Roberto Rodríguez Gómez

Este año, el tercero de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, comienza en medio de dos factores de incertidumbre. En primer lugar, la inminencia de una recesión económica en el país, cuya intensidad, efectos y duración son todavía impredecibles. En segundo, la renovación de la Cámara de Diputados, en la cual muy probablemente ocurrirá una recomposición del balance de fuerzas entre los partidos políticos representados en el Poder Legislativo, lo que a su vez marcará nuevas condiciones de gobernabilidad para la segunda mitad del actual sexenio. Tal contexto, puede anticiparse, tendrá repercusiones en la conducción general de la educación pública del país, así como, en particular, en el plano de las políticas sobre el sistema de educación superior en México.

Un tema de política educativa que, con seguridad, habrá de predominar en los próximos meses, por su necesaria intersección con las llamadas elecciones intermedias, es el de la Alianza por la Calidad de la Educación. Al día de hoy, la iniciativa SEP-SNTE si bien se mantiene como el eje central de las relaciones políticas entre la dirigencia magisterial y el gobierno federal, las cosas pueden cambiar a medida en que los conflictos que se han suscitado en varios estados con motivo de las políticas laborares asociadas a la Alianza se interpreten como un riesgo electoral concreto. Más aún en el también probable escenario en que, por razones de real politik, el SNTE comience a abandonar el barco panista si ello conviene a sus cálculos de poder.

A corto plazo las posibilidades de concretar la Alianza parecieran ubicarse en medio de la disyuntiva entre un esquema unificado en el ámbito nacional o bien una cierta diversidad de soluciones adecuadas a la realidad de cada región, incluso de cada entidad federativa. En esta configuración de alternativas el tema del federalismo educativo podría encontrar una nueva oportunidad de debate. En el plazo inmediato aparece la renovación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la cual puede consistir únicamente en un cambio de autoridades luego de la renuncia del anterior titular, Felipe Martínez Rizo, o bien implicar una nueva definición de funciones y tareas, más congruente con los objetivos y el perfil de la Alianza.

Si bien en educación básica la Alianza aparece como el tema políticamente dominante, no es el único asunto pendiente en la agenda. El objetivo de concretar la Reforma Integral de la Educación Básica, principalmente mediante la renovación curricular de la secundaria, debe cumplirse en éste y el próximo año. El tema tiene varias aristas, pero quizá basta recordar las reacciones que suscitó el proyecto de Reforma Integral de la Educación Secundaria (RIES), posteriormente transformado en Reforma de la Educación Secundaria (RES) a fines del sexenio pasado. ¿Se logrará en este periodo hacer realidad el propósito de un ciclo básico curricularmente articulado o se mantendrá en el plano de los retos y propósitos?

En el actual sexenio la educación media superior ha sido objeto de preocupación y de acciones que, más allá de los resultados alcanzados hasta el momento, han hecho patente el interés gubernamental de renovar este ciclo educativo. La Reforma Integral del Bachillerato está en curso y es probable que en los próximos años se alcance, cuando menos, la meta de contar con un esquema curricular centrado en competencias de aprendizaje. Con este proceso se intersecta la probable reforma de la Constitución en el sentido de convertir en obligatoria la enseñanza media superior.

Se recordará que la iniciativa ya fue aprobada en la Cámara de Diputados. De ocurrir lo mismo en el Senado y en la mayoría de los congresos estatales, la reforma deberá ser tomada en cuenta en los diseños de política pública sobre el bachillerato nacional. Es de esperarse que, de ser este el caso, el gobierno federal enfrente con seriedad, imaginación y creatividad el doble reto de renovar los contenidos de la enseñanza media superior y sentar bases sólidas para su afirmación como un servicio disponible a toda la población en edad de cursar estos estudios. En resumen, que la eventual obligatoriedad del bachillerato se convierta en un estímulo para intensificar la política de reforma y consolidación del ciclo.

En el ámbito de la educación superior hay varios programas en ejecución, la mayor parte de ellos son continuidad de las políticas sectoriales de los últimos dos sexenios. No obstante, una de la vertientes de renovación que pueden ser más significativas proviene de la posibilidad de renovar el modelo de universidades tecnológicas a partir de implantar en estas instituciones la opción al título de licenciatura. Aunque a estas alturas ésta es más una posibilidad que un proyecto en forma, ha trascendido la intención de las autoridades educativas de avanzar en esta dirección. De iniciarse esta renovación es de preverse un interesante debate sobre la identidad y orientación de estas instituciones y sobre la pertinencia de la medida. Ya veremos.

Por lo pronto, la gran pregunta: en un escenario de fuertes restricciones económicas, ¿habrá los recursos públicos suficientes para que los proyectos del régimen alcancen las metas y objetivos programados, o bien será necesaria una reconsideración de prioridades en función de la variable financiera? También lo veremos.