coincidió con una demanda educativa del PRD, o más bien el gobernador Cárdenas reconoció el peso político específico del ex rector de la Universidad de Guadalajara? Sin descartar del todo la primera hipótesis la convergencia política con ánimo de encontrar puntos de coincidencia con la oposición, vale la pena registrar que para la U de G la obligatoriedad del bachillerato representaba, en ese contexto, una invaluable oportunidad para hacer avanzar el proyecto de integración del Sistema de Educación Media Superior (SEMS).

En la actualidad, el SEMS de la Universidad de Guadalajara consta de 20 escuelas preparatorias metropolitanas, con tres módulos, así como 31 preparatorias regionales con 67 módulos, lo que significa un total de 117 mil 800 estudiantes. En 2007 el total de estudiantes de educación media superior en el estado ascendió a 222 mil 2 alumnos, lo que significa que la aportación del SEMS a la oferta estatal representa más de 50 por ciento en el total. Este conjunto de datos es elocuente acerca de la importancia del bachillerato en el proyecto de la U de G y es consistente con la hipótesis apuntada acerca del interés de la casa de estudios de promover la obligatoriedad de la educación media superior en Jalisco.

En octubre de 2003, el Congreso de Jalisco hizo llegar a la legislatura federal, a través del diputado estatal Guadalupe Madera Godoy, una iniciativa para reformar el artículo tercero constitucional con el fin de generalizar, en el ámbito nacional, la disposición aprobada en el estado. Este movimiento es perfectamente normal las legislaturas estatales suelen elevar al ámbito federal las reformas y disposiciones aprobadas en la jurisdicción local, pero sobra decir que el Congreso de la Unión hizo caso omiso del proyecto jalisciense.

En la actual legislatura federal, la iniciativa en favor de una educación media superior obligatoria y gratuita en todo el país ha sido impulsada, principalmente, por la presidencia de la Comisión de Educación Pública de la Cámara de Diputados, esto es, por el legislador también jalisciense, perredista y vinculado a la U de G, Tonatiuh Bravo Padilla.

Con estos elementos, no es irrelevante la cuestión: ¿hasta qué punto el actual proyecto de elevar la educación media al plano de la obligatoriedad tiene la impronta, política, de los antecedentes que hemos comentado?